Sin dar cuenta de una investigación sobre las campañas negras en contra de regidores de oposición, acción a la que la instruyó el Cabildo del XXII Ayuntamiento de Tijuana, del que forma parte, la Síndico Procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde, rindió su segundo informe de labores.
Habló de vigilar las malas prácticas de servidores públicos, logrando remitir 30 informes “de presunta responsabilidad administrativa, así como de 14 determinaciones por no responsabilidad administrativa”.
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Desarrollado en la Casa de la Cultura de la colonia Altamira, la tarde de este martes 11 de diciembre, la fiscal municipal dio cuenta de su quehacer administrativo.
Su discurso lo inició ponderado un buen augurio para el nuevo gobierno federal.
Continuó con el tema de la Caravana Migrante, tema del que dijo que la capacidad del Ayuntamiento fue llevada al límite, sosteniendo que la acción desarrollada por las autoridades municipales en la atención a las personas que la integran, ha sido “en el marco de la Ley”.
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Aunque reiteró su compromiso de cumplir con su responsabilidad de hacer valer las leyes y reglamentos municipales a los servidores públicos, en su discurso no refirió investigación alguna sobre las agresiones anónimas en contra de sus compañeros de Cabildo, mucho menos se comprometió a investigar la irregular asignación de 2.6 millones para una empresa de publicidad en la que se implica Juan Manuel Gastélum Rivera, hijo del alcalde de Tijuana, presente en el informe de Guzmán Valverde.
