Periodistas, comerciantes y defensores de los derechos humanos están en la mira, sobre todo tras señalar a servidores públicos por presuntos actos de corrupción, sobre todo en Mulegé y Comondú. “Hay muchas personas a las cuales ellos les han pedido cantidades exuberantes de dinero para poder sacar a familiares o a personas presas, que en todos los casos que yo apoyo, porque le doy seriedad a la asociación mía, son gente inocente”, denunció en su momento la comerciante, Gemima Hernández, de la Asociación Sólo Por Ayudar
“Dos amenazas en mi contra, por supuesto que tenemos miedo, ya se dio aviso a la Procuraduría, el Procurador nos atendió y se comprometió a darle seguimiento, pero ahora tenemos miedo porque ya dejó la institución, pero sigue con los contactos con Policías y Fuerzas Armadas. Tememos por nuestras vidas y en Mulegé la ley no sirve, ellos mandan”, expresó un testigo protegido, avalado por la carpeta de investigación LPZ/6393/2018/NUC recién abierta en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Fotos: Antonio de Jesús Cervantes G.- Existen dos carpetas de investigación en poder de ZETA, además se sabe que se aperturaron dos más en contra de servidores públicos en procuración
Consejos Ciudadanos comprometidos con los que están en indefensión de los derechos humanos, también están bajo amenaza de servidores públicos en algunas regiones de la entidad.
Todo inició en diciembre del 2016, cuando comerciantes de Guerrero Negro, en Mulegé, acudieron al Palacio de Gobierno en La Paz para manifestarse en contra de servidores públicos corruptos, los cuales ya habían amenazado a asociaciones civiles como Sólo por ayudar, esto debido a que “se entrometen en asuntos que no les importa”.
La denuncia fue acogida por ZETA en su momento, cuando señalaron al Ministerio Público Rogelio Gámez, por parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado a Ariana Osuna López, Además del Comandante de la Policía Ministerial, Rodrigo Villagómez.
“Las primeras denuncias fueron en contra de la Procuraduría del Estado, ya que en el municipio de Mulegé, hablando de Guerrero Negro, encontramos autoridades corruptas. Las podemos señalar como corruptas porque hay muchas personas a las cuales ellos les han pedido cantidades exuberantes de dinero para poder sacar a familiares o personas presas, que en todos los casos que yo apoyo, porque le doy seriedad a la asociación mía, son gente inocente”, denunció en su momento la comerciante, Gemima Hernández, de la Asociación Sólo Por Ayudar.
Aseguraron la Policía Ministerial con el fin de cerrar carpetas de investigación, detienen e inculpan a inocentes, los cuales torturan y maltratan psicológicamente para obligarlos a confesar los delitos.
“Con el fin de presentar trabajo la Ministerial agarra a cualquiera, al cabo que éste tiene antecedentes. Al cabo que la gente piensa mal de él, vamos a decir que este es culpable, aunque en realidad no tengan los elementos para comprobar sus delitos. De hecho a las pruebas que presentan no sustentan el delito, por eso la mayoría de la gente cuando son bien defendidos salen libres”, alzó la voz José Manuel Sandoval.
A la red de corrupción que impera y manda en Mulegé, participan también los defensores de oficio, quienes trabajan para encarcelar a inocentes tras una mala defensa que no necesariamente demuestra culpabilidad de un delito.
“Lo malo es que toda esa gente que cae en manos de esa gente, los defensores de oficio son condenados, nunca salen libres, yo creo que eso no es justo, es una violación a los derechos, es una forma de engañar a la gente”, finalizó José Manuel.
La denuncia se hizo llegar en diciembre del 2016, cuando aún era procurador Erasmo Palemón Alamilla Villeda, quien hizo caso omiso, pues entre sus protegidas se encontraba involucrada la entonces la encargada de despacho de la Subprocuradora de Atención al Menor y la Mujer (SAMM) en Mulegé, también fungió como encargada de despacho de la Subprocuraduría Regional Zona Norte.
Fátima Pacheco Beltrán fue Ministerio Público, y como ex Fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la zona norte tuvo un roce muy cercano con habitantes y defensores de derechos humanos en Guerrero Negro, Santa Rosalía y Mulegé Pueblo.
