Identificado por autoridades de México y Estados Unidos como cabecilla del tráfico de drogas entre Tijuana y San Diego, Octavio Leal “El Chapito” ha sido detenido en tres ocasiones, la última por homicidio, del que se declaró inocente, y en el cual el Ministerio Público no tiene ni señalamiento directo, ni testigos
A Octavio Leal Hernández “El Chapito”, “El Lucas” o “El Chapo”, identificado por autoridades del Grupo Coordinación desde 2012 como lugarteniente en células del crimen organizado que operan en Baja California, lo recapturaron por el delito de posesión de armas el viernes 10 de marzo de 2017, recuperó la libertad el lunes 13 del mismo mes, y minutos después lo reaprehendió el Ministerio Público del Fuero Común por robo de vehículo y homicidio.
El domingo 19 de marzo alrededor del mediodía, cuando venza el término de la extensión solicitada por sus abogados, encabezados por el licenciado Bernabé Diego Meléndrez Márquez, en el caso de homicidio, es muy probable que recupere su libertad sin cargos. Esta posibilidad fue explicada desde la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, bajo dos premisas:
- Los detenidos en el homicidio que se le imputa no lo señalaron directamente de ordenar la muerte.
- El principal testigo en su contra en dicho expediente está muerto.
Al final dependerá del criterio de la juez Fanny Martínez Reyes, si considera que los elementos existentes y de los que incluso la fiscalía desconfía, son o no suficientes.
Colocado en el organigrama delictivo por autoridades de México y Estados Unidos como jefe de célula criminal- primero con el Cártel Arellano Félix, después con el Cártel de Sinaloa y luego como independiente-, el nombre y el apodo del “Chapito” Leal Hernández salió a relucir en investigaciones de ambos lados de la frontera. Por eso el 26 de abril de 2012 fue detenido por elementos del Ejército, pero con información proporcionada por autoridades antidrogas norteamericanas.
Sin embargo, tres años después, el 17 de abril de 2015, un juez federal lo declaró inocente de todos los cargos por falta de elementos, y recobró su libertad por orden judicial. En aquel momento se había detonado una nueva ola de homicidios que el Consejo Estatal de Seguridad atribuyó al regreso de Leal a Baja California, y después aseguraron, abandonó la entidad.
LA RECAPTURA DE LA PEP
Elementos del grupo coordinado de seguridad detectaron la presencia de Octavio Leal en Tijuana desde hacía aproximadamente tres meses, pero no pudieron ubicarlo rápidamente aunque estuvieron enterados de sus transacciones, sus contactos con familiares, mujeres y otros sujetos.
“Se presume inocente, mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial. Art. 13, CNPP”
“Se movía mucho”, explicaron, “no dormía en un solo lugar, se trasladaba entre el fraccionamiento Agua Caliente, las inmediaciones de la calle Benton y la colonia Cacho”. Con una orden de orden de aprehensión vigente desde 2010, en las últimas semanas lo estuvieron buscando como “objetivo prioritario”, sin éxito. Recibían información aislada y tardía.
La información contenida en el Informe Policiaco Homologado (IPH), indica que mientras elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) realizaban patrullaje en la colonia Cacho, fueron interceptado sobre la calle Colombia por una mujer de 35 años, de estatura y peso promedio, que se negó a firmar su denuncia, pero les informó que en la misma vialidad acababa de ver a un pick-up gris, les proporcionó el número de placas y aseguró que dentro del carro vio a cuatro hombres armados.
Los uniformados intervinieron el auto descrito; lo encontraron en la Avenida Colima esquina con Colombia, dentro estaba Octavio Leal, acompañado de Carlos Jiménez, Alberto Hernández y Guillermo Santillán, ex policía comercial de Tijuana, a cada uno de estos hombres le encontraron un arma corta en el cuerpo, y en la parte media del auto, a la vista, dos fusiles.
Datos extraoficiales indican que tras realizar el operativo, los agentes de la PEP se dieron cuenta que dos hombres en dos vehículos más se acercaban peligrosamente, asumieron que para proteger a Leal, y para evitar una balacera en lugar público, también fueron intervenidos.
