En medio de la indignación social por el desbordamiento de la delincuencia en Tijuana; esta semana, el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro fue emplazado por la sociedad:
* Demandado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo -TCA- de Baja California.
* El Instituto de Transparencia lo apercibió por opacidad en convenios.
* En su contra también pesa una denuncia penal.
* Dos demandas de amparo.
* Una petición de juicio político.
* La promoción de un plebiscito.
En suma, las denuncias y señalamientos legales e institucionales son muestra de la desaprobación que el alcalde panista tiene por parte de ciudadanos que ya le exigen hasta su renuncia
Víctima de sus desaciertos, a nueve meses de gobierno, la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro enfrentó esta semana la peor crisis que se recuerde de un alcalde de Tijuana.
Con el asalto al restaurante La Espadaña, ubicado en Distrito Gastronómico de Tijuana, zona supuestamente blindada por la Policía Municipal, quedó demostrado el rechazo hacia sus acciones de gobierno en manifestaciones de empresarios, organismos sociales y partidos políticos, desde donde le han pedido públicamente que renuncie, señalándole falta de autoridad y de ingobernabilidad.
Pero la desaprobación social que esta semana se le desbordó a “El Patas”, no solo derivó del tema de seguridad, también es consecuencia de decisiones tomadas sin el consenso de sus gobernados, quienes lo han denunciado penalmente y le han interpuesto demandas ante distintas instancias.
En el colmo del desgobierno, tijuanenses -empresarios y ciudadanos- interponen amparos para protegerse de las pifias de Gastélum.
INSEGURIDAD DETONÓ EL TRANCE DE GASTELUM
Tres asaltos violentos a mano armada ocurridos en menos de 24 horas, en lugares públicos y contra ciudadanos, han generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la gobernabilidad de Tijuana, bajo el mando del alcalde Juan Manuel Gastélum.
El ataque delincuencial en el restaurante La Espadaña, la noche del domingo 27 de agosto, le antecedió un asalto a un café, perpetrado la mañana de ese día y, el lunes 28, se efectuó otro robo a una cafetería de Otay. En los tres atracos, los comensales fueron amenazados con arma de fuego y despojados de sus pertenencias.
El alcalde de Tijuana, lejos de enfrentar la situación, dio la espalda cuando se negó a dar declaraciones en un evento público, realizado la mañana del lunes, externando su invariable argumento de que “ese no es el tema”.
El mismo día, desde la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados -CANIRAC-, exigieron al Presidente Municipal, presentar una estrategia y “hacer los cambios que sean necesarios” para frenar el crecimiento de la delincuencia. De igual modo, le increparon el descuidado de la Zona Blindada.
“No más tiempo de espera. No más echarse la bolita. No más pretextos de que no tengo equipo o patrullas; con patrullas o sin patrullas sí se puede, es cuestión de voluntad”, señaló Miguel Ángel Badiola, presidente del organismo, pues -en otra administración- se había demostrado que sí se podía.
El mismo 28 de agosto, CANIRAC solicitó apoyo de patrullaje a la Policía Federal y demandó la presencia del Ejército en las calles de Tijuana.
Foto: Cristian Torres.- A consulta ciudadana concesión de alumbrado y alza a transporte
Como respuesta, Gastélum envió al secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano, y al secretario de Seguridad, Marco Antonio Sotomayor, a informar que la vigilancia se incrementaría en la Zona Centro, particularmente en Zona Río y el Distrito Gastronómico.
El no dar la cara a sus ciudadanos le valió a Gastélum que al día siguiente, todos los organismos empresariales de Tijuana le publicaran un desplegado con un “¡Ya Basta!”.
Además, para que Tijuana logre ser la “mejor ciudad de México”, como él mismo lo pregona, le demandaron “revisar la estrategia de combate a la delincuencia y las estructuras que la soportan”.
CONSTRUCTORES BUSCAN AMPARO DEL TCA
Al no ser escuchados por el gobierno de Juan Manuel Gastélum, el lunes 28 de agosto, 10 empresas constructoras presentaron una demanda conjunta ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo -TCA- de Baja California, para revocar la convocatoria lanzada por el XXII Ayuntamiento de Tijuana, emprendida para la rehabilitación el Bulevar Cucapah.