“Pinche vieja de tu puta madre ya sabeslo que lescpasan alas mitoteras pendega sabemos que fuistecah desir arriba te estamos vijilando verga cabroncitavperra cuidate y bagale”, fue uno de los mensajes que llegó a la denunciante.
Una de las cartas que hicieron llegar organismos de protección de derechos humanos al procurador de Justicia en el estado, denunciando el modus operandi de la red decorrupción en Mulegé
Los ciudadanos tuvieron que soportar una vida de lujos y excesos de servidores públicos, los cuales se “sienten amos y señores de Mulegé”, en su carácter de “inamovible”, Fátima Pacheco Beltrán abusó de su poder en la PGJE y manejó a su antojo a ciudadanos que recurrieron a denuncias. Además, según los testimonios recabados por ZETA, “fabricó culpables y arrasó con todo el que se interpusiera, aunque fuéramos nosotros que ayudamos a la gente que es víctima del sistema tan corrupto de Mulegé”, dijo la fuente protegida.
Para poder dar seguimiento al caso, las víctimas accedieron a dar información, pero pidieron ser protegidas, ya que a la fecha siguen recibiendo amenazas, más aún, cuando en semanas atrás fueron recibidas por el Procurador General de Justicia en el Estado Daniel de la Rosa Anaya e impusieron una nueva denuncia.
RED DE SERVIDORES PÚBLICOS CORRUPTOS
Entre las denuncias recibidas, están la de dos jóvenes que enviaron una carta dirigida a Daniel de la Rosa Anaya, en ella exhiben a Fátima Pacheco Beltrán, ex Fiscal y Ministerio Público de la Zona Norte. Las afectadas exponen en la carta enviada el 3 de julio del 2018 que “acudimos a una fiesta del Puente de Santa Rosalía, fue cuando la Lic. Fátima del MP venía en compañía de un judicial, él invitó a mi amiga a bailar y la Lic. Fátima se fue enojada”, afirma la carta.
Las afectadas pensaron que ahí terminaba todo: en una mala experiencia, pero a la siguiente fueron levantadas por Ministeriales. “Llevan el carro y lo abandonan en una playa sola conocida como El Morro, en la oficina que nos llevaron de la Ministerial nos decían que nos pondrían droga y nos desaparecerían y que nadie iba a saber. Después de un rato nos dejaron ir, pero que si hablábamos nos iban a hacer algo, y enseguida uno de los oficiales de acerca y dice, este es un mensajito de la Licenciada Fátima para que respeten a los amigos con los que ella sale”, dice la declaración.
La otra denuncia la hace la señora Marcela Romero Villa el 18 de junio de este año, en ella manifiesta que “tengo a mi hijo desaparecido desde el 5 de mayo del 2018, él fue detenido por Policías Ministeriales, lo soltaron y después lo volvieron a agarrar, eran varios, y quiero manifestar que él sólo reconoció a la Lic. Fátima, y ya de ahí no he tenido razón de él”, dijo la víctima.
Ambas acusaciones están en manos de la PGJE, desde siempre. Habitantes han revelado que hay corrupción, pero lo que es peor, Fátima Pacheco Beltrán, ahora ex servidora pública, manejaba una red de corrupción donde involucra a un amplio número de funcionarios de Mulegé.
“Siempre hemos sabido que esa mujer y su gente levantaban gente y la desaparecían, ese es un secreto a voces, todos saben cómo se movía”, expuso uno de los miembros de la agrupación de defensa de los derechos humanos.
El temor de los ciudadanos es evidente, y así lo expresaron ante la autoridad en procuración de justicia en Baja California Sur, una medida fue rotar al personal. De acuerdo a los adelantos que emitió la PGJE, se pudo confirmar que Fátima Pacheco Beltrán abandonó la institución.
“Hay servidores públicos que, una vez que se recibieron las denuncias a principios de julio, actuamos conforme a derecho y al tener una duda razonable y constante denuncia de ciudadanía anónima y de agrupaciones, lo que hicimos fue remover a ciertos miembros de la institución, en ese inter de cambio, hubo renuncias”, expresó Daniel de la Rosa Anaya, Procurador General de Baja California Sur.
El Consejo Ciudadano confirmó, la ex Fiscal fue removida de Mulegé y fue reasignada al municipio de Los Cabos, sin embargo, el 30 de julio presentó su renuncia a la institución.
“Su salida concuerda justamente con los hechos que ahora denunciamos y que tememos por nuestras vidas, por el simple hecho de defender a la gente que lo necesita, y sobre todo que estábamos tocando sus intereses, pues a partir de su salida regresaron las amenazas a partir del 4 de agosto”, confesó a ZETA una de los denunciantes.
Entre los elementos involucrados en la red de corrupción también se encuentran los agentes de investigación Aron Ramírez y Chávez Peñaloza, el primero removido a Cabo San Lucas en el municipio de Los Cabos y Chávez fue a La Toba en el municipio de Comondú, como parte de las acciones para proteger a los activistas muleginos.
“Estamos investigando a cada uno de los involucrados, estén o no aún en la línea de la Procuraduría, porque no sólo se trata de las amenazas, sino poder comprobar lo que la misma población está denunciando. Si hay una red de corrupción habrá de desarticularse y sobre todo cómo se encuentran las oficinas a su salida. Tenemos también conocimiento de personas que se presumen inocentes, todo eso estamos revisando y que la ciudadanía confíe en lo que se estará haciendo”, puntualizó De la Rosa Anaya.
Daniel de la Rosa Anaya, procurador de justicia en BCS informó que se aperturaron carpetas de investigación
En el periodo en que fuera nombrada como encargada de las Subprocuradurías del SAMM y Regional Zona Norte, Fátima Pacheco triplicó sus números, pero no para bien, cifras como narcomenudeo, robo a casa habitación, lesiones, violencia familiar sobrepasaron los históricos de la comunidad.
La revisión y comparación del periodo en que estuvo al frente de la institución como encargada, las cifras subieron, lo que indica que impunemente la red de corrupción conformada provocó un repunte en los delitos, tuvieron que pasar Gamil Arreola Leal, Adonai Carreón Estrada y Erasmo Palemón Alamilla Villada, tres procuradores para que pudiera ser detectada dicha red de corrupción.
Entre las pruebas entregadas a la PGJE, se encuentra una conversación grabada entre servidores públicos de la Procuraduría en Regional Zona Norte, incluidos agentes militares, parte de la conversación que fue entregada:
Voz de mujer: Estoy desesperada comprendes.
Voz de hombre: Claro mi amor, pero así no resolvemos nada.
Voz de mujer: Si amor tienes razón, pero esa pinche vieja nos está dando en la puta madre. Así como vamos nos van a dar a todos en la pinche madre, chíngala ya culón, no podemos esperar, (se corta grabación) qué pedo contigo.
Voz de hombre: Nada, yo entiendo, pero no es suficiente, ocupo más. Dile al Lic. de Mulegé (pueblo) que te envíe los demás, tú sabes hacerlo bien.
Voz de mujer: (risa) como lo hice contigo puto, mmm (risa). De verdad nos van a dar en la madre a todos y los del COE de Norte que pedo ahí, si hay pedo, grande, y nos vamos todos a la verga.
Dicha red de corrupción y las amenazas a miembros de las asociaciones civiles quedó evidenciada en otra conversación grabada:
Voz de mujer: Tengo mucho miedo con los cambios de todo, aquel cuate que está en La Paz, preso, te juro va a hablar todo, y nos van a partir en la madre a todos (silencio).
Voz de hombre: Ni madres, que antes de que pase eso, lo sacamos y tiramos donde están enterrados los demás. Hay que ver eso con el Comandante, tú tranquila.
Voz de mujer: Que fácil para ti todo, pero ya no tengo todo el apoyo.
Voz de hombre: Pendeja ya, ya chingados, cálmate.
La conversación que ahora ya está en poder de las autoridades, supuestamente es entre la ex Fiscal de Mulegé y su amante, que al parecer aún es servidor público, hablan de miembros y esposas de activistas defensores de derechos humanos y personas vulnerables.
