El Gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, hizo la presentación del proyecto de reforma a la ley para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, con ello pretenden que la Administración Pública del estado mejore en cuanto a la funcionalidad y la aplicación de recursos públicos.
En Baja California Sur, muchas son las sospechas sobre los manejos del recurso público. Comerciantes entrevistados por ZETA, plantearon sus inquietudes:
“Qué quieres que te diga, de la administración anterior en el DIF nos mandaban despensas, regalos, hasta bolsitas de dulces para los niños y qué crees, se las quedaban los mismos administradores o los líderes de colonia, cómo le hacemos pues…La quiero mucho, pero sí, Esthelita Ponce (ex Alcaldesa de La Paz), ya ves que se llevó todo el dinero de la mentada fuente esa dizque danzante, y a nosotros que nos dejó en el centro, nada, nos dejaron en el abandono…un claro ejemplo son los ex regidores de La Paz, acuérdate que ellos vendieron a nuestro ecosistema, hicieron tratos en los oscurito y ahora qué, van a quedar impunes y aquí a nosotros nos jugaron el dedo en la boca como siempre”.
Sobre la iniciativa para el Sistema Estatal Anticorrupción, explicó a ZETA Carlos Rochín Álvarez, de la Oficina del Gobernador Mendoza: “Es una iniciativa de reforma para prevenir, detectar y castigar la corrupción, se reforma la constitución política del estado de Baja California Sur, y se sustentan en cuatro pilares, la coordinación entre autoridades y ciudadanos, la prevención de actos de corrupción, el control para llevar a cabo una adecuada rendición de cuentas, y la sanción de faltas en las que incurren tanto servidores públicos como particulares”.
De acuerdo a la propuesta enviada al congreso del estado, son cinco cambios fundamentales en la ley:
* La operación de un Sistema Estatal Anticorrupción.
* Creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción en la Procuraduría General de Justicia del Estado.
* La creación de un Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado.
* Dotar de mayores facultades al Órgano de Fiscalización, a la Contraloría General y los Órganos internos de control para efectos de investigación.
* La modificación en cuanto a las responsabilidades de servidores públicos y particulares vinculados.
Con dicha reforma el estado de Baja California Sur irá en concordancia con el aprobado Sistema Nacional Anticorrupción en la República Mexicana, que actualmente está en el proceso de selección del Fiscal Nacional Anticorrupción, y de los cinco ciudadanos que integrarán el Comité Ciudadano de Participación. Además, el Sistema Estatal Anticorrupción fue una de las promesas de campaña de Carlos Mendoza Davis, quien se comprometió a “arrancar de raíz la corrupción y ayudar en la eficiencia de recursos”, aunque el camino apenas inicia.
Para Max Káiser, Director Anticorrupción del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), se busca reestructurar la credibilidad que por años ha perdido el gobierno como institución, el gobierno como ente de ejecución de recursos, pero que los mismos servidores públicos se han encargado de vaciar dicha credibilidad y confianza.
“Tratar de reconstruir al estado para reconstruir los vínculos con la sociedad y así reconstruir la legitimidad del gobierno y la capacidad de gobierno de dar mejores oportunidades, y mejores condiciones de vida a la gente, eso es lo que están haciendo, durante muchos años la clase política le falló a la gente, hoy el estado frente a la gente les está diciendo queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas diferentes, queremos hacer un vínculo con la sociedad, y queremos que la sociedad pueda confiar en el ejercicio de gobierno”, especificó.
Según las encuestas a nivel nacional, más del 93% de los ciudadanos que se topan con algún acto de corrupción en instituciones públicas no lo denuncia por miedo a que no se le dé el debido seguimiento.
Para Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur, el problema ya está plasmado en cada rincón del país, “las estadísticas, y aquí se ha hablado de ello, nos revelan la dimensión del reto que como país estamos enfrentado, la corrupción es el segundo problema que a los mexicanos más nos preocupa, después de la inseguridad, dos de cada 10 hombres que hicieron algún trámite en 2015 en México, que tuvieron contacto con algún servidor público experimentaron alguna situación de corrupción”, lamentó.
La iniciativa se encuentra actualmente en el congreso del estado y se espera que a la brevedad sea aprobada para aplicarse en Baja California Sur, las probabilidades, ante ya la última sesión del año, es que para el 2017 sea publicada en la Gaceta Oficial del gobierno del Estado y pueda aplicarse.
