La casa de Benito Hernández Juarico tiene severos daños estructurales; sus muros están al borde del colapso. La causa: filtraciones de agua provocadas por tomas clandestinas a las tuberías que no fueron erradicadas oportunamente por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
Cuando los derrumbes iniciaron, Benito tuvo que dejar ese se predio y vivir en otro sitio. Esa vivienda de dos pisos funcionaba como tienda y tenía cuartos de renta, ahora perdió esa fuente de ingresos.
El inmueble está ubicado en la colonia Libertad, en el bulevar Cuauhtémoc Norte con dirección al Aeropuerto de Tijuana. Desde la parte trasera, que alberga la mayor cantidad daños es contigua a la escultura “La Mona”, símbolo tijuanense.
En 2006 detectó una fuga producto de una toma clandestina cuya humedad trasminó uno de los muros traseros, que se dañó a tal grado que colapsó parcialmente. La CESPT lo indemnizó con 20 mil pesos para hacer las reparaciones.
Los vecinos volvieron a conectarse a la tubería de forma ilegal, pero esta vez no hubo fuga de líquido. En 2014, la autoridad volvió a clausurar esa toma.
Para abastecerse de agua, residentes de las tres viviendas en renta colocadas en el terreno vecino, construyeron un túnel por debajo del hogar de Benito para conectar un tubo en su medidor, rompiendo la tubería y generando una copiosa fuga de agua.
Las filtraciones volvieron a dañar la estructura del edificio, pero esta vez el perjuicio estructural fue mayor: se cayeron más paredes en el primer piso. Era tal el riesgo, que Benito tuvo que destruir la parte posterior para evitar que el peso provocara el colapso total de la casa.
En febrero de 2015 la CESPT eliminó definitivamente la toma clandestina, sin embargo, junto con ello cortaron definitivamente el servicio a Benito; “fue lo que me gané por ir a denunciar. Por hacer las cosas bien mira lo que quedó de mi propiedad”.
Ahora exige 300 mil pesos para reforzar su vivienda, apoyo de limpieza de escombros con maquinaria de la paraestatal y que le sea devuelto el derecho humano al agua. Ya intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Hernández Juarico presentó una queja en la Contraloría del Estado. En un documento, el órgano de control señaló que acordó el “no inicio de procedimiento administrativo” puesto que según un análisis realizado “no se acreditan los elementos que pudieran ser constitutivos de una violación a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
La CESPT contestó que el terreno es considerado de alto riesgo de acuerdo a la Dirección de Protección Civil, además de que su estructura ha sido mermada por “diversas causas”.
Expone que la cuenta 1261403, a nombre de Isidro Cuéllar –propietario original que vendió la casa a Benito– cuenta con reportes de tomas clandestinas, por lo que le achacan a Benito los actos ilegales realizados en su propiedad.
“En este momento, el caso continúa en revisión en el área jurídica de la paraestatal para generarse un dictamen de responsabilidad”, dice a la letra.