La denuncia de los vecinos se interpuso en febrero de 2016, ante el peligro de un deslave de sus viviendas. Pese a que la obra está suspendida, las labores continúan y la autoridad no descarta usar la fuerza pública en caso de ser necesario
Al menos un par de viviendas de interés social del fraccionamiento Misiones de la Presa en Ensenada se están desmoronando, mientras que otras seis están en riesgo de caer, ante la insistencia de un grupo de empresarios por construir un supermercado en una zona habitacional.
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Se trata de la calle San Juan Malibat, cuyo trazo de la vialidad remata en el Circuito Oriente, al Noroeste de la ciudad. Por las condiciones topográficas del terreno -en declive- fue imposible concluir la calle como estaba planeada, por lo que la compañía improvisó una privada, dejando del otro lado una gran extensión de lote baldío.
Pasaron varios años hasta que una mañana los vecinos se encontraron con un socavón de unos 15 metros de profundidad en sus patios, porque la constructora hizo un rebaje sin permiso, a partir de ahí comenzaron los problemas.
La denuncia pública de los afectados se interpuso en febrero de 2016, cuando ya era evidente el peligro, en ese momento hicieron un acuerdo con la constructora que, de inmediato, levantó una enorme barda, muros de contención con llantas y sobre pisos, pero durante las lluvias, los trabajos han registrado movimiento de hasta 35 centímetros.
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“En cualquier momento se va a caer la obra y mi casa”, desafió una de las residentes.
Los afectados han sido claros en sus reclamos: no están en contra del desarrollo, pero suplican que la autoridad municipal actúe con legalidad para que sus viviendas no sufran más daños.
Ruffo Construcciones, encargada de ejecutar el proyecto, se burló del director de Catastro, César Cuevas Ceseña, quien el viernes 13 de enero notificó la suspensión de los trabajos debido a que la empresa construyó sobre una calle sin tener permiso. Hasta el martes 17 los contratistas continuaban con las labores.
Pero no solo el cambio de uso de suelo no está autorizado por el Cabildo porteño, sino que una fracción del terreno está destinada a la construcción de una calle, según el proyecto inicial presentado por la desarrolladora COVI, además de que la desincorporación de la vialidad no está aprobada.
Obra avanza bajo la ilegalidad
La razón de la suspensión de la obra, que fue ejecutada el 12 de enero, es que se estaba construyendo en un espacio que corresponde al derecho de vía, respondió el director.
El área de construcción está ubicada en los lotes 5 al 10 de la manzana 8, y del 14 al 18 de la manzana 9, de Misiones de la Presa. El propietario de los lotes colindantes en lo que corresponde a la vía pública, solicitó el 23 de noviembre de 2015 la desincorporación y venta del inmueble, acción que hasta el momento no se ha concretado.
La Dirección de Bienes Inmuebles en Oficialía Mayor, realiza un dictamen para determinar la viabilidad de desincorporar el espacio.
“Es la parte que tenemos en estudio en ingeniería de tránsito, si es factible que ésta sea desincorporada, enajenada y pueda integrarse al resto de las propiedades colindantes para desarrollar una sola actividad comercial en el área”, leyó el funcionario municipal.
Según los antecedentes de los expedientes, Ruffo Construcciones recibió una licencia de construcción el 5 de mayo de 2015, y el 28 de diciembre del mismo año, para hacer terracerías y una barda, pero las autorizaciones entregadas tienen que ver con el lindero oeste de la propiedad, en ningún momento incluyó hacer modificaciones a la vialidad.
Sobre las sanciones, acertó en que la primera reprimenda consistió en suspender los trabajos más la aplicación de una sanción.
“Habrá que revisar el proyecto, ver el cumplimiento de las especificaciones e independientemente de esto, si en la actuación se demuestra que existe un riesgo, se establecerán medidas de tal manera que se evite una afectación mayor a los colindantes”.
— ¿Qué pasará en caso que continúen la obra, a pesar de que hay una suspensión?
“La Ley nos permite independientemente de las sanciones del propio reglamento de Ley de Edificaciones, la actuación de la Policía con la fuerza pública. El dictamen para la desincorporación de un inmueble se hace dependiendo de las necesidades, pero la participación ciudadana es importante; en ese expediente aparece un escrito de vecinos en apoyo al proyecto, pero hay argumentos de carácter técnico”, se informó.
Catástrofe en Catastro
Los inspectores de la dirección no se dan abasto con el trabajo que les heredó el XXI Ayuntamiento de Gilberto Hirata Chico.
El antecesor de Cuevas Ceseña, Humberto Morales Ríos, fue inhabilitado por una serie de irregularidades supuestamente cometidas al otorgar permisos de construcción sin que fueran procedentes.
Para el nuevo titular, de extracción panista, hay demasiado trabajo, el cual ha incrementado por las copiosas lluvias que se han presentado en Baja California.
“Una buena parte con procedimientos que venían encaminados, problemas de taludes con las lluvia, bardas y sobre todo pendientes, pendientes; tenemos un área de inspecciones que forma parte de las obligaciones contenidas en la Ley de Edificaciones, la competencia de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente obliga a la autoridad a verificar el cumplimiento y los actos son administrativos, establecer las normas de seguridad…”, planteó.
Víctimas de la IP y del gobierno
La casa de la familia Marqués está a expensas de la gravedad. Del lado izquierdo, lo que corresponde a la sala y una habitación, las paredes están resquebrajadas y una barca que construyó la empresa se ha movido poco más de 20 centímetros.
“No podemos salir al patio, esto es un peligro”, denunciaron los habitantes.
En un recorrido efectuado por la zona se pudo constatar cómo todo está cayendo hacia el extremo donde llevan a cabo la edificación, pero los vecinos no solo temen por su seguridad, sino por la de los trabajadores, a quienes les puede caer un alud.
En la pasada administración municipal, los habitantes rogaron al ex director de Catastro, Humberto Morales Ríos -inhabilitado-, que actuara, pero éste evadió la Ley al permitir que la edificación continuara, pese a la carencia de permisos.
En aquel momento la Dirección de Protección Civil elaboró un dictamen donde advirtió que las familias estaban en riesgo, e incluso les pidió desalojar las viviendas ante la posibilidad de que con las lluvias, la tierra reblandecida.
Por su parte, el senador Ernesto Ruffo Appel se desentendió del conflicto, asegurando que la constructora es propiedad de un familiar cercano, por el cual él no puede responder.
