Diputados federales y senadores de la LXVIII Legislatura, decidieron aprobar la Ley de Seguridad Interior, que entre otras cosas, regula la labor de los elementos del Ejército y la Marina en las labores de seguridad pública, sin embargo, también resolvieron sepultar las dos propuestas para normar y hacer más efectiva la operación en coordinación de las policías civiles, que son las constitucionalmente responsables de salvaguardar la seguridad pública en las entidades.
“Aprobar la Ley de Seguridad Interior para que los militares intervengan, por incompetencia y corrupción de la Policía civil, sin aprobar los Mandos Mixtos, es ilógico, se abre la puerta para que los gobernadores se tiren en la hamaca y le dejen todo a las Fuerzas Armadas, cuando se supone que la idea es retirarlos paulatinamente”, refirió ante la prensa el presidente de la Comisión de Seguridad, el tijuanense Jorge Ramos Hernández.
Resulta que en el Poder Legislativo, los diputados se pelearon por ver quién mandaba, literalmente, de un lado el PRI y sus secuaces, y en el otro el PAN y los suyos. Primero por dejar claro quién manda en el Congreso.
En junio de 2016, después de una ardua oposición del PAN y PRD, el Senado enterró la propuesta del Mando Único, prometida, presentada -diciembre de 2014- y promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto. Y ahora -sesión de comisiones del 29 de noviembre de 2017- los tricolores hicieron humo la propuesta del Mando Mixto promovida por el PAN.
Después se pelearon por quién manda en las policías, aseguró el diputado Ramos al decir que los legisladores del PRI, PVEM y PES, “se concentraron en ver quién mandaba, si el Estado o los municipios, yo les dije, si tenemos consenso en el 80 por ciento del contenido, vamos revisando en lo que no están de acuerdo, les dije replanteen, cambien artículos, propongan otra Ley; tuvieron la propuesta un año, y ahora simplemente la desechan y el Poder Legislativo se queda sin iniciativa de Ley General de Seguridad en este sexenio, y sepultaron 52 reformas que no tenían que ver con quién mandaba” reclamó.
Los estados y municipios padecen las peores condiciones de seguridad, 2017 es el año más violento y, a punto de finalizar el sexenio, los caros legisladores -dos camadas de diputados y una de senadores- decidieron no hacer nada respecto a las fuerzas de seguridad civiles.
Nada por legislar para establecer obligaciones y sanciones para los funcionarios que no cumplan con los plazos, la profesionalización, criterios de selección, la homologación de sueldos (ganan de 3 mil 700 a 18 mil pesos al mes), el combate a la corrupción de las policías, o desvíen los millonarios presupuestos asignados a seguridad. Nada por establecer un modelo de policía, ni los mecanismos de intervención del Gobierno Federal, ni por instituir una línea de responsabilidad y coordinación más clara en el tema de intervención policial, para que los tres órdenes de gobierno dejen de evadir su compromiso con el argumento de “no es mi facultad”.
Ahora la realidad será que ni 32 Policías Estatales sólidas, en lugar de mil 800 municipales, muchas infiltradas, sin capacitación o mal pagadas, ni Mandos Mixtos con Policías Estatales y Municipales en las entidades donde estén funcionando con efectividad; y Mandos Únicos estatales donde la corrupción de las corporaciones municipales sea técnicamente probada, o exista un dictamen técnico de que los ayuntamientos son incapaces de cumplir con su función de brindar seguridad.
Obvio, también rechazaron el Consejo Ciudadano -electo por el Senado- que apoyaría al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la evaluación de policías, definición de programas y presupuesto con base a análisis técnico de rendimiento.
Total, horas y recursos invertidos en consultas ciudadanas y foros, horas invertidas en la redacción de propuestas, de investigaciones de las condiciones deplorables en que operan las corporaciones municipales y algunas estatales, todo lo mandaron por el caño.
Durante los últimos tres años, en la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los ciudadanos han dejado claro que los policías y los políticos son los más corruptos en México, y en esta ocasión las corrupción -en algún momento usaron las propuestas como rehenes, como moneda de cambio para aprobar otras leyes- y la irresponsabilidad de los segundos, permitirá que tratándose de coordinación, no se posibilite la regulación, capacitación y ordenamiento de los uniformados honestos en todo el país.
Ahora toca a la sociedad organizada requerir y reclamar a los diputados y senadores de todos los partidos, para recordarles tres cosas: que al no hacer nada se convierten en cómplices de los criminales que tienen secuestrada la seguridad de los estados; que como dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de publicidad institucional, los diputados y senadores no son “libres para decidir ni legislar”; y por último, que 2018 será año electoral, tiempo de pagar por la soberbia de responder únicamente a los intereses de sus respetivos partidos.
