Entre las grandes bondades de la Reforma Constitucional Anticorrupción surgida en mayo de 2015 a nivel nacional, destaca la de dotar autonomía financiera al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual será parte fundamental para sancionar a funcionarios y empresas que cometan actos fuera de la Ley.
Que el mentado tribunal no dependa presupuestalmente del Presidente o de otro poder, se convierte en un elemento indispensable, pues le da libertad en su ejercicio, particularmente para sancionar actos de corrupción. De lo contrario, tal como siempre funciona, los presupuestos se regatean, se obstruyen o se liberan a razón del interés político.
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Es fácil entender: la “autonomía presupuestal” es justamente parta evitar la presión del Presidente de la República o del gobernador en el caso de los estados, ante el tribunal que va revisar y sancionar los actos administrativos de corrupción.
En Baja California, en las mesas redactoras de la Ley, el espíritu de la autonomía presupuestal sobrevivió gracias a la presión de grupos de la sociedad que estuvieron presentes, así que en las leyes que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el reciente creado Tribunal Estatal de Justicia Administrativa goza de esa virtud.
Por si algún diputado no le entiende al tema, aquí se les deja parte del Artículo 55 de la Constitución de Baja California, posterior a la reforma de 2017: “El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa tendrá el carácter de órgano constitucional autónomo, y contará con plena autonomía jurisdiccional, administrativa, financiera y presupuestal e independencia en sus decisiones para el dictado de sus fallos”.
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El jueves 13 de septiembre, Iraís Vázquez, diputada panista que se ha distinguido por su sumisión absoluta al Gobierno del Estado, presentó en la Cámara una iniciativa de Ley, una especie de contrarreforma para eliminar de la Constitución la autonomía del tribunal que dentro de su estructura tendrá la Sala Anticorrupción. Es decir, que sus presupuestos, sus finanzas y sus ampliaciones, sean palomeados por el gobernador, por medio de la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Foto: Archivo
Para todos los interesados en la construcción del SEA es muy clara la intención del gobernador Francisco Vega por medio de su diputada: restringir las facultades del tribunal que vigilará, sancionará y pedirá cuentas a cada uno de sus actos.
Por un gobernador de cinco años. Es por todos conocido que el próximo gobernador de Baja California, a elegirse en 2019, ocupará el cargo por un periodo de dos años en lugar de seis, como constitucionalmente se establece. Lo anterior con el fin de empatar las votaciones estatales con las organizadas a nivel nacional en 2021. Algunos actores políticos, abogados y partidos, comienzan a pensar si es conveniente eliminar el artículo transitorio del “gobernador de dos” que incluye la Reforma Política y hacerlo de cinco años. Quienes consideran esta idea, la cual se está dispersando en los cubículos del Congreso, creen que una elección más implica perder un año en política electorera. El problema es que hacer el cambio empataría la elección de gobernador de Baja California con la de Presidente de la República, escenario que ponderaría la campaña nacional por encima de la local, como se vio el 1 de julio de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador se alzó en 31 de 32 estados de la República e hizo ganar a candidatos a alcaldes, diputados locales, gobernadores, diputados federales y senadores. De hecho, la gubernatura por dos años se pensó así para evitar que el candidato a la Presidencia de la República arrastre con todo. Por eso empataron la elección de gobernador del Estado con las intermedias federales, donde únicamente se eligen diputados federales. Dicen quienes saben que una vez iniciado el proceso electoral, no se pueden reformar temas electorales, como es el caso, pero los ansiosos de tener una gubernatura de cinco y no de dos años, buscarán una reforma constitucional, no electoral. Habrá esperar…
