Con 19 votos a favor y cero en contra, el Congreso del Estado aprobó el jueves 17 de mayo, un paquete de reformas que pretenden tipificar y clasificar ciertos delitos, además de endurecer las penas para otros crímenes en la entidad.
El paquete de reformas consta de 24 iniciativas de diversos diputados y del propio Poder Ejecutivo, con lo que se pretende definir ciertos criterios en torno a la investigación de delitos cometidos por funcionarios públicos, derivados del Sistema Estatal Anticorrupción, además de la ya conocida iniciativa para incrementar las penalidades en homicidios, feminicidios, transporte de cadáveres y robo en sus diversas modalidades.
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La lectura del trámite fue realizada por la diputada Victoria Bentley, Andrés de la Rosa Anaya y Raúl Castañeda Pomposo, pero en los trabajos participaron varios legisladores que llegaron a conclusiones en la pasada reunión de la Comisión de Justicia celebrada el día jueves.
En entrevista, Bentley Duarte, presidenta de la Comisión de Justicia, aseveró que entre los cambios más importantes se encuentra el endurecimiento en los delitos de homicidio y feminicidio, imponiendo penalidades que van desde 30 hasta 60 años de prisión, cuando anteriormente era de 20 a 50 años.
Además se agregan de tres a siete años en los calificativos de robos, ya sea a lugar cerrado, con violencia, afuera de un inmueble bancario, entre otras modificaciones contempladas en la reforma.
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Bentley Duarte confirmó además que las reformas impedirán que la Procuraduría ofrezca juicios abreviados en los delitos graves, junto a esto, incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva.
“Lo hacemos con toda la responsabilidad porque nos percatamos que nuestras penalidades son muy endebles en comparación de otros Estado. No se sanciona a una persona que cometía el robo por cinco veces, vuelve a salir y vemos que ya se dedican a eso”.
Sobre si esto no representa una herramienta para facilitarle el trabajo al Ministerio Público, la legisladora comentó que se busca dotar a los juzgadores de más mecanismos para impedir que los criminales salgan de prisión.
Ante las críticas de que endurecer las penas no solucionará el problema de inseguridad que prevalece en la entidad, comentó que si se reducen los beneficios para las personas que cometen delitos, tendrán que llevar sus procesos en prisión, lo que reduciría la delincuencia.