Cabe mencionar que además de la PGJE, las asociaciones civiles se acercaron a organismos estatales y nacionales, quienes revisan el tema.
EN MULEGÉ LA LEY ESTÁ TORCIDA
Por lo menos 12 internos que residen en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, han pedido a sus familias que intercedan por ellos, aseguran que no cometieron los delitos por los que los han inculpado, pero ir contra el sistema de justicia es jugarse la vida, pues los mismos que hacen valer la justicia, son quienes ejecutan y dan sentencia.
Habitantes recurrieron a ZETA para alzar la voz y decir que “en Mulegé la ley está torcida, pero más torcidos los servidores públicos, son la ley, los malandros y quienes toman las decisiones”, expuso el demandante.
Los ciudadanos que pidieron ayuda, aseguran que son “chivos expiatorios”, presos del sistema y “servidores públicos” que buscan quedar bien a costa de inocentes, pero también hay dos o tres testigos en la denuncia que están inculpados pero lograron escabullirse. Consideran que si se dejan detener, por todo lo que saben, es muy probable que no la vuelvan a contar, y podrían terminar, no tras las rejas, sino muertos.
“Me encontraba en el Juzgado de Guerrero Negro con el fin de tratar un asunto con la Juez, eran aproximadamente las 10 horas cuando ella me dijo muy preocupada, que de verdad me apreciaba mucho, que ella no quería problemas, pero que el Licenciado Gámez había estado un día antes y le dijo: mira Lic. tú que te la llevas bien con ‘víctima’, dile que ya no me esté chingando tanto, que hasta Los Cabos se escuchó en la radio que yo era corrupto. Ella no me conoce, y dile que no sabe de lo que soy capaz de hacer, que se espere a que salga de la Procuraduría y ahí nos vemos”, mandó su amenaza con otro servidor público el Ministerio Público, Rogelio Gámez, un miembro más de la red de corrupción de la PGJE.
Rogelio Gámez se desempeñaba como Agente del Ministerio Público en la Región Zona Norte del estado, tras la denuncia supuestamente sería removido y así fue dicho a las víctimas denunciantes, situación contraria a los hechos, mismo que fue comprobado el 27 de junio del 2018, pues pese a las quejas en su contra por corrupción, regresó.
Fátima Pacheco Beltrán (der), ex Ministerio Público en Zona Norte, Adonai Carreón Estrada (izq), ex procurador, nunca detectaron la red de corrupción que mantenía en Mulegé
Ese día (27 de junio), la víctima de amenazas increpó de nueva cuenta al Ministerio Público, lo que manifestó que nuevamente la amenazó, pero en esta ocasión, la persona afectada le indicó que con la llegada de Daniel de la Rosa Anaya, como Procurador General de Justicia del Estado la corrupción de servidores públicos en la zona norte terminaría.
La víctima relató que hubo una nueva amenaza: “Es un pinche corrupto igual que todos, yo por eso me voy a la chingada de todo este pedo de Procuraduría, pero tú y yo, vas a ver, nos vamos a ver”, declaró.
Ahí no concluyó el caso, días después, bajo el cobijo de la corrupción que impera en la zona norte de Baja California Sur, las amenazas subieron de tono.
En una llamada con el Ministerio Público, el Licenciado Gámez, la cual se llevó a cabo el viernes 29 de junio del 2018 a las 13 horas, en su declaración, la víctima manifestó que en la conversación el denunciado le preguntó “dónde estás ahorita”, lo que llenó de temor a la víctima “por lo coludidos que están los elementos”, dijo, “que elementos de la Procuraduría de Guerrero Negro y Santa Rosalía en Mulegé levantan gente y a veces desaparecen”, en esa ocasión, le acompañaba una trabajadora social del DIF, misma que escuchó la conversación.
En el expediente se puede leer la opinión de un tercero, acompañante de la trabajadora social:
“Yo tengo mucho miedo señora, ellos levantan gente y usted lo sabe, no le hubiera dicho dónde estábamos, esa fue una amenaza”, refiere a la trabajadora social.
