Mientras el joven Brandon recupera la voz y pide que lo ayuden a volver a caminar, la empresa Altisa sigue sin asumir su responsabilidad del accidente del 12 de octubre de 2016, en el que murieron 6 personas y hubo 11 lesionados; comprobada la operación irregular de la unidad 290 siniestrada, ninguna autoridad ha sancionado u obligado a la empresa a responder, la cual sigue operando unidades sin pólizas de seguro, ni revisiones mecánicas, exponen los propios choferes. Dirección de Transporte no descarta que esto ocurra, “pero no tenemos evidencia”
“Extraño jugar futbol, andar en la calle, sacar a pasear a mis perros”, expresó Brandon.
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Luego de 168 días de silencio obligado por la traqueotomía que le fue practicada tras el accidente que sufrió y que casi lo deja cuadripléjico, Brandon Morelos Hernández recuperó su voz esta semana.
Sin movilidad en su extremidad inferior y en su brazo derecho, el joven de 18 años compartió con ZETA sus primeras conversaciones: “Me siento triste, pues mi vida cambio mucho”.
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Él desea volver a sus estudios de preparatoria, ser chef profesional y alberga la esperanza de volver a caminar.
Pero sin recursos económicos, su familia no tiene la posibilidad de buscar una segunda valoración médica, adicional a la atención recibida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Con sacrificios, los padres de Brandon apenas han logrado comprar equipo y medicamentos que el Instituto no ha proporcionado al joven.
Siendo pasajero de una unidad de transporte público concesionada por el Ayuntamiento de Tijuana, la atención de Brandon tendría que ser respaldada por una póliza de seguro de gastos mayores.
Lejos de ello, Altisa ha evadido su responsabilidad, al no indemnizar al joven ni a la mayoría de las 17 víctimas del fatal accidente, incluido el chofer del camión, Pedro Torres Quintero, quién falleció y se le responsabilizó del percance.
La unidad 290 no es la única que ha operado sin póliza de seguro, o que no es revisada mecánicamente por la Dirección de Transporte Municipal, lo admite Javier Salas, director de la dependencia, quien no garantizó que en la actualidad no circulen vehículos de transporte público en las mismas circunstancia que lo hiciera la calafia siniestrada.
Y aunque asegura que realiza operativos contantes para evitar esa irregularidad, los propios choferes de Altisa compartieron a ZETA que no todos los camiones cuentan con seguro para pasajeros, particularmente las que operan en la periferia.
De la verificación que la Dirección de Transporte debiera efectuar del estado que guardan las unidades, anotaron los conductores que pidieron el anonimato por temor a represalias, “ningún camión va a revisión mecánica, van ellos –los representantes de la empresa- con paquetes para que sean firmados”.
Pedro Zamorano, representante de Altisa, negó la aseveración de los choferes de su empresa, pero no comprobó lo contrario; vaya, ni siquiera pudo acreditar que la unidad 290 contaba con póliza de seguro o documento alguno que mostrara un permiso de circulación vigente el fatídico 12 de octubre de 2016.
En defensa de Altisa, Zamorano aseveró, “hasta ahorita ninguna autoridad nos ha requerido como responsables, ni del municipio ni del Ministerio Público”.
En efecto, a pesar de las evidentes irregularidades que pueden ser causal de sanciones administrativas por parte de la autoridad municipal, e incluso hasta la revocación de la concesión, ni el gobierno de Jorge Astiazarán, ni el de Juan Manuel Gastélum han actuado contra la firma de transporte.
Más aún, el 17 de noviembre de 2016, a poco más de un mes del accidente y en el momento en que las familias de las víctimas reclamaban justicia para que la empresa fuera sancionada y ellos indemnizados, el Ayuntamiento de Tijuana liberó a Altisa un permiso con el que regularizó una unidad de transporte público con el número 290, para reemplazar la calafia siniestrada, el cual había sido requerido 2 días antes.
El accidente
Alrededor de las 2:20, Brandon Morelos abordó el camión tipo panel de la ruta de Ke Casas, la única que llega hasta el fraccionamiento Palma Real, en donde vive con sus padres.
Después de ello no recuerda nada más hasta que despertó en su casa y se encontró postrado en una cama sin poderse mover, hecho que dice “no me sorprendió, no sé por qué”.
