Culminó el proceso de juicio político que se libraba en el Congreso del Estado de Baja California Sur en contra de ex regidores del XIV Ayuntamiento de La Paz en la administración de Esthela Ponce Beltrán, quienes intentaron aprobar proyectos mineros en lo oscurito.
El Congreso resolvió dar carpetazo al suceso que causó indignación entre la población paceña, después que ex regidores aprobaran el cambio de uso de suelo de Los Cardones en sesión secreta y lejos de dar por enterada a la población.
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Además, los representantes locales anunciaron que no hay materia que perseguir, por lo que dieron por concluido el proceso el 13 de marzo, a solo un día de terminar el periodo de espera, en el cual tenían como obligación emitir algún señalamiento o desechar el caso.
“La mayoría tomó la determinación de que no hay materia para juicio político, no hay elementos jurídicos para continuar con este procedimiento; se concluyó y se envió copia del expediente a la PGR y la PGJE”, expresó Joel Vargas Aguiar, diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Una vez que los diputados se declararon incompetentes, el expediente fue devuelto al Ayuntamiento de La Paz, asimismo, se turnó a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para que se revise en caso de existir algún delito que perseguir.
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Para los ciudadanos esta decisión “es una burla, tanto tiempo que tuvieron y vienen al final de cuentas a decirnos que son incompetentes”, denunció Alicia “L”, quien lleva de cerca el proceso y espera que las denuncias por parte del Ayuntamiento tengan frutos en la Subprocuraduría Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Por su parte, el alcalde Armando Martínez Vega indicó que el proceso se llevó ante el Congreso del Estado para que juzgara, y en un boletín de prensa fijó su postura:
“Será turnado en los próximos días a la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Contraloría del H. Ayuntamiento de La Paz para que en uso de sus atribuciones legales y competencias procedan de acuerdo a derecho a realizar las investigaciones conducentes”.
La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) afirmó que la actual Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur “es obsoleta y las figuras para que se actualice el juicio político son muy generales y de una exigencia de comprobación de alto estándar probatorios, lo que dificulta la configuración de las hipótesis respectivas”.
Por tal motivo, Martínez Vega comentó que de momento no han sido notificados del fallo del Congreso, pero adelantado al proceso, ya se encuentra en las instancias correspondientes.
“No sabría decir en qué términos viene, pero finalmente nosotros lo mandamos, parece ser que es un tema de que nosotros atendamos penalmente el tema, pero ya lo tenemos derivado a la PGR y a la Procuraduría del Estado, en ese sentido no estamos esperando alguna indicación, ya está trabajando en ese sentido.
“En el tema en la Subsecretaría de Funcionarios Públicos en México, la próxima semana tengo entendido nos van a dar una cita para darnos un planteamiento de cuánto han avanzado”, afirmó.
Será la próxima semana cuando se dé a conocer el resultado de la revisión y denuncias interpuestas por parte del Ayuntamiento de La Paz en contra de ex regidores de la capital.