La justicia la han hecho valer a su antojo servidores públicos, abusando de la insignia han imputado denuncias infundadas a familiares, amigos, miembros del grupo de defensa de derechos humanos. Han destrozado pertenencias al entrar a viviendas, supuestamente con órdenes de carro, donde sólo destruyen y no encuentran nada.
Defensores de derechos humanos en Baja California Sur y principalmente en Mulegé, hacen constar que si ocurre algo a cualquiera de los integrantes de asociaciones, familias y cercanos es responsabilidad de Rogelio Gámez, un Ministerio Público que al parecer pone a su orden los recursos públicos.
El expediente quedó establecido el 5 de julio del 2018, bajo el número LPZ/5405/2018/NUC, denuncia interpuesta ante el Procurador General de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Anaya en La Paz a las 13 horas y 12 minutos, ante la Unidad de Investigación la Subprocuraduría de Justicia Alternativa.
WALTER CONTRA LOS “MEDIOS”
Quien se ha mostrado intolerante a las críticas ha sido el Alcalde de Comondú, Walter Valenzuela, el cual ha sido “atacado” en redes sociales por exhibir su sueldo mensual de 68 mil pesos. Su reacción fue determinante, pues ha declarado una guerra a ciudadanos que utilizan las redes sociales para exhibir denuncias ciudadanas o el quehacer de servidores públicos.
“Rubén muñoz gana 34 mil pesos, y un servidor gana exactamente lo mismo, es sueldo quincenal. Si ustedes supieran el gran trabajo que hace uno cuando visita las colonias, cuando visitan las localidades, lo ejidos, es mucha necesidad y muchas veces tenemos que solventarlo de manera económica. Se nos ha criticado gravemente por los medios de comunicación (redes sociales), yo siento que es una gran irresponsabilidad dar una información que no les consta, toman fotos de la administración anterior y las toman como propias, no les hemos dado un sólo talón de cheque a nadie”, retó Walter Valenzuela.
Señaló que hay personas, que supuestamente se escudan como medios en redes sociales que han criticado su administración, por ello deben pagar sanciones civiles, aunque en México no existan lineamientos para sancionar a un usuario de redes sociales por hacer uso de su libertad de expresión.
El alcalde comundeño dijo que la ley debe estar a favor de los Gobiernos antes que los ciudadanos, aunque la Libertad de Expresión sea un derecho irrefutable.
La intolerancia del palacio municipal en Ciudad Constitución ha tornado a declarar la guerra a todo ciudadano, usuario de redes sociales o crítico que no comente a favor, será denunciado.
“Es una estrategia para desacreditar nuestro gobierno y no se vale, yo en algún momento lo comenté en el Congreso del Estado en una reunión, que si los medios (redes sociales) dan información falsa deben tener una responsabilidad civil, y deben pagar por ese descrédito que se nos genera a nosotros. Y estamos nosotros en esa situación con los abogados, para ver la posibilidad de que se si se entrega una información falsa tengan una responsabilidad civil. ¿Los va a denunciar legalmente? Sí, legalmente y por medio del Congreso del Estado, se tiene que legislar en favor de los Gobiernos”, reiteró el Alcalde.
Invitó a los pobladores a no creer en las redes sociales, a estar despreocupados de lo que ahí se diga, aunque eso lo retenga para cumplir con su obligación, por ello reconoce que le cuesta mucho hacer su trabajo.
Y aunque parezca un chiste, Walter Valenzuela, alcalde de Comondú va por quien hostigue o presione por la vía de Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin, Snapchat y quizá hasta Pinterest, quizá proponga al Congreso Local, “que si alguien lo critica en una plática privada a través de Whatsapp y deba pagar una sanción”, dijo un usuario de redes sociales.
“Estamos trabajando casa por casa, que es la mejor información, que no se crean de las redes sociales que está buscando convenir con el Gobierno, que quieren trabajar que se quieren aprovechar de la vulnerabilidad del Gobierno que va iniciando tratando de hacer negociaciones turbias, es una forma de hostigamiento, es una forma de presión para los Gobiernos el estar golpeando en las redes sociales”, lanzó Walter Valenzuela.
