Una de las primeras declaraciones emitidas por Bernardo Bátiz, en su búsqueda por convertirse en el primer fiscal general de la Nación, fue: “Mi amistad con AMLO no influiría en mi trabajo como fiscal”. Se refirió, por supuesto, a la sonada campaña iniciada en el sexenio anterior, cuando organizaciones de la sociedad civil pedían a los diputados cambios en las leyes para que el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no tuviese un “fiscal carnal”.
Al no promover el cambio del pase directo que indicaba que quien estuviera al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) pasaría en automático a ser titular de la Fiscalía General de la República (FGR) durante un periodo de nueve años, el objetivo del ex mandatario fue claro para muchos: prolongar la impunidad sobre las investigaciones relacionadas con sus colaboradores o contra él mismo. Y su intención era que su procurador, entonces Raúl Cervantes, se convirtiera en fiscal, de ahí el nacimiento del mote “fiscal carnal”.
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Finalmente Peña fue obligado, primero por las presiones de los organismos sociales y después por algún pacto con quienes estaban en campaña, a eliminar el pase automático y de hecho a posponer a elección del fiscal hasta que hubiese concluido su periodo y entonces fuese el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya juramentado como tal, quien incidiera en la elección del fiscal general de la República.
Ciertamente AMLO nunca aceptó en campaña haber estado de acuerdo en una fiscalía totalmente autónoma del Ejecutivo nacional. Pensaba, y acaso sigue pensándolo, que el Presidente debía tener inferencia en temas de la fiscalía, por el ejemplo, en el combate al narcotráfico y al crimen organizado, pues es responsabilidad del líder político de la nación, la seguridad, tranquilidad y paz de los ciudadanos.
Por tanto, no avanzó y, a pesar de las presiones de los organismos de la sociedad civil en conceder la anhelada autonomía, incluso en el proceso de selección del fiscal, mantuvo la inferencia directa de la oficina del Presidente al él seleccionar una terna entre los candidatos aprobados por el Senado de la República, para que de ahí elijan al titular de la FGR.
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A su estilo, una vez ganada la elección presidencial, López Obrador comenzó a dar luz sobre quiénes serían sus candidatos a fiscal general, sin importar que con ello pasara por encima del Poder Legislativo representado en la Cámara alta, desde donde se lanzaría la convocatoria, se harían las entrevistas y se enviarían los nombres al Presidente.
De los diez seleccionados por el Senado de la República, era un hecho que particularmente tres de ellos serían del agrado y del equipo de López Obrador: Bernardo Bátiz, quien de hecho fue su procurador cuando mantuvo el cargo de Jefe del Gobierno de la Ciudad de México; Alejandro Gertz, encargado de despacho en la PGR y ex secretario de Seguridad en la Capital del país en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y en el ámbito federal en el sexenio de Vicente Fox; además de Verónica de Gyves, una abogada formada en el Poder Judicial.
Al anuncio del jueves 17 de enero, de la terna propuesta por el Presidente López Obrador, de nueva cuenta se desató la andanada de quienes consideran que colocar a un amigo del Ejecutivo federal en ese cargo es caer en el “fiscal carnal”. Un amigo del Presidente en la FGR significa impunidad para él y sus colaboradores en investigaciones, especialmente en tratándose de corrupción.
No será el mismo actuar el de una persona alejada de la figura presidencial, con verdadera autonomía, más allá de presupuestaria y de accionar, de lazos de amistad, que el de alguien que sí los tiene. Por ejemplo, un fiscal independiente a AMLO no tendría por qué seguir la línea que el Presidente ha manejado en su discurso de otorgar una amnistía no escrita a los ex mandatarios, particularmente al anterior, Enrique Peña Nieto y sus colaboradores, señalados de hartos casos de corrupción documentados por organizaciones civiles y periodistas. Todos ellos gozando de impunidad, debido a la idea del Presidente de no perseguirlos y de iniciar un borrón y cuenta nueva en el combate a la impunidad.
Pero sin un fiscal que goce de autonomía y con una Fiscalía General de la República que con ello no ha transitado enteramente hacia su propia autonomía, el ejercicio del Estado de Derecho se ve, una vez más, mermado ante las ideas del Presidente al negarse a transformar la institución y elegir un fiscal que vaya más allá de los lazos de amistad, y tenga como perfil una independencia ciudadana, probada experiencia y calidad moral.
Es evidente por la terna enviada por AMLO al Senado, que el primer fiscal general de la República será carnal. Amigo suyo y, por tanto, seguidor de sus políticas más que responder como abogado de la Nación. Las apuestas están entre uno de dos, Alejandro Gertz o Bernardo Bátiz, ambos afines a la izquierda que primero desde el Partido de la Revolución Democrática y ahora por Movimiento Regeneración Nacional, y particularmente al Presidente de la República.
De hecho, de acuerdo a la integración de la FGR, dos son los cargos de mayor importancia; el fiscal, por supuesto, y el coordinador general. La presunción de muchos es que tanto Bátiz como Gertz quedarían en la institución, el primero como fiscal y el segundo como coordinador.
En esas condiciones, con la creación de la fiscalía, con las carencias en la autonomía, y una terna de amigos del mandatario para convertirse en el primer o la primera fiscal, está latente la preocupación de tener para los próximos años un fiscal del Presidente, en lugar de un fiscal de la República.
Otra vez.
