Preocupados, algunos integrantes y/o choferes del Sindicato de Taxistas Económicos de Baja California CROC -con más de mil permisos, aseguran sus cabecillas-, los mal afamados taxis amarillos, informan a ZETA que quisieran que los usuarios del servicio, los tijuanenses en general y los turistas, entiendan que no todos son delincuentes, golpeadores, agresores, y que la gran mayoría depende de esa fuente de ingresos para dar de comer a sus dependientes.
Otros más, de manera incógnita suplicando que su identidad sea protegida porque afirman que temer no solo de que se les quite el trabajo, sino por su integridad física; piden que se haga constar públicamente que sus líderes Manuel Zavala y Óscar Morales Barrón los obligan a participar en acciones violentas, incluso a “desdecirse” de declaraciones anónimas, so pena de ser retirados de la actividad con la que llevan sustento a sus familias.
Aseguran ser extorsionados y amenazados, pero a la hora de tomar un paso legal, deciden seguir siendo parte del problema y no encuentran en su interior lo necesario para denunciarlos o enfrentarlos públicamente. Cada quien sus intereses, sus necesidades, sus demonios y sus miedos.
La madrugada del 1 de julio, cinco jóvenes fueron agredidos por choferes de taxis amarillos, los muchachos que terminaron en el hospital grabaron el ataque, subieron el video a internet y se hizo viral, pero este comportamiento amafiado y criminal de algunos de los integrantes y los líderes de este gremio, no es nuevo. Y no hay equivocación en los términos aplicados, de acuerdo a la Real Academia Española, una mafia es un “grupo organizado que trata de defender sus intereses sin demasiados escrúpulos”, y un crimen, “acción voluntaria de…”, en este caso “herir gravemente a alguien”.
Taxis libres, Ticketón y Uber, sus usuarios y las 20 víctimas de agresiones que han denunciado en lo que va de 2017, solo son los afectados más recientes, pues en la historia de Tijuana existen múltiples ejemplos de este comportamiento de pandilla delictiva.
Durante dos décadas prácticamente, en diferentes temporadas, camiones y camionetas de transporte de turistas han sido como mínimo apedreados y los residentes de Tijuana lo recuerdan.
La estrategia de defensa siempre ha sido la misma, se ha convertido en una costumbre, prácticamente una burla, que el líder salga a deslindarse de esos actos vandálicos que sus agremiados aseguran -anónimamente-, él ordena. Y en términos de lógica, la permanencia y consistencia en este tipo de acciones a lo largo de los años, después de que los choferes “mal portados” fueron corridos, son evidencia e indicativo de la complacencia y participación de la dirigencia.
Han sido responsables de cometer los delitos de lesiones, daños en propiedad ajena, amenazas, siempre protegidos por autoridades cómplices, omisas o inútiles. Los permisos para otorgar el servicio le han sido renovados.
Los hechos muestran que los cabecillas de este gremio consideran que el pagar 480 mil pesos anuales por derechos de línea amarilla los hace dueños de las voluntades de todos los posibles usuarios de transporte en la zona de la garita de San Ysidro -y sus 32 puntos en la ciudad-, quienes creen, deben estar dispuestos a costear sus onerosas tarifas.
Pero no importa cuánto paguen, no hay dinero ni cuota que alcance para que el líder -en acción u omisión- y algunos de sus agremiados, crean tener el derecho de atacar, amenazar y poner en riesgo la integridad física y patrimonial de otros ciudadanos.
Con esa actitud agresiva llegaron el martes 11 de julio a las oficinas de ZETA, a gritos pretendieron coartar la libertad de expresión de los choferes que no están de acuerdo con la administración de sus actuales líderes, del sindicato los citaron el día anterior a las nueve y les dijeron que debían acudir a las oficinas del semanario a declarar que eran fieles seguidores de su cabecilla Morales.
Sin permiso, grabaron video en las oficinas de ZETA, que son propiedad privada, y amenazaron con subirlo a las redes, en el grupo estaba el líder Manuel Zavala, quien el 4 de marzo fue detenido por la Policía Estatal en posesión de dos cigarros de marihuana y 5.5 gramos de cocaína, que vociferó en contra de la reportera que los atendía.
Al señor Zavala y al resto de los integrantes del gremio de los taxis amarillos, solo a los que tiene como regla el comportamiento amafiado, les informamos que durante 37 años ZETA ha debido enfrentar múltiples intentos intimidatorios, de gobiernos y de narcotraficantes, las amenazas de personas que se comportan como delincuentes no nos han detenido antes y no nos van a detener ahora.
Como corresponde a nuestro trabajo, seguiremos dando cobertura a la información de su gremio y su relación con la concesión de servicio público. Se continuará buscando la versión de los líderes y, aunque no les guste a los señores Morales y Zavala, se le seguirá dando espacio a los choferes que no están de acuerdo con la forma en que los cabecillas hacen las cosas, porque esa es función de un medio de comunicación, darles cabida a todas las voces, sean dominantes o sean disidentes.
