De octubre a noviembre del presente año, la incidencia delictiva ha descendido en Tijuana, pero a excepción de los casos de homicidio, la disminución no deriva de la estrategia de seguridad implementada, sino a que las víctimas de las distintas modalidades de robo están omitiendo denunciar formalmente dichos delitos, aclaró el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Manuel Sosa Olachea.
En ese sentido, en el caso particular de Tijuana, la delincuencia en general ha tenido un descenso de 6% durante este periodo; mientras que en el robo de vehículo, la disminución fue de 8%; robo a casa habitación, 24%; y el robo a comercio, 4%.
No obstante, la reducción del 15% en el índice de homicidios -que ya rebasa los mil 600 incidentes en el año- sí la atribuyó a la sectorización de zonas prioritarias.
Ante los integrantes de la Agrupación Política de Baja California (APBC), con los que se reunió el miércoles 13 de diciembre, el funcionario expuso que el Modelo Policial Operativo que aplica, el cual afirmó, se basa en la experiencia acumulada por la dependencia, supone el fortalecimiento de las capacidades operativas. Esto es, explicó, el incremento de unidades patrulla, cámaras en zonas prioritarias e incremento en personal, requiriéndose al menos nueve mil elementos activos contra los siete mil 415 con que cuenta la Policía Estatal Preventiva (PEP) actualmente.
Comprende además la operación sectorizada hacia objetivos específicos en colonias de alta incidencia delictiva, la atención eficaz de las emergencias -lo que se pretende resolver con el C5i-, unidades de análisis de información y centros nocturnos seguros, mediante la vigilancia de los elementos de seguridad privada que laboran en los mismos.
Sosa Olachea se refirió también a la Ley de Seguridad Interior, señalando que ésta es necesaria para que las Fuerzas Armadas cuenten con la certeza que otorga un marco normativa en sus labores de colaboración en materia de seguridad pública; señaló que la facultad de decidir la participación del Ejército debe corresponder a los gobernadores, quienes mejor que nadie saben cuándo la violencia se ha desbordado en sus entidades.
Asimismo anotó que Baja California no es un Estado productor de droga, por lo que el trasiego y la problemática de violencia que persiste en la entidad por esa actividad no se detendrán mientras el Gobierno Federal no atienda dicha situación.
