Planeta 50/50
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Está documentado que en México, la violencia política se ejerce contra las mujeres, este tema está previsto y atendido en la Reforma político-electoral vigente, la cual obliga a los partidos a tener fórmulas del mismo sexo y de manera paritaria en cuanto a género, es decir, 50% de candidaturas para mujeres y el resto para los hombres. Esto ha sido un gran avance en nuestra democracia, pero no es suficiente, pues sigue habiendo decisiones discrecionales, por ejemplo, las dirigencias de los partidos que perpetúan la violencia de género contra las mujeres, te explico.
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Fue en el año de 1953 que, mediante un decreto, se reconoció el voto de las mujeres, desde entonces, solo siete mujeres han sido gobernadoras, siendo el Estado de Colima el que le diera el voto a la primera mujer gobernadora, le siguió Tlaxcala, Ciudad de México, Zacatecas, Sonora y Yucatán, en dos ocasiones; pero la simulación sigue presente en muchos casos, los partidos ponen candidatas donde no tienen probabilidad de ganar y en los bastiones, donde la posibilidad es alta, mandan candidatos varones.
Necesitamos fortalecer la participación política de la mujer. Actualmente, a nivel nacional, solo el 7% de los municipios están encabezados por una mujer, solo hay una gobernadora, además, en la Cámara de Diputados tenemos solo 212. Andamos muy lejos de la paridad política entre los géneros.
Algunos de los datos registrados, en relación a esta materia, son los registros simulados de candidatas que renuncian a sus cargos para cederlos a suplentes varones (esto quedo previsto en la reforma política, obligando a los partidos a que la fórmula de la candidatura sea del mismo género), amenazas a mujeres que han sido electas, incluso les han dado muerte, de modo que se obstaculiza la participación de las mujeres en las elecciones regidas por sistemas normativos internos y que tienen que ver con decisiones discrecionales de sus dirigentes; el uso inadecuado del presupuesto por parte de los partidos, destinado a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, incluso desigualdad en presupuesto para campaña y espacios en medios de comunicación; esto tiene que ver con la discrecionalidad de los partidos que perpetúan estas prácticas. La buena noticia es que en algunos estados ya está tipificada constitucionalmente, como Ciudad de México y Chiapas, en otros, además está previsto en la “Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, en otros más, en la “Ley Estatal Electoral” y en Oaxaca, en el código penal, pero estas medidas no han sido suficientes.
El número de casos documentados es amplio, sin embargo, a continuación describo solo uno de ellos, el cual refleja un patrón de violencia y que urge la atención inmediata de las autoridades estatales y federales para evitar su continuidad, sobre todo cuando nos encontramos en la antesala de nuevas elecciones en todo el país.
Felícitas Muñiz Gómez es presidenta municipal de Cuilapan, Guerrero, por el partido Movimiento Ciudadano. Ganó las elecciones del 7 de junio de 2015, e inició su gestión el 31 de septiembre de ese mismo año. En mayo de 2016, tres regidores de su cabildo, encabezados por el síndico Benito Sánchez Ayala, le exigieron su renuncia, argumentando que una mujer no podía conseguir obras, además de acusarla de desvío de recursos, sin que dicha acusación estuviera fundamentada.
Desde esa fecha, la presidenta municipal ha sido víctima de diversas agresiones: su casa fue baleada y luego allanada; sus pertenencias fueron llevadas al zócalo, donde fueron quemadas, también una camioneta del municipio. Es denostada y enfrenta una campaña de difamación en la comunidad y en medios de comunicación, en la que prevalece un lenguaje sexista y machista. Su familia fue desintegrada y desplazada para salvaguardar su vida e integridad física.
Felícitas Muñiz mantiene un gobierno itinerante, pues el municipio fue tomado por sus agresores y no existen condiciones para que pueda ejercer su cargo. Las propias autoridades estatales la han “exhortado” a llegar a un acuerdo con sus agresores y evitar seguir diciendo que lo que está viviendo es violencia política de género. El domicilio de integrantes de su cabildo y de sus familiares, también han sido apedreadas. “No conciben que una mujer los gobierne”, dice Felícitas al rememorar las agresiones en su contra. Ella continúa siendo objeto de intimidaciones que buscan obtener su renuncia por medio de la fuerza y violencia, lo que ha merecido la intervención de instituciones federales para garantizar sus derechos político-electorales.
El problema es que los partidos políticos encontraron la forma de simular la ley y “cumplir con la paridad” a costa de violentar los derechos de las mujeres a ocupar puestos de elección popular. Estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas evidencian que esta práctica no es exclusiva de un solo partido político, sino una violencia generalizada que está presente también en los sistemas normativos internos, es necesario tomar acciones para evitar su repetición en los próximos comicios 2018.
Propuesta Legislativa: Urge actuar a la brevedad en el ámbito legislativo, construir una reforma al código penal que sancione a quienes violentan a las mujeres que ejercen sus derechos políticos-electorales, es inaceptable que éstas continúen siendo agredidas y que tales hechos permanezcan en su mayoría impunes.
Dichas acciones que deberán ser impulsadas y acompañadas, también por la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, las mujeres no podemos continuar siendo excluidas de los espacios de toma de decisiones. “Ser mujer no debe ser obstáculo para desempeñar un cargo público”, como en su momento lo determinó la Magistrada María del Carmen Alanís.
Violencia política, agenda pendiente…
La autora es Arquitecta, Maestra en Políticas Públicas, docente y Doctorante en Derecho Administrativo y Género. Contacto: DeyaniraMelendez.net