De las bases impuestas en la licitación para rehabilitar con concreto hidráulico 7 kilómetros del Bulevar Cucapah, obra presupuestada en 220 millones de pesos, los empresarios de la construcción expusieron en su solicitud de amparo, presentada ante el Tribunal: “Vemos coartado nuestro interés legítimo de participar”.
Explicaron que los requisitos exigidos solo los podía cumplir una sola empresa de Baja California, Constructora Roma S.A. de C.V., dejando fuera al 99 por ciento de las constructoras locales, por lo que la calificaron como proceso de sesgado.
Esta apreciación se la impusieron los constructores al XXII Ayuntamiento de Tijuana, reclamándole la falta de información, a la vez que le pidieron cambiar las bases y abrir la licitación a la participación de todos los interesados. El mutis de Gastélum fue la respuesta.
A mediados de agosto, los constructores locales, afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción -CMIC- de Tijuana y a la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores, impugnaron ante la presidencia municipal, la Sindicatura Procuradora y demás instancias del gobierno municipal, el proceso de licitación iniciado por el Ayuntamiento de Tijuana, el 28 de julio.
Con la impugnación esperaban que el proceso se detuviera y no se diera la apertura de propuestas de las tres empresas que lograron participar, etapa que había sido diferida para el 25 de agosto.
Tampoco tuvieron éxito, el viernes 25 de agosto se dio la apertura de las propuestas, quedando en primer lugar la bajacaliforniana, Constructora Roma, S.A. de C.V., al tasar su proyecto de rehabilitación 154.5 millones de pesos; Constructora Makro, S.A. de C.V., de Sonora, quedó en segundo lugar, con una propuesta de 157.5 millones de pesos; y la constructora de Guadalajara, Cinco Contemporáneo, S.A. de C.V., obtuvo el tercer lugar al cotizar su plan de reparación en 176 millones de pesos.
Al verse ignoradas por el gobierno municipal, 10 empresas constructoras decidieron interponer en conjunto una demanda de amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo este lunes, ahora tratando de evitar que el municipio emita el fallo, “revocando el proceso para que se inicie una licitación abierta a las propuestas y transparente en su desarrollo”, expuso Víctor Escobar, presidente de AMIC.
PETICIÓN DE PLEBISCITO POR TRANSPORTE Y LUMINARIAS
El mismo lunes 28, el Consejo Ciudadano de Organismos Independientes -COCI-, presentó ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, las más de 15 mil firmas de ciudadanos tijuanenses que rechazan el aumento a la tarifa de transporte público y la concesión a particulares del servicio de recolección de basura.
La petición de plebiscito la presentó Carlos Atilano Peña, ex candidato independiente a la alcaldía de Tijuana, ante la Oficialía de Partes del Instituto, argumentando que, tanto el tema del transporte público, como la contratación de una empresa privada para la prestación del servicio de alumbrado público, “son decisiones que se deben tomar a partir de la voluntad popular y no a caprichos o arbitrariedades de los funcionarios que en este momento están al frente del Ayuntamiento”, expuso.
En cuanto al tema del alumbrado, dijo que las autoridades buscar hacerlo un negocio de más de 5 mil millones de pesos, pese a que Tijuana es la ciudad más endeudada a nivel nacional.
Sobre este mismo tema, la Asociación de Ingenieros Constructores de Baja California -AMIC- convocó al alcalde Juan Manuel Gastélum a que les explicará los motivos de concesionar a particulares el servicio de alumbrado y a montos sobrevaluados.
La cita de “El Patas” con los empresarios constructores se fijó para el martes 29 de agosto, cuando Gastélum evitaba dar la cara para no ser cuestionado sobre la situación de seguridad, por lo que justificó su inasistencia argumentando tener que atender “una reunión urgente de seguridad”, lo que para el presidente de AMIC, Víctor Escobar Sánchez, “se entiende, pero no se justifica”. En su lugar, el alcalde envío al tesorero municipal y al secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Ricardo Chavarría y Alejandro Lomelín, respectivamente.
En esa reunión, el tesorero asentó, “concesionar no se considera deuda pública”, e indicó que el Ayuntamiento está dispuesto a pagar 26 millones de pesos mensuales por la concesión de luminarias, lo que representa 312 millones de pesos anuales, que a 15 años sumaría una erogación total de 4 mil 680 millones de pesos. “Las propuestas que rebasen dicha cotización no serán tomadas en cuenta”, subrayó.