Además de Brandon, la calafia transportaba a 15 pasajeros más antes de impactarse contra un camión del servicio público sin número económico, propiedad de la empresa Auto Transportes Salmantinos, S.A. de C.V., cuando circulaba por la Avenida García –vialidad de 2 carriles, uno por sentido- en dirección de norte a sur. “Iba a exceso de velocidad e invadiendo el carril contrario, impactándose y provocando el choque…”, se lee en el reporte técnico de Tránsito1242/OI/2016, informe policial homologado y en el de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado –PGJE-, de acuerdo al testimonio de los testigos que sí recuerdan el evento.
La panel de pasaje era conducida por Pedro Torres Quintero, de 45 años de edad, quien falleció en el evento y a quién se le culpó del percance por el cual también murieron 5 personas: Vianey Cornejo González, Rogelio Leopoldo Rivas Guerrero, María Julieta Jiménez Sarmiento, Carmen Leticia Tovilla Gallegos, José Arturo Chávez Barajas, de 9 meses de edad.
Pide lo ayuden a caminar de nuevo
Y 11 pasajeros resultaron lesionados: Martín Peralta Castillo, Julio César Rubio Encinas, José Eduardo Tovilla Gallegos, Manuel Diarte Vázquez, Rosario Raquel López Reyes, Víctor García Paredes, Brigitt Sujey de León Pérez, Carlos Alberto Escamilla López, Brandon Morelos Hernández, Juan Adrián Contreras Pale y una persona más cuya identidad no se dio a conocer.
Unidad irregular
Desde el inicio de la investigación del accidente se detectó que la unidad Mercedes Benz Splinter, tipo panel, modelo 2006, con número de serie WD3YD54346R9521, circulaba con un permiso provisional sin número, expedido a las unidades de prueba, por Vialidad y Transporte Municipal.
Al ser requerida la empresa para que atendiera los gastos funerarios y la atención médica de los lesionados, representantes de Altisa se apersonaron con solo algunas de las familias de las víctimas. A los deudos de los fallecidos les ofrecieron solo “apoyar”, pero si accedían a la cremación, algo que la familia del bebé José Arturo no aceptó.
En el caso de los lesionados, a menos de la mitad les “cooperó” con el gasto de algunos medicamentos y les ofreció cantidades menores, siempre y cuando firmaran un documento que eximía a la firma de responsabilidad. “Por eso mi familia no aceptó los 500 pesos que les ofrecía Altisa cuando yo estaba hospitalizada”, refirió la señora Rosario Raquel López.
Cuando las víctimas reclamaron a Altisa ser indemnizadas, la empresa responsabilizó a Qualitas, sosteniendo que la unidad 290 contaba con una póliza contratada con esa aseguradora.
Qualitas confirmó que la unidad 290 de Altisa sí contaba con la póliza 0002973418, pero esta correspondía a una panel de servicio de transporte público modelo 2017, con número de serie WD3YE8A98HP269330, modelo distinto al que causó el accidente del 12 de octubre de 2016.
Más aún, la póliza en mención fue contratada 13 días después del trágico percance, con una vigencia del 25 de octubre de 2016, al 25 de octubre de 2017. En la Dirección de Transporte, la unidad fue dada de alta el 17 de noviembre de 2016.
Sin acción penal…ni civil
La unidad de investigación de la PGJE decretó el 8 de marzo de 2017 el no ejercicio de la acción penal del caso 0204-2016-16589, toda vez que el inculpado por el accidente, el chofer Pedro Torres Quintero, falleció.
Ordenó se remitiera la carpeta de investigación al Archivo Definitivo como asunto total y definitivamente concluido, debiéndose notificar a las víctimas o los ofendidos la resolución en la que determinó el no ejercicio de la acción penal a favor del imputado Pedro Torres Quintero por la comisión del delito de lesiones por culpa, daño en propiedad ajena culposo y homicidio por culpa. No obstante, el caso no está cerrado, sostiene la PGJE.
Jose Arturo Chavez
En tanto, la Dirección de Vialidad y Transporte del XXII Ayuntamiento de Tijuana informó al Ministerio Público que los responsables de la reparación del daño causado es la compañía de seguros Quálitas.
