Sentados en sus oficinas de gobierno con visiones de corto plazo, los responsables de manejar las finanzas públicas que concurren en Baja California, no parecen ocupados en generar desarrollo, fomentar la creación de empleos, potenciar la productividad y mejorar la economía de los municipios, el Estado, incluso el país que buscaron gobernar.
De hecho, lucen empeñados en pulverizar el poder adquisitivo de sus ciudadanos para frenar el crecimiento económico de la zona, desaparecer a la clase media e incrementar el número de personas en situación de pobreza.
Este mes de diciembre, mientras trabajan en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos, recurren a las opciones más obvias y fáciles para hacerse de recursos, acrecentar la deuda pública pidiendo préstamos, e incrementar las tarifas en impuestos y servicios.
Desde el ámbito federal ya opera el aumento de las tarifas de energía eléctrica para el sector industrial, comercial y doméstico de alto consumo, y el de la gasolina durante todo el año.
El Estado no se queda atrás y propuso, a través de las comisiones de agua, aumentar la tarifa en Tecate y en Ensenada. Quieren subir a 3 pesos el precio por metro cúbico de agua en el municipio porteño con el peor servicio en la entidad.
Los nuevos ayuntamientos también hicieron lo suyo con leyes de ingresos en las cuales propusieron:
En Tijuana, aumentar el Impuesto al Alumbrado Público -de 8 a 16 pesos-, el cual se cobrará a quienes pagan un recibo de luz, lo que significa que muchos que no tiene servicio de alumbrado pagarán por luminarias que no existen en sus colonias; crecer las tarifas de Impuesto Predial en un promedio de 39 por ciento; el costo de parquímetros de 5 a 12 pesos; y el costo por revalidación de permiso para ambulantes un 100 por ciento.
Mexicali también amplía un 0.05% su tarifa predial, los permisos de alcoholes un 20%, el de fomento deportivo un 1% y 10% a los centros de apuestas; Tecate, 5% al Predial, y Ensenada, entre 10 y 20% también al Impuesto Predial.
Pero de la evadida obligación de recaudar eficientemente, no plantean nada más allá de contratar empresas -que han fracasado- para pagarles (un gasto adicional) por hacer el trabajo que ellos deberían realizar.
Una de las evidencias más claras de la ausencia de compromiso en el ámbito local, está en el Impuesto Predial que todos quieren aumentar. De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad, este gravamen representa el 56% de los ingresos propios de los ayuntamientos y, conforme a análisis publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México, el deficiente cobro de este gravamen solo representa el 0.22% de Producto Interno Bruto (PIB) del país; mientras en el resto de las naciones miembro, el promedio es del 1.84% de sus respectivos PIB.
Los especialistas han hecho las cuentas, los municipios recaudan 41 millones de pesos cuando para estar en el promedio deberían recolectar 347 millones de pesos.
Tijuana es una muestra local de esa insuficiencia recaudatoria municipal, con sus 550 mil “contribuyentes” del Predial, de los cuales solo 250 mil cumplen con el pago mientras que el resto engorda una cartera de más de 3.5 mil millones de pesos. Y en el caso del Estado, tomemos la Comisión de Agua de Tijuana, con una cartera vencida de 900 millones de pesos; 200 millones corresponden a deudores de largo plazo, que llevan 30 meses sin pagar el servicio.
En este contexto de ineficiencia, los residentes de los cinco municipios bajacalifornianos se enfrentan a una “nueva generación” de políticos panistas y priistas que los exponen a una ola de aumentos, pero no manifiestan voluntad política para poner en práctica ideas diferentes para mejorar los ingresos propios, optimizar el ejercicio del gasto y transparentarlo.
Para mejorar las finanzas municipales y estatales, durante años la OCDE y expertos han propuesto eliminar exenciones, tratamientos diferenciales, descuentos, bonificaciones y otras prerrogativas a empresas privadas; incrementar la base de contribuyentes; modernizar los sistemas tecnológicos; simplificar y hacer más eficientes las funciones recaudatorias; capacitación municipal en cobro fiscal y, dado que las transferencias federales no son suficientes ni equitativas, proponer a la Federación elevar el porcentaje participable de los impuestos concurrentes.
También plantean mejorar la calidad del gasto, ampliando las iniciativas de transparencia y de gobierno abierto; garantizar un gasto más estratégico a través de mejores mecanismos de adquisiciones públicas, lo que implica no entregar las licitaciones a empresas de sus amigos, no manipular concursos y abandonar las tan populares prácticas corruptas.
Pero de esto en los gobiernos locales, poco o nada. Así que en la actual negociación por la aprobación de las leyes y presupuestos la única posibilidad de alcanzar mejores condiciones fiscales para los bajacalifornianos en 2017 radica en la participación responsable de los organismos de la sociedad organizada, y la débil presencia de los partidos de oposición en el Congreso del Estado.