Actualmente, el Comité Técnico, integrado por colaboradores del alcalde de Tijuana, elabora las bases de la licitación que el gobierno municipal prevé publicar el próximo mes.
Sobre este proceso, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción -CMIC- presentó, el pasado 25 de agosto, algunas recomendaciones para la elaboración de las bases de la licitación.
En tanto, en dos juzgados de Distrito del fuero federal, se interpusieron dos solicitudes de amparo en contra de la pretensión de Gastélum de arrendar a 15 años y a un costo oneroso, las luminarias de Tijuana.
La Asociación de Comerciantes de Mantenimiento Eléctrico de Tijuana, a cargo de Rolando Escobedo, le ha ofrecido elaborar un proyecto gratis, el cual ha tasado la sustitución total de las lámparas de Tijuana a led en un costo de 600 millones de pesos. El alcalde también los ha ignorado.
REVOCAN RESERVA DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
El martes 29 de agosto, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Baja California -ITAIBC- resolvió ordenar al Ayuntamiento de Tijuana desclasificar la reserva con la que se pretendió ocultar los contratos con Grupo Turbofin, S.A.P.I. de C.V., para el arrendamiento de camiones recolectores.
El Instituto determinó que la clasificación de reserva agravia el derecho a la información de los ciudadanos, por lo que ordenó poner a disposición tanto de los solicitantes de esta información, a quienes se las negó, como de la población en general, el contenido de la carpeta relativa al contrato con Turbofin, S.A.P.I. De C.V. y/o Remolques y Plataformas de Toluca, S.A. de C.V. y/o Muebles y Mudanzas, S.A. de C.V.
De esta manera revocó el acuerdo emitido por el Comité de Información del Ayuntamiento de Tijuana que el 8 de julio, optó por clasificarla por seis meses como información reservada, luego de que ciudadanos solicitaron información sobre el convenio de renta.
El gobierno de Gastélum fue notificado al respecto el miércoles 30 de agosto, dándosele tres días para que cumpla; caso contrario, será objeto de amonestación pública y sanciones económicas que van de las 150 a las 1 mil 500 UMAS -Unidad de Medida y Actualización- al funcionario responsable, el cual tendrá que pagar de su bolsa, anotó el comisionado presidente, Octavio Sandoval López. De no responder, se procederá a sancionar en orden jerárquico ascendente a los funcionarios municipales, anotó.
A estos recursos legales, interpuestos en contra del alcalde de Tijuana, le anteceden una denuncia penal, también por el contrato de renta, así como la petición de un juicio político ante el Congreso del Estado por el mismo tema… Y contando.
PIDEN AL ALCALDE QUE RENUNCIE
Román Antonio Aboytes, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, invitó al presidente municipal a que, “aunque no existe la renuncia, con un poquito de dignidad y un poquito de vergüenza abandone el cargo”, declaró.
“Nos da pena, es vergonzoso, no solo eso, todos somos testigos de que el presidente municipal va sistemáticamente de un error, una falta, una omisión, a otro error, otra falta, otra omisión”.
El diputado del PES, Luis Moreno Hernández, planteó que si el alcalde Gastélum quiere ser recordado como alguien que buscó el bienestar de la ciudad, “el único camino que le queda es renunciar, sólo así puede hacer de Tijuana la mejor ciudad de México”.
El también dirigente estatal del Partido Encuentro Social dijo que “ya no se trata nada más de una cuestión de voluntad política, que esa también la pongo en duda, sino el hecho de que hoy, la ciudad de Tijuana necesita un líder que tenga la capacidad de enfrentar los retos con estrategias, lógica y el acompañamiento de toda la sociedad”, puntualizó.
“Sin embargo, el Alcalde no ha querido, no ha podido o no ha sabido asumir ese liderazgo”, advirtió al recordar que lejos de sumar, “El Patas” se enfrenta contra quienes le exigen resultados como el presidente municipal que es, demostrando una falta total de oficio político.
“Luego de los fuertes posicionamientos de los grupos empresariales, organismos civiles y políticos que al unísono han reclamado mayor seguridad, el Presidente Municipal debe reconocer que ni él, ni su equipo de colaboradores, tienen la capacidad para poder enfrentar los problemas de la ciudad”.