El sábado 11 de marzo, a través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública informó: “Tras varias horas de trabajo y una extensa investigación, la Policía Estatal Preventiva (PEP) y el Ejército Mexicano, capturaron a Octavio ‘N’, alias ‘El Chapito Leal’, junto a 6 individuos más, quienes al parecer conformaban un grupo del crimen organizado posiblemente responsable de actos de violencia en Tijuana, además de delitos de narcotráfico.
“Los detenidos -El Chapito y tres sujetos a quienes no les encontraron antecedentes delictivos- pretendían abordar un pick up Nissan Frontier donde se encontraron cuatro armas de fuego cortas, dos armas tipo fusil semiautomático, cargadores y cartuchos de diversos calibres”.
Posterior al operativo, reportaron la detención de otros tres hombres en la colonia Las Brisas. “Dichas personas fueron capturadas en un vehículo cuando transportaban 5 armas largas, 1 sub ametralladora, cargadores, cartuchos, más de 2 kilos 800 gramos de marihuana y 1 kilo 300 gramos de ice”, resume el escrito.
SEGUNDA LIBERTAD Y TERCERA APREHENSIÓN
Una vez presentados ante la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio Público federal formuló cargos contra Leal y sus tres compañeros por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. A través del IPH de la Policía Estatal Preventiva habían sido informados que al correr el nombre de Leal en la base de datos nacional, había resultado con dos órdenes de aprehensión pendientes en el fuero común de Baja California, por lo cual decidieron notificar a la PGJE.
De hecho el Ministerio Público federal pudo liberarlo y seguir el proceso, pero decidieron presentarlo el lunes 13 de marzo, para que fuera el juez de acuerdo a los criterios de oportunidad y las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales que no indica como obligatoria la cárcel para este tipo de delitos, quien lo vinculara a proceso y lo liberara, a condición que acuda a firmar periódicamente por el tiempo que se extienda el juicio.
“El Chapito” y sus acompañantes fueron dewtenidos en la avenida Colima esquina con calle Colombia en la colonia Cacho
En el caso de Leal no aplica la reincidencia, pese a que en 2012 fue detenido en posesión de dos fusiles, dos pistolas, 12 cargadores y 243 cartuchos; al final fue exonerado de todos los cargos.
Fue el mismo lunes cuando la PGJE dio cuenta de la recaptura, por las órdenes de aprehensión pendientes en el Estado. Ambos expedientes pertenecen al viejo sistema penal.
Son dos averiguaciones abiertas, una por robo de vehículo, que fue la primera en atenderse y notificarse, Leal fue presentado ante el juez de manera inmediata y decidió reservarse.
ACUSADO DE HOMICIDIO DE “EL CHENTE”
La segunda averiguación se notificó hasta la mañana del martes 14 de marzo, fecha en la cual “El Chapito” se presentó ante la juez del décimo penal local, Fanny Martínez Reyes, Leal aseguró desconocer el tema y la muerte de la que se le habló; respecto al Ministerio Público, su abogado solo espera el vencimiento del término -mediodía del domingo 19 de marzo- para que les notifiquen lo conducente.
La acusación de homicidio contra Leal está consignada en el expediente 24/2011, fue el 18 noviembre de 2011 cuando tres hombres presentados como sus empleados y cómplices criminales, fueron detenidos y responsabilizados de por lo menos ocho asesinatos: de un sujeto desconocido el 4 de septiembre de 2010 en la colonia Amparo Sánchez; Teresa Bojórquez el 27 de octubre de 2010 en la colonia Arboledas; dos hombres el 1 de noviembre de 2010 en Terrazas del Valle; Alberto Rojas el 13 de noviembre de 2010, también en Arboledas; Alejandro Rivera el 9 de noviembre de 2010 en la colonia Santos; además de Ángel Santiesteban Flores, a quien intentaban colgar del puente de Valle Bonito en el Corredor 2000, pero como se resistió, le dispararon.
El único homicidio por el que se ejecutó orden de aprehensión a Octavio Leal, fue el de Vicente Pérez de la Cruz alias “El Chente” -averiguación previa 543/10/201-, cometido el martes 16 de noviembre de 2010, cuyo cuerpo fue localizado en un lote de la calle Ignacio Allende de la colonia División del Norte. Le dispararon con una pistola calibre .380 y murió en el Hospital General.
