En medio de la tragedia, de una crisis económica en la que cada peso cuenta, el hecho que el impulso de ayudar se vea opacado por la desconfianza ante autoridades corruptas, fue para los mexicanos casi una reacción biológica.
Para empezar, no es un secreto que durante años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha catalogado a México “dentro de las primeras 20 economías del mundo y dentro de los 20 países con servidores públicos más corruptos”, situación padecida por los gobernados.
Con ex gobernadores detenidos, procesados o prófugos, otros más en pleno ejercicio de sus funciones haciendo negocios, engordando sus patrimonios y favoreciendo las carteras de amigos, compadres y funcionarios, además, negando desfachatadamente sus excesos -como lo hicieron en su momento los ex mandatarios hoy perseguidos-, hechos públicos por denuncias de grupos ciudadanos o investigaciones periodísticas.
Luego sume Usted la mala y bien ganada fama del Presidente Enrique Peña Nieto y algunos miembros de su gabinete, cuyos negocios o beneficios obtenidos de proveedores favorecidos con recursos del presupuesto, también han sido evidenciados sin mayores consecuencias, haciendo con ello alarde de impunidad.
Agregue el conocimiento de casos como el publicado en ZETA, donde con prestanombres, el priista Obed Montiel y las empresas mexicalenses Molu, SA de CV y Corporativo UMC está siendo investigados por el desvío de 100 millones de pesos de recursos del Fondo de Desastres que dejaron de invertirse en la construcción de casas en Guerrero para las víctimas del huracán Manuel en 2013.
También aderece con la rapiña política de funcionarios, precandidatos y suspirantes presidenciales de todos los partidos, que la ciudadanía pudo atestiguar tras los recientes sismos del 7 y 19 de septiembre, que afectaron Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México.
Y finalmente, apunte el apuro expuesto por la Federación para meter la mano para participar, a través de una mesa de coordinación, en la distribución de las donaciones hechas por los mexicanos mediante la Iniciativa Privada, precisamente porque desconfían del gobierno.
Presurosos, el 21 de septiembre, dos días después del temblor del martes 19, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público boletinaron en su página electrónica, la creación y operatividad del Fideicomiso Fuerza México; el miércoles 27 lo anunciaron en una ceremonia oficial. Con esa acción, los peñanietistas atrajeron proyecto y los empresarios se entregaron.
Ante estos antecedentes, resulta imposible ignorar las recientes denuncias de diversos donativos desviados, desaparecidos o politizados. Y se hace casi obligatorio recordar que en cada obra, concurso o licitación con sobreprecio en obras mal hechas, siempre ha existido la “coordinación”, la colusión de un gobierno y de algunos empresarios corruptos.
En recientes declaraciones, pretenden generar confianza anunciando que la inversión de los recursos donados por los ciudadanos será supervisada por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, instancias con conocida experiencia en exonerar proyectos y funcionarios corruptos, incluidos los cercanos al Presidente de la República.
Ahora lo que resulta evidentemente urgente, es que se establezcan mecanismos para garantizar la transparencia en recepción, uso y destino de los donativos, y también de la optimización de recursos del erario, porque no podemos olvidar que ese dinero también salió de los gastados bolsillos de los mexicanos.
Llegó el momento en que este grupo de gobierno-empresarios “coordinados” muestren que son aliados y no cómplices, que se abran y soliciten la participación, por ejemplo, de las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales que trabajan el tema de la transparencia, y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), desde donde algunos de sus pares han impulsado insistentemente este tema para establecer las medidas, mecanismos, el sistema o las estrategias que permitan darle claridad a la administración y asignación de los recursos generados por la ayuda humanitaria, lo que debe aplicarse después de que el gobierno cumpla con su responsabilidad de manera óptima, hasta el último peso.
Adicionalmente, en este contexto revuelto surgen versiones como las del abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, quien al revisar las especificaciones legales del funcionamiento del Fideicomiso de la Secretaría de Hacienda con Nacional Financiera, explica está mal hecho porque, entre otras cosas, “no está autorizado para recibir donativos y por tanto, quien deposite dinero en él, no podrá justificar la erogación, debiendo pagar el impuesto”.
Lo anterior deja ver que más allá de las buenas intenciones, alrededor del fideicomiso y la coordinación, hay mucho que revisar y supervisar, y los malos manejos de la ayuda humanitaria en catástrofes anteriores obliga a los grupos de la sociedad organizada a dejar de ser espectadores, y aunque no sean requeridos, levantar la mano para participar, para que el apoyo llegue a quien de verdad lo necesita en el menor tiempo posible y de manera transparente.
