El Ayuntamiento de Tijuana elevó la estimación del costo de concesión de luminarias a 5 mil 200 millones de pesos, cantidad que pagarán los tijuanenses por un periodo de 15 años de concretarse el proyecto de ceder a una empresa privada la prestación de este servicio público.
De un costo anual estimado anteriormente en 250 millones de pesos por el tesorero Municipal, Ricardo Chavarría Morales, el funcionario la elevó a un promedio de 350 millones de pesos al año, cantidad que incluye pago de consumo de energía eléctrica y el ahorro que significa el reemplazar con tecnología LED 80 mil luminarias.
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Ese monto significa un precio de 65 mil pesos por unidad, 10 veces más caro que el costo real de mercado, de acuerdo a información proporcionada por la Asociación de Comerciantes Eléctricos de Tijuana.
La nueva evaluación del proyecto se realizó al iniciarse esta semana las primeras mesas de trabajo del Comité Ciudadano de Transparencia, constituido formalmente el lunes 31 de julio. A diferencia de la declaración anterior, esta vez la regidora Mónica Vega, coordinadora de los regidores del Partido Encuentro Social -PES-, grabó la declaración de Ricardo Chavarría para evitar que el alcalde los calificara públicamente como mentirosos, “como ya nos llamó una vez”, dijo.
Los ediles Manuel Rodríguez, Jesús Ortiz Ampudia y Mónica Vega conminaron a los ciudadanos a oponerse a la concesión del alumbrado público, vía amparo, al considerar que “sería el peor fraude en la historia de Tijuana y un robo en despoblado”.
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Con la conformación del Comité Ciudadano de Transparencia, “El Patas” ponderó que es su forma de hacer las cosas bien, porque ya “nos hemos tropezado dos veces con la misma piedra, por falta de comunicación, no queremos que nos pase una tercera vez”, señaló en clara referencia a las asignaciones de contratos de renta que otorgó sin consultar ni al Cabildo, ni a la ciudadanía.
No obstante, una vez instalado el organismo ciudadano, el alcalde abandonó la reunión, dejando en su representación a Víctor Álvarez Bórquez, ex coordinadores de asesores del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
Previo al establecimiento formal del Comité, el gobierno de Gastélum, a través del secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, expuso el alto índice delictivo que registra Tijuana, lo cual atribuyó a la falta de iluminación.
Por su parte, Luis García López, director del Instituto Municipal de Participación Ciudadana, dio cuenta de que, en los foros de consulta, una de las principales demandas de la población es el mejoramiento del alumbrado público, para ello hizo una presentación con datos alterados del resultado de la participación ciudadana.
El ex regidor panista basó su presentación en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2016-2019, exponiendo que 1 mil 800 ciudadanos consultados habían demandado alumbrado público, cuando el documento original registró esa petición de 661 ciudadanos, de 4 mil 033 consultados.
El mismo documento indica que las zonas de mayor incidencia delictiva son Zona Centro y Zona Río, “áreas iluminadas, además que los últimos hechos delincuenciales ya sea robo o de alto impacto, se comenten a plena luz del día, sin que haya una correlación entre inseguridad y falta de alumbrado público”, subrayó el regidor independiente Roberto Quijano Sosa.
