Últimamente hemos visto crecer la violencia en México, un país ya casi olvidado que se bañó de sangre (un millón de mexicanos) con motivo de la revolución mexicana de 1910, el cual ocupa pequeñas partes del territorio, valles y colonias de las ciudades; a tal grado que nuestras instituciones recienten los efectos de la desestabilización política, económica y social.
Los pequeños poblados son tomados por asalto, por grupos de civiles armados o desarmados, organizados o desorganizados, pero que ponen en peligro el orden institucional al punto que existen carreteras por las cuales no es posible transitar a causa de la inseguridad que victimiza al viajero. No son pocos los ataques que día a día sufren los que transportan personas o mercancía. El Ejército y la Marina se ven en dificultades para mantener el orden y la seguridad.
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Todo esto hace pensar en un estado de debilidad por parte del Ejecutivo Federal frente a los que abiertamente se encubren en grupos de gavilleros, lo que revela la falta de liderazgo político en el país.
De ahí que sea importante o casi determinante que el primero de julio de este año, se dé un proceso político de claridad indubitable y eso implicará cambios estructurales en la política y en la administración del país. Estas transformaciones estructurales de los que hablamos, deben sustentarse en un desarrollo económico jurídico y político que sea viable.
Mientras no se haga justicia social, se corre el peligro de que la inquietud del pueblo se convierta en levantamientos armados que dañen el desarrollo social alcanzado hasta ahora. Es tiempo de entender que el hartazgo que vive la ciudadanía no se puede acallar si no alcanzamos gobiernos democráticos socialmente aceptados, apegados al derecho y respetuoso con las garantías constitucionales.
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Todo hace pensar que Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y ya desde ahora debe pensarse en programar una política sanadora, sin división de clases o de partidos; y para ello se requiere un pacto social amplio y universal, esto es un acuerdo nacional en el que todo ciudadano se sienta partícipe, desechando la inclina, la malevolencia. En otras palabras, necesitamos un acuerdo nacional donde prevalezca el interés por país y eso significa que los más pobres, los ninis (ni estudian, ni trabajan), vean realizadas sus esperanzas de contar con trabajado digno, y el trabajador deje de ser víctima de la explotación, marginación y discriminación social.
Tienen razón quienes afirman que no es tiempo de venganzas ni de remover cenizas, errores gubernamentales atribuibles a la mala actuación de uno u otros partidos, sin embargo, los asesinatos, desaparecidos, magno fraudes, no pueden pasar al olvido sin ser castigados y reparar el daño financiero y económico causado a la nación. No se vale en este caso, el futuro Presidente “El Peje”, deje sin castigo a los que se han enriquecido quitándoles el pan de la boca a los más pobres.
No castigar los abusos del poder, las negociaciones ilícitas, los homicidios, las desapariciones forzadas y el peculado, implica que quede latente el descontento ancestral por falta de justicia.
Lo que significa no a la venganza, pero sí a la reparación del daño causado por incumplimiento a las leyes del país.
Para instrumentar la operación habría que llamarse a los hombres y mujeres del país, incapaces de negociar, o las debilidades que en este momento presenta el Estado mexicano; ésta es la academia de los estadistas en la intelectualidad, en los liderazgos del campo y de la fábrica de donde se puede encontrar gobernantes limpios que piensen más en el cambio social que en su propia conveniencia, como los gobiernos actuales que han servido más para el enriquecimiento de grupos de personas, que para transformar un país al borden de la crisis.
P.D. En este momento oscuro, empresarios, industriales, campesinos, obreros, académicos, deben permanecer atentos a las invitaciones, a la anarquía y al desorden que llegan a prevalecer el orden, la seguridad dentro del espacio que la Constitución brinda en el capítulo de los derechos humanos.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC
