En los foros de consulta ciudadana para la creación de las normas jurídicas que regularán el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja california, dos son las peticiones que dominan: Ciudadanizar la elección del fiscal anticorrupción y ampliar el periodo de 5 a 10 años para la preinscripción de los delitos.
Andrés de la Rosa Anaya, diputado presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, precisó que las propuestas ciudadanas serán integradas a las 4 iniciativas a considerar para sentar las bases del nuevo ente jurídico.
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Las iniciativas fueron planteadas, una por el ejecutivo estatal, otra por ciudadanos, una del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y otra más de la fracción priista Partido Revolucionario Institucional.
La propuesta del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid establece que sea precisamente él quien designe al fiscal anticorrupción, en tanto que el proyecto ciudadano privilegia la participación de los ciudadanos en la selección de los puntos que integrarán la normatividad; los grupos parlamentarios, por su parte, plantean que sea el Congreso del Estado el que nombre, mediante convocatoria pública en la que participen principalmente organismos empresariales, de la sociedad civil y académicos.
“En el caso del planteamiento de la fracción del PAN en el congreso local, lo que se busca es evitar que la designación del fiscal anticorrupción sea el pago de una cuota partidista”, expuso Miguel Osuna Millán, diputado que presentó la iniciativa panista.
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El proyecto parlamentario también contempla la integración de un comité coordinador, el cual estará formado equilibradamente por servidores públicos y ciudadanos, mismo que se encargará de definir la forma de selección del fiscal anticorrupción y de crear las políticas públicas que regulen el nuevo sistema. “Se busca que el Comité también emita recomendaciones y coadyuve en el nuevo sistema como supervisor”, agregó el legislador.
Los foros iniciaron el lunes 27 de febrero en Mexicali y concluirán este viernes 3 de marzo en Playas de Rosarito, dieron cobertura en los 5 municipios; en ellos participan profesionistas, académicos y servidores públicos.
La definición de la fase constitucional del Sistema Estatal Anticorrupción concluirá a más tardar el 18 de julio, para luego establecer el marco legal que definirá las penalidades, para ello, explicó de la Rosa Anaya, se efectuarán 2 reformas, la primera a la constitución local y posteriormente a las leyes que van a ser impactadas.