Los presuntos empleados delictivos de Leal detenidos ese 18 de noviembre fueron: Juan Carlos Zúñiga Mújica, Juan Carlos Ojeda Magdaleno y Juan Gerardo Rodríguez Hernández, alias Juan Macías Huerta, Juan Cubillo Madrigal “El Gory”. Los dos últimos confesaron que pertenecían a una célula dedicada “al ajuste de cuentas secuestros y homicidios”, en la cual también estaba incorporado Ernesto Villalobos Estrada “El Güero Trompas”, que ellos recibían órdenes de José Danilo Amador Higuera, alias Rodolfo Amador Higuera “El Danilo” y de Ernesto Morales Torres “El Malverde”, pero el jefe de todos era “El Chapito” Leal.
De “El Chente” dijeron lo asesinaron porque “… vendía droga para otro grupo del Cártel Arellano Félix y él había trabajado para Sinaloa, pero volteó bandera”.
Explicaron que recibían órdenes del “Chapito Leal y que los jefes de éste se encontraban en Sinaloa. Según la declaración, “El Chapito” tiene de jefe de sicarios “al ‘Danilo’, quien es quien nos entrega las armas y nos dice quién va a ser la víctima, nos proporciona las armas y nos lleva ‘El Gory’ y ‘El Pelón’ a que ejecutemos a la gente y luego nos sacan del lugar.
“Asimismo, sabemos que hay más gente que se encarga de puntear y avisar que no venga la Policía y otros que cuidan a la gente que levantamos en las oficinas. Pero esas son otras células que reciben órdenes del ‘Chapito’, nuestro jefe. Nosotros nomás somos la célula encargada de ajustar gente, chapulines, matar y levantar. Lo demás lo hacen otros. Y por eso nos pagan 3 mil pesos a la semana”.
Después hablaron de homicidios en el Bulevar 2000, en la colonia Las Huertas, la Buenos Aires y Arboledas, “todos eran chapulines” (que van de un cártel a otro), justificaron.
El martes 14 de marzo de 2017, la juez del décimo penal fue informada de los cargos, y que en el expediente 24/2011 que dio origen a la orden de aprehensión contra Leal, el principal testigo, Juan Gerardo Rodríguez Hernández, alias Juan Macías Huerta y/o Juan Cubillo Madrigal “El Gory”, estaba muerto.
Los operativos de seguimiento se hicieron en otras zonas incluidas Las Brisas
Que al ser detenido otro de los presuntos cabecillas del grupo de Amador Higuera “El Danilo”, se reservó y negó los hechos. Que a pesar que los detenidos señalaron a Leal Hernández como jefe máximo del grupo, ninguno declaró haber recibido de él la orden de matar a “El Chente”, de hecho dicen que la orden la dio “El Malverde”.
Cuando supo los señalamientos en su contra y quiénes lo acusaban, Octavio Leal Hernández dijo desconocer los hechos que se le imputaban, que nunca había participado en ningún acto criminal, que él trabaja horadamente y no tiene apodos, además, designó a Bernabé Diego Meléndrez Márquez como su abogado.
ANTECEDENTES: LA PRIMERA DETENCIÓN DEL EJÉRCITO
El 26 de abril de 2012, “El Chapito” fue detenido por elementos militares en una casa de la Avenida Clavel, Privada de las Fuentes del fraccionamiento Agua Caliente, estaba solo y en su auto encontraron 181 kilos de marihuana en varios paquetes, dos fusiles calibre 7.62 por 39; dos pistolas Colt, una calibre 10 milímetros y otra 38 súper; además de 243 cartuchos y 12 cargadores. Se supo que le pidieron u ofreció dinero por ser liberado y su cuñado, Luis Contreras, llegó con 29 mil dólares para pagar por la libertad de Leal; también fue detenido.
De sus dichos en la primera entrevista cuando estuvo detenido, informó que ya no estaba vinculado el Cártel Arellano Félix ni a la célula criminal de los Sillas Piña y Sillas Rocha, con quienes estuvo en 2010 por protección, “porque se había enemistado con Alfonso Arzate ‘El Aquiles’ por un tema de faldas”. También dijo temía por su vida en relación al hermano del “Aquiles”, René Arzate “La Rana”. Que movía droga, compraba a un sujeto llamado Francisco y la cruzaba a Estados Unidos con apoyo de otro hombre al que identificó solo como “El Charly”.