Del caso 0204-2016-16589, Javier Guadalupe Salas Espinoza, director de Transporte, respondió el 15 de marzo de 2017 lo siguiente: Que “la empresa Autotransportes Urbanos y Suburbanos Libres de Tijuana Baja California S.A. de C.V. (Altisa) cuenta con registro revalidado mediante acuerdo de Cabildo de fecha 18 de febrero de 2016…”.
En términos de lo dispuesto por el artículo 98, fracción XVIII del Reglamento de Transporte Público para el municipio de Tijuana se establece, “es obligación del concesionario o permisionario de servicio público contratar y mantener siempre vigente para cada unidad las Pólizas de Seguros de Cobertura amplia para proteger a los pasajeros en su integridad física y contra daños”.
El monto para cubrir cualquier siniestro que afecte a los usuarios, debe ser suficiente “que garantice la atención médica y hospitalaria de todos los pasajeros, dicho seguro también deberá cubrir los daños que la unidad de transporte pueda ocasionar a terceros”.
Pero sin dar cumplimiento a la normatividad, ni José Luis Hernández Silerio, a quién le tocó atender este caso por estar a cargo de la Dirección de Transporte en XXI Ayuntamiento, ni Javier Salas, actual titular de la dependencia, han hecho valer la normatividad municipal.
Salas afirma que en los archivos de Transporte no hay documento alguno que dé cuenta de la expedición de un permiso temporal para que la unidad circulara. Para expedir esa licencia el reglamento obliga a requerir la copia de la factura, original de la póliza de seguro, requisitos básicos inexistentes, “hechos que se remitieron a Sindicatura”, asentó.
Al recordarle al funcionario que el reglamento marca que puede haber sanciones administrativas contra las concesionarias de transporte público que incumplan con la normatividad, éste respondió:
“Puede haber el inicio de un procedimiento de cancelación de concesión cuando ya hay una sentencia condenatoria, necesitaríamos en este caso esperar a que haya una sentencia condenatoria para iniciar el procedimiento de cancelación de la concesión de la empresa”.
Y agregó: “Yo he estado requiriendo a la empresa para que se solidarice con las víctimas del accidente y se haga responsable solidario, los directivos de la empresa me han manifestado de que acudirían, porque es la instancia a la que tienen que recurrir, ante el Ministerio Público, que es con quien tienen que responder”.
Entrevistado por ZETA, José Luis Hernández Silerio, dijo que del camionazo en el que murieron 6 personas y 11 resultaron lesionadas “no lo recuerdo a detalle, pero se hizo lo que se tenía que hacer –como autoridad- y se remitió a Ministerio Público, que es la autoridad que debe resolver”.
“El asesino anda suelto”, mamá de Brandon
Más allá de la responsabilidad del conductor del camión que causó el accidente, por formar la unidad parte de la flotilla de una empresa concesionada, “existe una responsabilidad administrativa que la autoridad correspondiente, en este caso el municipio, debe hacer valer”, informó el abogado Armando Atilano.
Caso contrario, advirtió, existe una omisión que se debe sancionar.
Y aunque Azucena Hernández, mamá de Brandón, considera que “Altisa es un monstruo, no le vamos a ganar, muestra de ello es que no le han hecho nada”, interpuso, junto con otros afectados, una demanda en contra de la firma.
Rosario Raquel Lopez
“No me interesa el dinero, lo que quiero es justicia, no se vale que una empresa con tanto recursos ande matando gente operando unidades sin seguro, ni permisos ni nada, porque no es el primer accidente, éste es el más grande, pero ha habido otros accidentes y sigue dando servicio sin aseguranza, sin papeles, sin nada”.
Claudio y Azucena, esperan que con una operación y terapias adecuadas su hijo logre movilidad en sus piernas, por eso aceptan la ayuda que la gente les pueda proporcionar a la cuenta Santander 60-57522520-5, a nombre de la señora Azucena Hernández.
“Hasta el momento hemos salido adelante gracias al apoyo de la gente, porque ni Altisa, ni ninguna autoridad nos han atendido”, se dolió la madre.
Brandon, por su parte pidió: “Ayúdenme a caminar, quiero estudiar, volver a mi escuela, al Cecyte La Presa, jugar futbol…Quiero recuperar mi vida de antes”.
