Francisco Vega de Lamadrid, el gobernador de Baja California, panista, del ala de Ricardo Anaya, amiguísimo de Santiago Creel, destaca por dos cosas: por hacer negocios que le han vuelto millonario, y por imponer su voluntad en la entidad, utilizando para ello a los diputados del Partido Acción Nacional, que juntos -son trece- hacen mayoría simple para ganar cualquier votación (aunque también cuentan con el favor de Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática).
De lo primero lo ha repetido él mismo hasta el cansancio. Que es un exitoso empresario, aunque lo que se conoce de su pasado en los negocios fueron unas casas de empeño en las que empezó colaborando y terminó quedándose con ellas, y una mediana acerera. Sin embargo, a partir de su entrada al gobierno, de la mano de los primeros gobernadores panistas en Baja California, la fortuna de Francisco Vega creció rápidamente.
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En 1995, don Héctor Terán Terán, segundo gobernador del PAN en Baja California, poniendo el ejemplo obligó a todos sus funcionarios de primer nivel a hacer pública su declaración patrimonial. Contrató espacios en los periódicos de la localidad y ahí todos hubieron de comunicar a la población cuál era su fortuna.
El objetivo de Terán era que su gobierno fuese transparente y rindiera cuentas (mucho antes que en el ámbito nacional este fuera un tema), que los ciudadanas observaran las condiciones económicas en que entraban los funcionarios a la administración pública, y que al finalizar la misma, repetiría la acción para dar cuenta que no había habido enriquecimiento por parte de sus colaboradores. Por aquel entonces, la fortuna del autonombrado Kiko Vega, llegaba prácticamente a los 20 millones de pesos, de acuerdo a la publicación ordenada por el entonces gobernador.
Casi 20 años después, en la campaña de 2013 para el Gobierno del Estado, los dineros de Vega, tan solo por propiedades a su nombre y de algunos miembros de su familia en el Registro Público de la Propiedad, ya sumaban más de 50 millones de pesos, y se refieren otras millonarias inversiones en Baja California y Baja California Sur. Hasta concretar hace un par de años con la construcción de una millonaria mansión en Tijuana, que según conocedores, supera los 7 millones de dólares, en un amplio terreno de 2 mil 566 metros cuadrados en una de las zonas de mayor plusvalía de esta frontera, Cumbres de Juárez.
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En aquella época de campaña, la hoy diputada federal Nancy Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, denunció a Francisco Vega por peculado y enriquecimiento ilícito. Es justo decir que nada pasó con esa indagación.
Mientras no deja de hacer negocios, el gobernador comete excesos y presuntos desvíos en la administración pública de Baja California, avalado por los diputados de su partido, el PAN. Ya hay más.
A los ya conocidos presuntos desvíos de recursos, 476 millones de pesos que no fueron pagados a la Universidad Autónoma de Baja California en tiempo y forma y por casi dos años, y a los 340 millones de pesos que no fueron cubiertos a las primarias del Estado por más de ocho meses, y por los cuales por más iniciativas ciudadanas, señalamientos públicos y peticiones de legisladores, al titular del Ejecutivo estatal no se le ha podido llamar a cuentas debido a la complicidad que encuentra en el Congreso del Estado, se suman los más de mil millones de pesos en obras que ha entregado a empresas constructoras de un mismo dueño, el que a su vez es socio de Fernando Beltrán Rendón, promotor de box que se ha convertido en la persona más cercana al mandatario, incluso concesionario del Gobierno del Estado, patrocinador de campañas y de los proyectos de la primera dama.
El titular del Poder Ejecutivo también ha endeudado al Estado por un 36.7 más en relación a lo que se debía cuando tomó posesión en 2013. Hasta agosto de este año la deuda de Baja California ascendía a 18 mil 654 millones 798 mil pesos.
Es importante destacar que cada paso de Kiko en su ruta de dispendio, presunto desvío, mala administración e irregularidades en licitaciones y convenios, ha sido avalado por tres entidades: primero por sus funcionarios, después por los diputados en el Congreso del Estado, y finalmente por su partido el PAN.
Fuera de ese círculo, en una oposición relativamente levantada, una sociedad cada vez menos susceptible a la corrupción, la transa y la impunidad, denuncian en sitios, medios, redes, cafés, comidas, reuniones, las atrocidades de un gobierno que va que vuela para terminar siendo similar al de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, si alguien antes no le pone un alto.
Las deudas de miles de millones de pesos las construyen los titulares de los gobiernos con el paso del tiempo, la venia del Congreso y la complicidad de los deshonestos. Los excesos se van consolidando en la medida que cometerlos se convierte en una situación normal, y las irregularidades en la entrega de contratos y recursos se pervierten cuando siempre se les otorgan a los mismos.
Francisco Vega suma ahora también, una álgida relación con un grupo considerable de periodistas que han decidido levantar la voz ante la ignominia, la calumnia, la infamia, la presión con el presupuesto y la amenaza de quienes desde la coordinación de comunicación se empeñan en hacer para mantener control sobre líneas editoriales.
Vega de Lamadrid, el sexto mandatario emanado del PAN en Baja California, está llevando a su partido a la ruina política, económica y electoral. Y no ha salido el valiente que le ponga un alto, luego que él parece no estar consciente de la animadversión y sospechas de corrupción que genera en una parte de la sociedad.
Al Gobierno Federal, de corte priista, encabezado por Enrique Peña Nieto y en la segunda posición por Miguel Ángel Osorio Chong, les urge la caída de un mandatario en funciones y que además pertenezca a la oposición. Con su cerrazón, sus excesos, su hermetismo y egoísmo político, Francisco Vega de Lamadrid se está poniendo en la posición de ser buscado a rendir cuentas. Eso, o convertirse en el Duarte de BC.