En aquel momento, la PGJE reportó que Leal tenía orden de aprehensión por el asesinato de Kevin Alejandro Lara Tamayo, sucedido el 24 de agosto de 2006 y consignado en la averiguación previa 560/06/20F/AP, de la que no se supo más.
Policía tijuanense detenido por venta de droga en SD no saldrá bajo fianza
El agente municipal Jesús Huante Mondragón, quien el 7 de marzo fue detenido en posesión de tres kilos de metanfetamina en San Diego, enfrentará el proceso penal en prisión, luego que el juez determinara que al no ser residente de California, corre el riesgo de huir.
Aunque en un principio la fiscalía solicitó se le fijara una fianza de 500 mil dólares -en California toda persona tiene derecho a una fianza-, una vez ante el juez, el fiscal solicitó que no fuera puesto en libertad, ya que el dinero con el que se le detuvo podría provenir del crimen organizado.
Acusado de cargos por posesión y venta de drogas, el oficial de la Policía Municipal tijuanense se presentó en la Corte de San Diego el viernes 10 de marzo en audiencia inicial. Mientras que el lunes 20, un juez determinará si se le vincula a proceso.
Huante Mondragon Jesus
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Huante Mondragón sigue dado de alta como policía, pero desde junio de 2016 se encontraba incapacitado, tras sufrir un accidente vehicular, pero no ha causado baja como agente municipal.
Seis meses antes, en enero de 2016, Huante recibió mención honorífica dentro de la Policía Municipal, de manos del entonces alcalde Jorge Astiazarán y su secretario de Seguridad Pública, Alejandro Lares.
“Una vez que autoridades de esta corporación fueron notificadas del arresto efectuado por oficiales de Estados Unidos, la Comisión de Servicio Profesional de Carrera de la SSPM, dio vista del caso a la Sindicatura Municipal, a efecto de que se inicie una investigación en contra del elemento arrestado”, indicó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
Autoridades estadounidenses explicaron a ZETA que Jesús Huante Mondragón fue detenido, junto a dos personas, en un amplio operativo antidrogas en San Diego, como resultado de una investigación que continúa abierta, en la cual algunos señalados continúan prófugos. Inés García
La fuga anunciada del “Azulito”
Culiacán, Sinaloa.- Desde la captura de Juan José Esparragoza Monzón “El Negro”, autoridades federales habían reforzado la seguridad del Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito, ubicado en la sindicatura de Aguaruto, contiguo a la ciudad de Culiacán.
Una posible fuga del hijo de quien figurara como uno de los hombres fuertes del Cártel de Sinaloa, puso en alerta al recién nombrado gobernador Quirino Ordaz Coppel, por lo que desde la Federación instalaron un puesto de control de la Policía Federal, justo a la entrada de la penitenciaría estatal.
Juan Jose Esparragoza Monzon, el azulito
Incluso el subsecretario de Seguridad Pública, Teniente Coronel Cristóbal Castañeda, confirmó que el refuerzo de la seguridad del penal era por la presencia de “El Azulito”, como lo nombró.
Fue el jueves 16 de marzo cuando a las 12:30 pm se dio la primera alerta de fuga, pero el fiscal del Estado, Juan José Ríos Estavillo, no se dio por enterado cuando le preguntaron durante una conferencia de prensa, en la cual externó que no había denuncia sobre la privación ilegal de la libertad de ocho jóvenes en la colonia CNOP de la capital, los cuales según un video que circula en redes sociales, fueron entregados por elementos de la Policía Municipal de Culiacán a un grupo armado relacionado con el Cártel de Sinaloa.
A las 2:25 pm, el comandante de la Policía Estatal Preventiva, a cargo de la seguridad interna del penal, dio la alerta a C4 sobre una posible fuga. Fue cuando salió a relucir “El Negro”.
En ese momento, Castañeda aseguró que “El Azulito” no era encontrado en las instalaciones del penal, ubicado sobre la carretera estatal Culiacán-Navolato. Más tarde la fuga fue confirmada por el área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Al saberse de la fuga, elementos de las corporaciones Estatal y Ministerial realizaron un operativo de búsqueda. Testigos informaron que llevaron a cabo uno en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, llamada Central.
