Reiteradamente el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado respecto a los programas de salud en México: “el Seguro Popular ni es seguro, ni es popular”. “Es una simulación: vas a los centros de salud y no hay medicinas y éstas las compran más caras. Hay una falta de atención a la salud de los mexicanos”. Por su parte, el futuro Secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer, matizando, anunció que no va a desaparecer el Seguro Popular, pero que sí le va a hacer ajustes. Cambios que esperemos no sean sólo de nombre, como ha ocurrido tradicionalmente con los programas sociales.
El Seguro Popular nació en la administración de Vicente Fox y, a 14 años de distancia, ha logrado afiliar a 54 millones de mexicanos. Desde su nacimiento se criticó dicho esquema social, porque fue articulado sobre una estructura vieja que ya se tenía con los hospitales e institutos de salud estatales y federales de la Secretaría de Salud. Estos de por sí ya saturados y con carencia de medios, que daban atención a las personas que no estaban en un empleo formal, como en el IMSS o en el ISSSTE. Sólo se le puso un nombre nuevo: Seguro Popular.
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Aun así, lo cierto es que este Sistema de Protección Social en Salud, ha beneficiado, aunque no de una manera equitativa e igualitaria, a millones de pacientes, quienes antes tenían que pagar su consulta y comprar sus medicinas. En Baja California, se tiene un padrón de 1 millón 52 mil afiliados y por la prensa estatal, nos enteramos de que continuamente realizan campañas de afiliación en diferentes poblaciones del estado.
Esto viene a contrastar con la investigación: “Irregularidades financieras del Seguro Popular en los gobiernos estatales”, que realizaron las ONG´S: Impunidad Cero y Justicia Justa, A.C., en la cual, evidenciaron que “hay señales claras producidas por los informes de la Auditoría Superior de la Federación, en donde el dinero se lo han robado de manera descarada”.
En dicha investigación, resaltan las irregularidades en el manejo de los recursos del Seguro Popular, que ascienden a 3 mil 027 millones de pesos en únicamente cinco estados del país; aunque al menos 28 entidades presentan irregularidades en estos fondos, dentro de ellos se encuentra Baja California.
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La Auditoría Superior de la Federación auditó en 2016 la aplicación de recursos del Seguro Popular por el gobierno del estado de Baja California, en donde se observa un manejo irregular de por lo menos 155.5 millones de pesos y estas inconsistencias, entre otras, consistieron en:
a) La entidad transfirió recursos del Seguro Popular a otra cuenta bancaria del ejecutor y no proporcionó documentación que acredite su destino ni su aplicación a los fines del programa.
b) La entidad dejó de aplicar recursos correspondientes al seguro popular.
c) La entidad devengó cheques cancelados de personal que causó baja y que no fueron reintegrados a la cuenta bancaria específica del fondo.
d) La entidad no presentó documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al pago de medicamento adquirido.
e) La entidad no presentó documentación comprobatoria y justificativa de recursos de la Cuenta Social y Aportación Solidaria Federal 2016, destinados para el pago de gasto operativo de las unidades médicas.
Además de estas irregularidades, se han identificado transferencias a otros fondos y cuentas. Por ejemplo, a las secretarías de finanzas del estado, recursos no transferidos a los servicios de salud, pagos sin documentaciones comprobatorias, pagos de impuestos estatales, pagos de facturas de otros ejercicios, diferencias entre saldos bancarios y contables, pago a personal que no se encontró en el centro de trabajo, pago a personal sin contrato, pago a personal sin centro de adscripción, pago de medicinas con sobreprecio o sin estar en causas, pagos que rebasan los límites autorizados y pagos a trabajadores comisionados al sindicato.
Yo creo que el titular del del Régimen de Protección Social en Salud de Baja California, debe estar un poco preocupado por los resultados que arroja dicho estudio, ya que tal parece que el modelo actual, favorece la impunidad, pues su diversidad de fuentes de financiamiento fomenta la opacidad en la aplicación de las mismas. El constante desvío coordinado de recursos destinados a la salud por parte del estado, diluye el acceso a la información en relación con la imposición de sanciones penales y administrativas y favorece la discrecionalidad en su imposición, en deterioro del Estado de derecho, el derecho a la vida y a la salud, el derecho a la progresividad en la salud y los principios de una buena y eficiente administración.
Dr. Álvaro de Lachica y Bonilla
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
Correo: andale941@gmail.com
