De acuerdo a encuestas de opinión pública, los periodistas en México también son vistos como corruptos. Cuestión de revisar: este país ocupa el lugar 138 de 180 evaluados para el Índice Global de Corrupción de la organización Transparencia Internacional, y conforme a los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), los medios de comunicación tienen el mismo nivel de corrupción que los empresarios y los servidores públicos.
Los ciudadanos encuestados percibieron que la corrupción de los medios alcanza, en lo nacional, el 70.06 por ciento, y los entrevistados de Baja California refirieron un 71.2 por ciento. De hecho consideran que en los sindicatos, escuelas y hospitales públicos hay menos corrupción que entre los integrantes de la prensa. De esas dimensiones es la poca credibilidad del trabajo periodístico.
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Aunque pese decirlo, la falta de confianza ciudadana en la existencia de un periodismo social, de investigación, con la única misión de informar con objetividad, alejados de los intereses del poder, cercanos a las necesidades del ciudadano común, tiene fundamentos en una larga historia de periodismo dedicado a comercializar la información.
Empresas que ordenan notas críticas solo cuando quieren obligar a los funcionarios a que les compren publicidad, esos que hacen paquetes en los que cobran por realizar y publicar- emitir entrevistas, incluido el espacio privilegiado, y la publicación o emisión textual de boletines. Situación que es evidente, de manera particular, en épocas de campañas como las actuales.
“Se compran portadas, columnas, líneas editoriales, medios de comunicación o algún precandidato que tenga”, como referían con altavoces, los grupos que apoyaron a las organizaciones Artículo 19 y Fundar en la manifestación realizada afuera de la Cámara de Diputados, el martes 10 de abril de 2018; mientras que adentro, 205 legisladores contra 128, aprobaban la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, identificada por las asociaciones no gubernamentales como la Ley Chayote.
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Para quienes no han sido víctimas de esa práctica, “chayote” es el nombre que recibe entre los reporteros, el embute o soborno económico que pide o recibe un empleado de los medios de comunicación por escribir o hablar bien de un gobierno, un político, empresario u otro representante de algún grupo de poder.
Fundar y Artículo 19, instituciones que a través de un amparo lograron que la Suprema Corte de Justicia ordenara a los diputados y senadores legislar sobre un tema que habían postergado desde el año 2014, acusaron de “simulación” a la nueva Ley porque el objetivo de “crear un marco normativo que impidiera el uso arbitrario y discrecional en la distribución de los recursos destinados para publicidad oficial y su uso para censurar el periodismo crítico”, no se cumplió.
En plena campaña, sin importar las consecuencias, los legisladores que hacen mayoría con el Presidente Enrique Peña Nieto, fingieron escuchar a todos los grupos, voces, partidos, pero final solo validaron la propuesta presentada por los partidos afines al gobierno, las bancadas del PRI, PVEM y Nueva Alianza.
Los tricolores se las arreglaron para imponer una legislación que no promueve cambio y por el contrario, legaliza las prácticas de siempre. Cierto, habla de publicar los gastos, pero ya se hace. También plasman que el gasto en comunicación social debe cumplir con los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez, sin embargo será el mismo gobierno en turno el que defina quién los cumple. Tampoco establece topes a los gastos en comunicación ni ordena sanciones a quienes violen estás ordenanzas.
Además instruye que sea, como lo es ahora, la Secretaria de Gobernación -la de los acuerdos políticos- la que decida quién cumple los mentados principios, a quienes contratan: además que los mensajes emitidos cumplan con el requisito de “no destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público”, salvo por 11 días para promover los informes de gobierno.
Para colmo designa a la Secretaria de la Función Pública -la que no encontró conflicto de intereses en las casas “compradas” por la esposa y un colaborador del Presidente a uno de sus principales proveedores-, como la encargada de vigilar y controlar el gasto en comunicación; y como sucede en la actualidad, hasta el final podrá intervenir en la Auditoría Superior de Fiscalización.
Total, cuatro años, un amparo histórico, mesas de análisis, miles o millones de pesos gastados, para terminar con una ley que sigue permitiendo el uso discrecional y político de los recursos públicos en publicidad que no sanciona a quienes se exceden en gastos, que no obliga a los medios a rendir cuenta del dinero público que reciben, que no garantiza que el gasto “sirva a la sociedad” ni la vigilancia del correcto manejo de los recursos; que no abona a la libertad de los medios críticos ni a la calidad, ni la pluralidad de la información.
Al final, la mayoría priista y sus aliados del Verde y Nueva Alianza tuvieron la oportunidad y decidieron no coartar la corrupción en los medios, porque eso significaría poner límites a su propia corrupción, así que seguirán apostando por la permanencia de un periodismo servil y mediocre, que de poco o nada sirve a la sociedad.
