Política Breve y de Emergencia
El gobernador “Kiko” Vega terminó el quinto año de su gobierno, y como marca la Constitución, entregó su informe al Congreso del Estado para documentar el estado que guarda la administración a su cargo y en qué condiciones se hallan las finanzas públicas y los bienes del erario, encargados a su custodia por mandato de Ley.
Esto que se dice relativamente fácil, “entregar su informe”, implica una profundidad jurídico-administrativa similar a la obligación de un director general de empresa privada al rendir el estado de resultados del año de trabajo al grupo de accionistas; en el período comprendido, se debe hacer y justificar documentalmente una explicación suficiente del resultado de la administración. Cuáles fueron los ingresos, cómo se decidió gastar el presupuesto, en qué o en cuanto creció el patrimonio (bienes), con qué calidad y en qué cantidad se atendió al público (ciudadanos) y si en el resultado (pérdidas y ganancias) hay una evaluación o calificación aprobatoria de parte de los accionistas (ciudadanos).
Pero en Baja California, gracias a los mal interpretados reclamos sociales, no existe una obligación de parte del director general o propiamente dicho gobernador del Estado, de acudir y dar la cara ante los ciudadanos o sus representantes, que en el caso son los diputados locales, para explicar puntualmente cómo marcha la administración pública y el resultado de evaluación del año fiscal transcurrido. Es decir, cómo nos fue a los bajacalifornianos y nuestro patrimonio en el quinto año de responsabilidad bajo la conducción de “Kiko” Vega.
Por eso, y claro que con cierta razón, el equipo de gobierno organiza eventos en los diferentes municipios, donde se suple la rigurosa obligación de rendir cuentas puntuales, por discursos sueltos de alabanzas en boca propia que intentan destacar los muy escasos resultados positivos en las áreas menos sustantivas de la función de gobernar y obtener acaso, el mantenimiento clientelar de los ciudadanos directamente beneficiados, que los hay, aunque cada vez menos.
Así, en la retórica informativa el gobernador, promueve ampliamente las cifras de generación de empleos (Inegi: 5.9% en 2013, ahora 2.4% tasa de desocupación) y la llegada de inversión extranjera a la entidad (del 13 al sexto lugar nacional), se “ha reducido la pobreza”, celebra con alegría (Coneval; segundo Estado con menos pobreza extrema; tercero con menos pobreza).
Sin embargo y como no está obligado a hacerlo, no informa el crecimiento o decremento del PIB y de qué manera su gestión se vio involucrada; tampoco informa cuál fue el resultado en el bienestar general de los ciudadanos al aplicar 53 mil millones de pesos en el gasto público de 2017; no hay datos que justifiquen el comportamiento creciente de la deuda pública estatal que supera los 20 mil millones de pesos; no aporta las cifras que respalde el fracaso del control en el gasto, incrementado en 489 millones de pesos con respecto a 2016 y que ya acumula 824 millones de pesos de aumento desde que inició la gestión.
Por supuesto que de cifras de inversión en infraestructura de desarrollo, ni hablar, cuando no sea para justificar los nuevos y polémicos proyectos, siempre bajo la figura de APP. ¿Qué está pasando con los adeudos en el pago de los maestros jubilados y prejubilados, así como a los interinos? ¿Se atendió en el año transcurrido, el quebranto financiero del fondo de pensiones de los trabajadores del Estado y magisterio? ¿De cuánto es realmente el hoyo financiero de ejercicio a ejercicio (déficit primario), mismo que está obligado a finiquitar antes de septiembre de 2019? Se habla de cuatro mil 500 millones de pesos ¿Por qué no se ejerció el presupuesto aprobado a programas específicos y se dejaron perder más de 400 millones de pesos? ¿Y la seguridad pública? (las peores cifras históricas). El combate a la corrupción, la trasparencia, el índice de aprovechamiento escolar, la contaminación, el agua potable, las elecciones; de todo eso por supuesto. Nada.
Pero de esas cifras no hay información, una porque no hay obligación, no hay informe; y dos, probablemente porque no haya explicación. Existe, sin embargo, un remedo de llamado a cuentas oficial que los diputados locales practican con los integrantes del gabinete del Estado, llamado “Glosa del Informe”. Solo por no anticipar juicios y esperando que por única y última vez, los diputados quieran actuar en este tema, “en representación ciudadana”; esperaremos a ver si ahí sí hay información, si hay informe.
Que la historia lo registre.- Los diputados en la época de Vicente Fox, decidieron que no era propio “tener un día anual del Presidente”; así que cancelaron el acto de informar ante el Congreso de la Unión, y las entidades también lo copiaron.
Botón rojo.- En BC es vigente la obligación de que ningún funcionario público pueda ganar más que el titular del ejecutivo; 67 mil pesos mensuales se publicó. ¿Y entonces?
Salvador Morales Riubí, político tijuanense, ha sido funcionario municipal y estatal. Actualmente es empresario y consultor en temas de salud y relaciones públicas. Correo: smriubi@yahoo.com
