El abanderado del PAN a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, ha dicho y promocionado sus palabras sobre los señalamientos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que investiga la Procuraduría General de la República a su alrededor. Repitió que se trata de un “brutal ataque” por el gobierno de Enrique Peña Nieto para sacarlo “de la elección presidencial”.
Con publicidad en sus redes sociales y en medios de comunicaron, Anaya acusó al gobierno del “uso faccioso e ilegal de las instituciones, como la PGR”, en alusión a la indagatoria que se inició por el caso de lavado de dinero que lo salpica como presunto beneficiario de la venta simulada de una nave industrial.
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Este episodio lo inició Anaya, el domingo 4 de marzo, a través de un mensaje de defensa, al lado de diversos políticos de la coalición, como Santiago Creel, Dante Delgado y Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato presidencial del PRI asesinado en Tijuana. Y en ese tono se sumaron contra el gobierno, académicos, activistas y líderes empresariales.
Pero el entramado político cobró un matiz oscuro cuando, en la visita de Marcelo Ebrard a Tijuana, el 5 de marzo -acompañando a Andrés Manuel López Obrador-, recordó que el gobierno del PAN y que los actores que hoy denuncian el uso de las instituciones, actuaron justamente de la misma manera.
“Ha sido una práctica en México -dijo Ebrard- usar los instrumentos del poder y de la investigación para lastimar a sus oponentes”. Lo comparó con el desafuero contra AMLO, perpetrado previo al proceso electoral de 2006, en el que el tabasqueño contendió como abanderado presidencial del PRD.
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Ebrard incluso reveló que como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, intervino en un intento por parte de la administración panista de Vicente Fox en contra de Obrador. A decir de Ebrard, se le ofreció al ex secretario de finanzas perredista de la capital, Gustavo Ponce, entonces encarcelado por fraude y enriquecimiento ilícito, liberarlo siempre y cuando diera “una versión favorable a perjudicar a Andrés Manuel”, confabulación frustrada en la que habría participado el entonces senador por Acción Nacional, Diego Fernández, el abogado público de Ricardo Anaya.
Siendo que en el sexenio foxista, Fernández de Cevallos supuestamente se sumó al complot gubernamental contra López Obrador al igual que Santiago Creel. El pasado 25 de febrero figuró como opositor a ese recurso ilegítimo al acompañar a Anaya a la SEIDO para preguntar si estaba siendo investigado.
Por su lado, el presidente Enrique Peña aseguró no estar interfiriendo en el proceso, y sobre los señalamientos contra su gobierno, sugirió que son “el clima natural” de toda contienda.
A partir de estos días es seguro que Ricardo Anaya agudice el tema de corrupción tal y como sus palabras lo anunciaron: “el que la haya hecho, la tiene que pagar y esto incluye al Presidente Enrique Peña Nieto”.