Más preocupado por las redes sociales y lo que le cuesta hacer su trabajo, que mejorar las condiciones para los comerciantes que son víctimas constantemente de robo simple y con violencia en los negocios, es como se ha mostrado la intolerancia del alcalde comundeño, con una guerra declarada.
EJEMPLO DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS
El pasado 20 de noviembre del 2017, Silvestre de la Toba Camacho, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y su hijo, Fernando de la Toba Lucero, fueron privados de la vida por un comando armado en el municipio de La Paz, su esposa e hija resultaron gravemente lesionadas por disparos de arma de fuego.
Ministerios Públicos, Subprocuradores, Comandantes, elementos de la Policía Ministerial y Militares conforman la red de corrupción que ha reinado en Mulegé
Ese día cambió por completo la historia de Baja California Sur y en México entero, el primer ombudsman en todo el país había sido privado de la vida, lo que incrementó el nivel de violencia en la entidad.
Omar González Murillo alias “El Osmar”, “El Pelosnacas” y/o “El Pelonchas” fue detenido y vinculado a proceso como presunto autor material del atentado contra la familia De la Toba Lucero, el cual fue sentenciado a más de 100 años de prisión. Además, Misael “N” alias “El Misa”, quien perdiera la vida el pasado 27 de diciembre del 2017 en el municipio de Comondú, como conductor del vehículos, sin embargo, las investigaciones siguen abiertas, ya que pudieron participar hasta seis personas en el evento.
Este 20 de noviembre, se conmemoró el primer aniversario luctuoso de Silvestre de la Toba Camacho, el ombudsman sudcaliforniano, autoridades de procuración de justicia confirmaron que el atentado fue asestado por miembros de la célula de “Los Guzmanes”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.
“Un momento muy difícil, muy difícil para la propia comisión, para la familia, pues toda vez que, pues es un primer año luctuoso, y bueno, los hechos fueron muy lamentables. La situación como nos tocó enfrentarlo y vivirlo, un acontecimiento jamás sucedido, y que bueno, pues que causó un tema que estremeció a la toda la república mexicana”, dijo Lizeth Collins, quien se nombró encargada de despacho de la Presidencia de la CEDH tras la muerte de Silvestre.
El ataque a un Presidente de la Comisión Estatal de la Derechos Humanos sería el primero en su tipo en el país, pero además, incluía a su hijo que perdió la vida, así como su esposa e hija que resultaron lesionadas, el delito fue homicidio y homicidio en grado de tentativa, de momento hay un responsable tras las rejas y uno más sin vida.
“Una vez que sucede todo esto, nosotros, pues el personal, se encontraba muy consternado, la situación no era para menos, pues nos habían matado a nuestro Presidente, y bueno, pues el ataque a su familia, que sin duda, pues es uno de los acontecimientos más duros, que en lo personal, me ha tocado vivir, y sí, la comisión pues después de todo esto estaba en una situación muy muy compleja”, mencionó Collins.
Baja California Sur estuvo en el ojo del huracán a nivel nacional e internacional con el atentado a la familia De la Toba Lucero, sus familiares al día de hoy lo siguen recordando con mucho dolor, su esposa e hija estuvieron presentes en el homenaje luctuoso, acariciaron sus fotografías como si aún estuvieran en vida, una pérdida muy difícil de aceptar y comprender, comentó personal de la CEDH.
“Inmediatamente hubo reacciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de los organismos estatales defensores de derechos humanos, de la prensa nacional e internacional, respecto con lo que había sucedido con este acontecimiento, que sin duda jamás había sucedido y que nosotros nunca hubiéramos pensado que nos podía llegar a suceder a la Comisión Estatal”, recordó Lizeth Collins.
La familia les recuerda con tristeza los momentos que pasaron juntos, su esposa pasó a sus tumbas, donde puso algo de música y dedicó unas palabras en privado, un profundo dolor la familia y amigos le recuerdan, pues Silvestre de la Toba Camacho fue un padre y esposo ejemplar, además de uno de los mejores ombudsman que Baja California Sur ha tenido por su dedicación en atender las violaciones a los ciudadanos, el personal mismo de la institución lo reconoce y recuerda.
