“Ya nos saquearon. México no se ha acabado. ¡No nos volverán a saquear!”, dijo el 1 de septiembre de 1982, en su último Informe de Gobierno, el ex Presidente de la República, José López Portillo, mientras culpaba a banqueros, empresarios y a todos los que podía, del quebranto financiero del gobierno, la pobreza social, el endeudamiento, la inflación y todas las terribles consecuencias que trajeron la serie de decisiones autoritarias, corruptas y/o poco transparentes que ejecutó durante su sexenio.
Amable Lector, desafortunadamente es seguro que le resulta familiar, muy cercano y presente, eso de un gobernante tomando decisiones dictatoriales, abusando de sus mayorías en congresos o cabildos, esas acciones-inversiones con recursos públicos que se ordenan con poca o nula exposición de fundamentos y justificaciones sólidas.
Decisiones que por la cantidad de recursos públicos que gastan o pretenden invertir, en comparación con los precios del mercado real -menos cuantiosos-, evidencian un alto grado de incompetencia en el manejo financiero, o lo que es peor, corrupción.
Recordamos al ex mandatario priista López Portillo y su dramática frase, en primer lugar por el afán unilateral del alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, por privatizar los servicios que su gobierno está obligado a proporcionar, y después, por su aparente falta de habilidad financiera al elegir proyectos que resultan más costosos.
Con este munícipe apodado “El Patas”, primero fue la renta con sobreprecio de camiones de basura, seguida de la renta de patrullas en similares condiciones y ahora la concesión del alumbrado público, tema este último que agotó la paciencia de la sociedad organizada porque el erario tijuanense ha sido despojado en más de una ocasión en los últimos ayuntamientos, y todo indica que algunos representantes de la sociedad realmente no quieren permitir un nuevo saqueo.
Primero el Ayuntamiento encabezado por Carlos Bustamante (2010-2013) concesionó a Industrias Sola Basic, SA de CV, la compra e instalación de 63 mil 400 lámparas por 144.4 millones de pesos, para que la siguiente administración denunciara -en enero de 2015, previa investigación- un daño patrimonial de 160 millones de pesos (salieron más caras), por ese contrato sesgado.
Después el alcalde Jorge Astiazarán (2013-2016) decidió no litigar por el daño a los recursos públicos, y de nuevo usando como justificación las permanentes deficiencias del servicio, contrató con la empresa Cel Sol, SA de CV, lámparas más caras que las de su antecesor y que no cumplen con la Norma Oficial Mexicana 031-2012; fueron 90 millones de pesos por compra e instalación de 6 mil 800 luminarias, eso sí, de tecnología LED.
Ahora, más de 250 millones de pesos después, las deficientes condiciones del servicio de luminarias sigue siendo la excusa para que el nuevo alcalde panista Manuel Gastélum, también se declare incompetente para cumplir una de las obligaciones para las que fue electo, y con apoyo de la mayoría del Cabildo, apruebe licitar oootra concesión, con sobreprecio en materiales, servicios y, por tanto, más costosa que las anteriores.
Su proyecto es suplir y dar mantenimiento a 80 mil luminarias -incluidas 70 mil que ya habían cambiado los dos anteriores alcaldes-, en un contrato por 15 años, empeñando el impuesto de alumbrado por los siguientes cinco ayuntamientos.
En un contrato que le dará a la empresa ganadora, dijeron primero 250 millones de pesos al año, un promedio de 3 mil 750 millones de pesos al concluir la concesión. Sin embargo, de manera más reciente y sin razón aparente, hablan de 350 millones de pesos al año, lo que resultaría en 5 mil 250 millones. Una diferencia de mil 500 millones de pesos que no han explicado.
Pero además, en el colmo de la ineptitud o corrupción financiera, Gastélum y su gente decidieron hacer las cosas al revés y solitos, establecer costos con sobreprecio en sus estimaciones financieras, y hacerlo sin tener -o por lo menos sin presentar- un proyecto ejecutivo. Ante la ausencia de transparencia, pareciera que el Ayuntamiento gastelumista, optó por decir voy a gastar mínimo 3 mil 500 millones y comprometer los recursos de los siguientes cabildos, para que los licitantes inflen sus costos cuánto puedan, y eso definitivamente no es correcto. Grupos empresariales, abogados y particulares que han manifestado pública y legalmente su oposición, coinciden que dos licitaciones después, el servicio sigue siendo pésimo y las autoridades han sido inútiles en satisfacerlo, es evidente que hace falta hacer algo al respecto, pero exigen, como el resto de la ciudadanía, que se haga de la forma correcta: legal, eficiente, a precios reales y con la menor afectación a los recursos públicos.
De manera resumida, exigen que los gobernantes no hagan negocios, reclaman transparencia y participación ciudadana, establecer un comité pero con facultades suficientes, que pueda dar puntual seguimiento desde las bases, la licitación, el desarrollo del mismo, los cambios que se aprueben y la supervisión de la calidad de los trabajos.
Ahora es cuestión de esperar que Juan Manuel Gastélum recuerde que no llegó a la alcaldía a hacer negocios o a facilitárselos a sus amigos en el Gobierno del Estado que lo hicieron candidato. Que se deje de comentarios corrientes y tome una decisión basada en su investidura, que lo obliga a buscar el beneficio general y optimizar la hacienda pública. Que se gane ese respeto que reclama.
