“Se trata de darle una internación ordenada a esta población con el objeto de que puedan ser asimilados y permanecer en territorio nacional en tanto resuelven su situación de vida”, explicó un funcionario federal respecto a la caravana migrante.
Pero no está clara su estadía en México, cómo lo van a hacer y cuál será la ruta. Lo ideal sería un plan, pero no lo hay, y si existe, se desconoce.
Por lo pronto, no se está haciendo nada para que Baja California en general, y Tijuana en lo particular, se prepare para la llegada de la caravana de migrantes principalmente centroamericanos.
Como si fuera novedad y se ignorara la dimensión de los conflictos sociales, los efectos negativos en términos materiales y económicos que se generaron en la entidad tras la atención desorganizada y tardía de entre 4 mil 500 y 6 mil 200 migrantes que arribaron en el éxodo del otoño pasado, el 25 de enero de 2019, a través de una tarjeta informativa, el Instituto Nacional de Migración reportó que a esa fecha, 10 mil 130 migrantes habían ingresado a México, procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Haití, Angola, Brasil, Cuba, Ecuador, en ese orden. Atendieron a más de 2 mil menores de edad que llegaron sin acompañamientos y, en el mismo periodo, entregaron 2 mil 222 visas humanitarias.
Son 10 mil migrantes que vienen del sur, y a esos hay que sumar los 4 mil 500 o 6 mil 200 -el Gobierno Federal y del Estado no se han puesto de acuerdo en la cifra oficial- centroamericanos que cruzaron a Estados Unidos entre noviembre de 2018 y enero de 2019, e iniciaron los trámites para su asilo, los cuales por decisión del gobierno norteamericano y aprobación del mexicano, serán regresados a nuestro país mientras esperan el resultado de su solicitud.
“El objetivo es atender, a través de los tres niveles de gobierno y como un solo equipo, a los movimientos migratorios y verificar observancia a sus derechos humanos”, declaró el 29 de enero el coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, en las instalaciones del albergue “Jesús Martínez Palillo” de Ciudad de México, donde recibieron a poco más de 2 mil migrantes que llegaron con sus visas humanitarias.
Pero si la todavía desconocida propuesta federal incluye a los gobiernos locales, evidentemente no se los han informado, porque el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum ya dijo que como sea, él no va a apoyar, y el gobernador Francisco Vega expuso que está en la mejor disposición de apoyar, aunque aún no sabe en qué.
Entonces los funcionarios federales ya manifestaron que el país recibirá a todos los migrantes de forma ordenada, pero no han elaborado o por lo menos dado a conocer cuáles serán las políticas públicas para responder de manera organizada a los efectos negativos de esta crisis humanitaria. Simplemente, no han mencionado qué sigue después del albergue en la Capital del país.
De manera extraoficial, porque no lo han anunciado y los funcionarios locales lo mencionan como un comentario escuchado de tercera mano y una remota posibilidad, se habla de una dispersión de los integrantes de la caravana en todo el país y en todas las ciudades fronterizas del norte.
El más claro fue el alcalde Gastélum, quien aseguró que el director de Protección Civil federal le dijo que el Gobierno de México “está creando cortinas de oportunidades en los estados por los que pasan los migrantes buscando que no sigan su camino al norte”.
Pero se ignora cómo lo van a hacer y qué porcentaje estarían interesados en permanecer en México, que si bien ofrece más empleos que en sus países, la mayoría son para mano de obra barata en el sector maquilador. Aunque se presume serían los menos.
“No hay ciudad que resista la llegada de 10 mil migrantes”, comentó un legislador. Y menos 15 mil, considerando los centroamericanos que están siendo retornados en espera de su asilo.
En el presupuesto federal no se asignaron recursos especiales para atender esta problemática específica. Al respecto, los legisladores de mayoría hablaron de la asignación de 200 millones de pesos adicionales que podrían canalizarse: 100 millones a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que lo destina a un programa de traslado de migrantes mexicanos, vivos y muertos; y 100 millones de pesos adicionales para la Secretaría de Bienestar, para un programa que asigna recursos a organizaciones civiles que atienden migrantes.
Sin embargo todo sigue en el aire, se ignora cuál es el plan y, si la dispersión de los migrantes no funciona, o si funciona a medias, o si los migrantes deciden no quedarse a trabajar en otros estados.
No hay un plan de lo que sucederá si el gobierno de Estados Unidos decide regresar a los centroamericanos por decenas, o si los que vienen del sur llegan por cientos.
Lo que existe en Baja California es incertidumbre, un vacío logístico que en algún momento deberá atender el Gobierno de México y sea subsidiando a organizaciones de la sociedad civil que atienden migrantes y ya no tienen cupo, o reabriendo el albergue federal que apenas cerraron el 29 de enero.
Por lo pronto, de acuerdo a un boletín oficial, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), doctor Tonatiuh Guillén López, a tres mil kilómetros de distancia en Ciudad de México, ha realizado algunas reuniones de trabajo respecto a estos flujos migratorios. Y el 30 de enero, la Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso local acordó invitarlo para que en breve venga a explicar las medidas preventivas para atender a la nueva caravana.
Porque, reiteramos, sería deseable, plausible y exigible que hubiera un plan, que se definiera un rumbo, y que de verdad los tres niveles de gobierno trabajaran en equipo para reducir los impactos negativos.