Al cierre de esta edición, se informó de la fuga de otros operadores del Cártel de Sinaloa. Datos del gabinete de seguridad señalan que también escaparon Rafael Guadalupe Félix Núñez “El Changuito Ántrax”, Jesús Peña González “El 20”; Alfonso Limón Sánchez “El Chubas”; y Francisco Javier Zazueta Rosales “Pancho Chimal”, detenido apenas hace unas semanas y considerado por la Procuraduría General de la República como autor de la emboscada a los militares ocurrida el 30 de septiembre de 2016, en la salida norte de la capital.
Salvo Pancho Chimal, según la PGR, los demás serían operadores de primer nivel de la organización de Ismael “El Mayo” Zambada García. (Investigaciones ZETA)
Entre multihomicidios y amenazas a cantantes de narcocorridos, suman 274 ejecuciones en 2017
En Tijuana, los crímenes siguen sumando a la estadística. Hasta el jueves 16 de marzo, 63 personas habían sido asesinadas. En 2017, la cifra asciende a 274 ejecuciones.
Las amenazas a cantantes de narcocorridos continúan. Frente a las puertas de Antro&Bar Cavally, ubicado sobre Paseo Independencia y Calle Xavier Villaurrutia en Zona Rio, fue localizado un perro muerto con un narcomensaje; se trataba de la amenaza al cantante de narcocorridos conocido como “El Fantasma”, quien se presentará en el lugar el sábado 18 junto con su banda Los Populares del Llano, así como el grupo Lista Negra.
El texto escrito en una cartulina blanca con letras negras decía: “Fantasma no quiero que cantes aquí ni en ninguna parte de Tijuana. Ensenada. Rosarito sino te ba a llevar la berga asi como a estos perros ATTE El mexicano y El Gringo”.
Los crímenes que destacaron durante la semana fue el quíntuple homicidio en la Zona Norte, el asesinato de par de ancianos en la colonia Camino Verde, así como la ejecución de un hombre y su hijastro.
Cinco muertos, tres mujeres y dos hombres, así como un herido, fue el saldo de un ataque armado registrado el sábado 11 en una cuartería de la Zona Norte. Las víctimas, señaladas como narcomenudistas, tenían disparos en manos y cara, similar al tiro de gracia. Trascendió que el objetivo de la agresión era uno solo de los muertos, el apodado “Little One”, cuyo agresor presuntamente pertenece a la célula contraria conocida como “Los Monitos”, específicamente a un sujeto con el alias de “Little Man”. Otra de las versiones es que uno de los involucrados en la embestida es Alberto Ávila Alvarado “El Chacal”, cuñado de Luis Manuel Toscano Rodríguez “El Mono”.
El miércoles 15, dos personas de la tercera edad identificadas como Jesús Antonio Badillo y Francisca Fuentes, fueron asesinadas en el interior de un domicilio en la colonia Camino Verde. Se encontraban maniatados y con lesiones de arma blanca. Una fuente policiaca mencionó que aún no hay línea de investigación directa. Las pesquisas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) continúan.
El lunes 13 se reportó que dos sujetos fueron asesinados por arma de fuego en el fraccionamiento Valle de las Palmas, Delegación Presa Rural. Los occisos tenían entre 25 y 30 años, el otro entre 40 y 45 años de edad.
Mientras que domingo 12, se informó que en la calle Emiliano Zapata de la colonia División del Norte, Delegación Sánchez Taboada, fueron ultimados dos hombres identificados como Luis Ricardo Roach Zavala, de 20 años, y Rafael Hernández, de aproximadamente 45, quien era padrastro del primero. Datos obtenidos por ZETA refieren que la víctima más joven se dedicaba al narcomenudeo. En los hechos participaron dos sujetos que al momento del crimen iba a bordo de motocicleta, gracias a que un amigo de los occisos le dio alcance en un vehículo, uno de ellos fue capturado y acusó que el matón pertenecía al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Miguel Ángel Guerrero, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la PGJE, insiste en que el 90 por ciento de los crímenes corresponden a ajustes de cuentas entre células de la delincuencia organizada.
