Luego de presentar denuncia penal ante la PGJE por peculado y desvío de recursos contra tres funcionarios -uno de ellos hermano del diputado Andrés de la Rosa-, Lucía Villarreal, ex titular de Beca Progreso, se encuentra en medio de un proceso sancionador en Contraloría y otro ante la procuraduría estatal
Tal parece que el mensaje del gobernador Francisco Vega de Lamadrid quiere dar a sus funcionarios es que, a quien denuncie alguna irregularidad contra su administración, será vengada.
Publicidad
En septiembre de 2015, la titular de Beca Progreso, Lucía Margarita Villarreal Camarena, denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que tres de sus empleados estaban endosando y cobrando los cheques que deberían llegar a 122 escuelas. Entre ellos se encuentra Jesús de la Rosa Anaya, hermano del diputado local, Andrés, y del ahora ex secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel, amén de ser hijo de uno de los panistas más respetados en ese partido. Los otros dos acusados por Villarreal del fraude en Beca Progreso fueron Román Ernesto Padilla Rivera y Alexander García Luna.
En aquel entonces, Jesús de la Rosa era el encargado de resguardo de los cheques de la Beca Progreso, y tanto Padilla como García fungían como auxiliares administrativos. Los tres fueron sorprendidos por Villarreal, cuando notó que 122 cheques por un valor total de un millón 708 mil 996 pesos, fueron endosados y cobrados, y no entregados a las escuelas.
Entonces los denunció ante la PGJE.
Publicidad
Sin justicia de por medio y muchos señalamientos en su contra, Lucía Villarreal renunció a la Beca Progreso en septiembre de 2016, un año después de haber denunciado el fraude.
Hoy se encuentra trabajando en el sistema Cobach, y ahí se enteró que es investigada tanto por Contraloría del Estado como por la PGJE, por no haber comprobado gasto durante su gestión como titular de Beca Progreso. Por no acreditar más de 900 mil pesos, y por cheques endosados a nombre de los funcionarios denunciados por ella.
En efecto, luego de realizar la denuncia penal 0202-2015-41596 que se le abrió en Contraloría del Estado, bajo el expediente RES-1283/2015, por la falta de comprobación de gastos, mismos que fueron denunciados por la ex funcionaria estatal.
Comparecencia
A minutos de iniciar la glosa del Informe de Gobierno de la Secretaría de Educación en 2015, ZETA publicó en su portal en línea que la titular de Beca Progreso, Lucía Villarreal, había sido sacada de su oficina y que Contraloría Interna había cambiado las chapas de las puertas para evitarle el acceso. En ese momento se cuestionó sobre la situación al entonces secretario de Educación, Mario Herrera, sin embargo, la desestimó: “Es algo de rutina”.
En el pleno del Congreso, el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides expuso que Villarreal había sido suspendida por Contraloría en represalia por presentar una denuncia penal contra tres funcionarios de la misma dependencia que habían desviado el 0.52 por ciento del presupuesto. Ahí estalló el escándalo.
Luego de la presión pública, el 24 de septiembre de 2015, Contraloría, entonces titulada por el actual secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, envió un comunicado para informar que le “habían levantado el castigo” a Villarreal, e informó que la auditoría a Beca Progreso se llevaba de manera puntual e imparcial, y era parte del proceso en todas las dependencias.
Según la denuncia presentada por la funcionaria, Jesús de la Rosa, Román Ernesto Padilla Rivera y Alexander García Luna habían cobrado cheques de 122 escuelas, los cuales endosaban a su nombre al falsificar las firmas de los directores, y ello había estado ocurriendo desde 2013, 2014 y 2015, año en que se asentó la denuncia.
Sin resultados de la investigación sobre el fraude, el Congreso del Estado aprobó las cuentas públicas de esos años y solo se limitó a realizar una recomendación de la cuenta pública 2014 (la cual se aprobó en 2016), donde señalaban las irregularidades que la funcionaria había denunciado y que obviamente ya no cuadraban.
Por increíble que parezca, la investigación en Contraloría Interna solo alcanzó a Villarreal como responsable del programa, sin tocar a los tres funcionarios denunciados y quienes forzosamente tuvieron que cobrar los cheques con una identificación en el banco, incluso De la Rosa, que era el encargado del resguardo de los cheques, no entró en la investigación pese a que la evidencia presentada por Lucía Villarreal fue la misma que se constató ante la PGJE.
A punto de finalizar la investigación
Sobre las investigaciones en el caso de la Beca Progreso y de cómo la persona que denunció es la única investigada en Contraloría, luego de un par de años de ocurrido el hecho, el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, declaró: “Es un tema que se ha estado investigando y está a punto de concluir, a su vez complicado, porque no nada más es una investigación focalizada, sino que tiene que ver con recibir información de bancos y demás. Eso no es fácil, es tardado, sin embargo, yo les aseguro que pronto tendremos respuesta a esa investigación”.
Afirmó que a raíz de las investigaciones en el tema de la Beca Progreso se cambió el sistema y a los responsables. “Se tomaron todas las medidas y precauciones que pudieran fortalecer y asegurarse que los programas corran bien, esto no tiene que ver de qué estamos prejuzgando a las personas, porque tenemos que esperar nosotros y eso prácticamente ya lo vamos a tener la resolución de parte de las autoridades competentes para el caso”.
