¿Por qué Rosario Robles no ha sido retirada de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano? ¿Por qué Emilio Lozoya Austin, no está siendo investigado por la PGR o en la cárcel? ¿Por qué Luis Videgaray no está siendo investigado por tráfico de influencias? ¿Por qué no se ha consolidado la orden de extradición contra César Duarte? ¿Por qué a Elba Esther Gordillo se le dio prisión domiciliaria? ¿Por qué el propio Presidente fue exonerado por un cercano colaborador en una oficial investigación por tráfico de influencias?
La realidad es que en México, la clase política goza de mayor y mejor impunidad que los miembros del narcotráfico y el crimen organizado. Vaya, es probable que algún día, en algún sexenio, en algún momento, Nemesio Oseguera “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, sea aprehendido, encarcelado y hasta extraditado, a que un secretario de Estado sea investigado y procesado por delitos de corrupción.
Publicidad
Ya se vio con Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera, capo conocido por establecer acuerdos con las fuerzas del orden y armadas para permanecer durante años, prófugo de la justicia, pero quien en un momento su impunidad y su soberbia fueron tales, que fue capturado y recientemente extraditado a Estados Unidos. Por supuesto que en México no reveló los nombres de quienes, desde el poder, le protegieron en su huida.
En cambio y tomando como ejemplo el caso Odebrecht, dado el nombre de la compañía brasileña que está siendo investigada por otorgar sobornos a funcionarios en diversos países, entre estos México, actualmente hay detenidos en Panamá, Perú (incluido un ex Presidente y otro prófugo), Colombia y Brasil, por mencionar algunos; en este último, el propio Marcelo Odebrecht fue aprehendido, procesado y sentenciado a 19 años de prisión por los sobornos que otorgó para ganar obras y otras licitaciones en diez países, de los cuales México no tiene un solo funcionario en prisión.
Esto a pesar que altos ejecutivos de Odebrecht declararon de manera ministerial en Brasil, cómo, dónde, cuánto y por qué le depositaron más de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, desde que fue parte del equipo de la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República y posteriormente, al ser nombrado director de Petróleos Mexicanos, paraestatal que, efectivamente, entregó obra a la compañía brasileña.
Publicidad
Sin embargo, Lozoya ni está en prisión, ni está siendo investigado. Contrario a ello, cuando fue exhibido de manera pública respecto una blanda investigación en México logró, dados sus lazos con el Presidente de la república, no solo que corrieran al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, sino también que el encargado de despacho de la PGR congelara la investigación, aun cuando su antecesor, Raúl Cervantes, dijo pocos días antes de renunciar que estaban a días de tener resultados de tal indagación.
Por estos días, a partir de la publicación de los resultados de las revisiones oficiales a las finanzas públicas por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el diario Reforma tomó los resultados respecto a dos secretarías, la de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), que guardan una persona en común: Rosario Robles Berlanga fue la titular en la primera y lo es en la segunda. El primer día del reporte de los resultados de la ASF, el desvío que se documentó oficialmente en Desarrollo Social, cuando Robles la encabezaba, fue de mil 311 millones de pesos. Al día siguiente, con más información documentada, los desvíos en ambas secretarías superaron los 6 mil 800 millones de pesos.
Tanto la ASF como los periodistas de Reforma, documentaron el método de la transa y la corrupción. Dinero del presupuesto que se adjudicó de manera directa a empresas o universidades, y a su vez, estas lo destinaron para pagar por servicios que no recibieron, tanto a empresas fantasma como a establecimientos de dudosa responsabilidad social. En otros casos se adjudicaron a compañías ya conocidas como Monex (la de las tarjetas de Peña en campaña), o agencias de comunicación en diversos estados. La Auditoría Superior de la Federación no pudo encontrar ni comprobables, ni destino final, ni resultados, ni obras, por más de 6 mil 800 millones de pesos.
Sin embargo, Robles sigue siendo la titular de la Sedatu, y Peña Nieto ha brillado por su ausencia en el caso que involucra directamente a su gobierno con la corrupción, que ya se da de manera sistemática en la actual administración.
Efectivamente, ni Rosario ha tenido la decencia para retirarse de la administración pública en tanto se realizan las investigaciones, ni el Presidente de la República ha tenido el valor de retirarla de tal posición y exigir a su PGR una investigación minuciosa, que siente un precedente en el combate a la corrupción, aunque sea al final de su sexenio.
Pero nada de eso, en México la podredumbre está dentro del sistema de gobierno. En la impunidad que se provee a funcionarios bajo sospecha de deshonestidad, coludidos unos con otros, son parte de ese sistema corrupto. Suena improbable, por ejemplo, que el ahora candidato del PRI a la Presidencia de la República no se hubiese dado cuenta, cuando sucedió a Robles en Sedesol, de los desvíos, de los productos no entregados, de las obras no inauguradas, de los programas fallidos, de todos esos instrumentos de los cuales echaron mano para sacar de la dependencia más de mil 300 millones de pesos, cuyo destino la ASF no ha podido encontrar, y el cual no ha sido subsanado por funcionarios que, bajo las órdenes de Robles, se encargaron de “activar” obras, programas y adquisiciones con el presupuesto desviado.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, acordó con el gobernador de Chihuahua, luego que Javier Corral emprendiera una caravana por la justicia para su Estado y para acabar con el pacto de impunidad, que la PGR solicitaría la extradición de César Duarte, el ex gobernador de aquella entidad que desvió recursos por 250 millones de pesos, caso judicial por el que Alejandro Gutiérrez, un cercanísimo ex colaborador de Manlio Fabio Beltrones y artífice de las campañas de 2016, está en prisión, pero nada. Duarte sigue viviendo en la impunidad.
Así es el gobierno de Enrique Peña Nieto, harto sospechoso, y sus funcionarios, sumamente impunes. Ninguno renuncia por dignidad, a ninguno investigan, a todos protegen. La podredumbre total.
No es que la corrupción no haya brotado desde el inicio del sexenio de Peña Nieto, pero en estos meses de gobierno que le quedan, está aflorando con más frecuencia y de manera más contundente.
