El Sistema Educativo Estatal (SEE) y el DIF son las entidades públicas que más violentan los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, declaró la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Melba Adriana Olvera Rodríguez, durante un foro estatal de derechos de la infancia realizado el martes 25 de abril.
En lo que va del año han sido presentadas 78 quejas por violaciones a derechos de la infancia, 58 tienen que ver con el SEE y 5 con DIF; según la “ombudsperson” estatal, la mayoría de las quejas están presentadas por “prestar indebidamente el servicio” ya sea educativo o de protección infantil.
Recientemente la CEDH emitió la recomendación 4/2017, que conjunta omisiones de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, que preside Consuelo Luna Pineda, y del SEE, que condujeron al asesinato del menor Usiel Alejandro Jiménez Hipólito a manos de su padrastro. Sobre el seguimiento a la recomendación de la CEDH, Pineda dijo que sí se atiende y se da seguimiento en mesas de trabajo en la que la Comisión participa como observadora.
En el caso particular del ámbito educativo, Olvera Rodríguez explicó cómo algunas de las quejas tienen que ver con autoridades escolares que son incapaces de erradicar el acoso escolar al interior del centro educativo, aunque las propias víctimas lo reporten.
Asimismo resaltó que algunos menores se han acercado a las instalaciones de la CEDH a presentar sus quejas, y otros han manifestado sus inquietudes en los talleres que el organismo protector de derechos humanos lleva a cabo directamente en las escuelas.
A lo largo del 2016 fueron presentadas 262 quejas por violaciones a derechos humanos de infantes, la mayoría de ellas en Tijuana y Mexicali y siendo el SEE más denunciado ante la CEDH.
Luna Pineda informó que en lo que va de 2017 un total de 404 niños bajacalifornianos han sido puestos bajo resguardo de DIF estatal, la mayoría de ellos porque sus tutores son negligentes en su cuidado: se presentan malas condiciones de higiene, salud o nutrición. En menor medida se registran lesiones físicas y/o sexuales en los menores.
La funcionaria anotó que esa cifra no representa un incremento respecto al mismo periodo de 2016, pero tampoco una reducción.
De los casos recibidos al interior de DIF estatal, en el 65 por ciento hay consumo de estupefacientes involucrados en los padres de familia, ello se determina gracias a los exámenes antidopaje que realiza la dependencia. Actualmente, hay 450 menores resguardados en los albergues administrados por la dependencia.