Por su parte, el subprocurador de Justicia en el Estado, Fernando Ramírez Amador, ratificó lo informado por el mandatario: que la investigación penal tenía un 90% de avance, por lo que en próximos días podría finalizar el proceso de integración de carpeta.
“Existe una carpeta de investigación, la cual no se ha dejado de integrar hasta el día de hoy, ya está muy próxima a determinarse esa carpeta, durante el transcurso de esa investigación se han recibido pruebas testimoniales, documentales, hay que recordar que por tratarse de títulos de crédito, o sea, cheques, tenemos que mandarlos a México, a la Comisión Nacional Bancaría y de Seguros, y tardó mucho en llegársenos esta documentación, por eso se ha prolongado el tiempo en esta integración”, indicó el fiscal.
Dado a que la titular de la dependencia presentó la denuncia en su momento, se fue integrando por todos los trámites y fue ratificada por la misma persona. “Lo que señala es que hubo un desvío de títulos de crédito (cheques) destinados a la Beca Progreso para el mantenimiento de ciertas escuelas, esa fue la materia de la investigación”, argumentó Ramírez.
Foto: Cristian Torres
Los tres funcionarios indiciados fueron citados a declarar, pero se reservaron su derecho, aunado a que las supuestas personas que recibieron los cheques también fueron requeridas, incluyendo a los directores de las escuelas.
El subprocurador destacó que una vez terminado de integrar el expediente, el Ministerio Público tendrá la facultad de vincular o no a los probables imputados: “El Ministerio Público puede determinar en dos sentidos, judicializar y turnar ante un juez, formular imputación para una vinculación o un dictamen del no ejercicio de la acción penal, en esa etapa estamos en determinación”.
Será el Ministerio Público quien determine si existe uno o varios delitos una vez que concluya la carpeta, ya que tendrá que analizarla. Además, están a la espera de un documento para finalizar el expediente y la resolución se emitirá en estricto apego a derecho, sin tomar en cuenta otros factores como las relaciones familiares de las personas investigadas.
Por su parte, Bladimiro Hernández, secretario de Planeación y Finanzas, informó que antes de concluir su encargo en Contraloría Interna, había finalizado el expediente relativo a la Beca Progreso, por lo que se presentó una denuncia ante la PGJE, donde se informó extraoficialmente que el expediente apenas había llegado días atrás por falta de comprobación de recursos públicos, derivado de la administración de Beca Progreso, en contra de Lucía Villarreal; sin embargo, aún se encuentra en integración, por lo que no había mucha información al respecto.
Esto significa que el expediente fue concluido desde meses atrás, pero estuvo durmiendo en la misma Contraloría, ya que Hernández fue asignado desde el 2 de mayo en la Secretaría de Planeación y Finanzas.
Cuestionada por ZETA respecto a si la nueva denuncia penal y la investigación en Contraloría Interna representan una venganza por interponer la denuncia contra los tres funcionarios, Lucía Villarreal declaró:
“No sé si sea una venganza, lo que sí sé es que no es un procedimiento justo, no se está midiendo con la misma vara, a mí, que denuncié unos actos ilícitos como a las personas que cometieron los actos ilícitos, estoy de acuerdo y siempre he estado de acuerdo que no se permita la corrupción, estoy en contra de la impunidad y si efectivamente hubiera algo que imputarme a mí como coordinadora de Beca Progreso estaría abierta a que se iniciará procedimiento; lo que considero correcto es que se inicie un procedimiento en base a una denuncia que yo hice”.
Agregó que todas las pruebas que se presentaron en Contraloría Interna derivan de las presentadas ante la PGJE contra los tres funcionarios, sin embargo, en esa nueva investigación ella resultó ser la única investigada, “las personas efectivamente hicieron un daño a la hacienda pública del Estado, pareciera que no pasa nada, ¿tiene o no tiene que ver con una revancha? Quiero pensar que no, que ahora que acaban de recibir el premio por ser un Estado transparente este tipo de cosas no se dan; quiero pensar que hay la suficiente transparencia para llevar un procedimiento como este, tal y como debe ser, con piso parejo, con principios de legalidad y respeto, y no como una persecución”, confió Villarreal, quien ayer jueves 26 de octubre fue llamada a comparecer ante la directora jurídica de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, por diversas irregularidades durante su desempeño como coordinadora de Beca Progreso entre estas, por incumplimiento a la prohibición de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, al causar daños y perjuicios a la hacienda pública en el manejo de recursos económicos al violentar las reglas de operación.
Foto: Cristian Torres
Según Contraloría, la ex funcionaria realizó erogaciones por 938 mil 372 pesos por concepto de emisión de 58 cheques, los cuales no se encuentran justificados.
La dependencia señala que se detectó la emisión de tres cheques por 59 mil pesos endosados a favor de Alexander García Luna, además de 48 cheques por 742 mil pesos endosados a Román Ernesto Padilla Rivera y siete cheques por 136 mil pesos endosados a favor de Jesús de la Rosa Anaya; misma situación que Villarreal denunció ante la PGJE y que enteró a la misma Contraloría Interna días después.
