En México, el narcotráfico y los criminales organizados gozan de impunidad. Corrompen policías, pagan funcionarios de la procuración de justicia, compran jueces, se coluden con ministeriales, los federales son parte de su equipo y las policías locales sirven a unos y otros bandos de células del narcotráfico.
Efectivamente, lo que Enrique Peña Nieto no ha hecho en cuatro años de gobierno por cumplir es hacer una real depuración de las corporaciones policíacas en todo el país. Las instituciones gubernamentales están infiltradas por los criminales. Capos ordenan en comandancias y procuradurías. A la falta de una depuración, se suma una estrategia federal de combate a la inseguridad que ha resultado fallida. Ahí está el crecimiento de las organizaciones criminales documentado por el primer procurador general de la República que tuvo Peña, Jesús Murillo Karam, que refirió más de 80 grupos de narcotráfico en México.
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Cierto, en este país pasamos de la época de los cárteles a la era de las células criminales. De tener identificados capos que controlaban territorios delincuencialmente, a ser testigos de la toma de calles y colonias por células de narcomenudistas. Todo esto producto de una errada estrategia que consistía y consiste, en detener a las cabezas de los cárteles, no confiscarles dinero, no congelar sus cuentas, no asegurar sus bienes, no aprehender a sus secuaces, y dejar que esto, más las rutas y la droga, sean motivo de división en las bases criminales.
Así es la situación: detienen al capo y los tres, cuatro, cinco lugartenientes inician una guerra dentro del cártel para ocupar la posición de capo. No lo logran. Quedan minados de recursos económicos y humanos. Se matan entre ellos, se roban, se denuncian, hasta que mejor, todos, o la mayoría, deciden iniciar su cártel, que termina siendo una célula criminal escindida. Así, ante la incapacidad del Gobierno Federal para combatir de manera eficaz el narcotráfico y el crimen organizado, en México se han ido gestando más y más grupos de delincuentes que cometen crímenes de alto impacto para mantener territorios de narcomenudeo. El crimen organizado, desorganizado.
En Baja California, en Jalisco, en Tamaulipas, en Chihuahua y Michoacán, en Guerrero, en Sinaloa y Veracruz, el escenario es ese: células dedicadas al narcomenudeo que en ocasiones funcionan de manera independiente y en otras como franquicias de alguna estructura mayor como el Cártel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, en fin.
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Son estos delincuentes quienes con la impunidad que les provee el Estado mexicano, sea por corrupción o por incapacidad para perseguirlos, causan terror. Cercenan cabezas, mutilan cuerpos, secuestran, privan de la libertad a grupos de personas, dejan mensajes amenazantes. El horror en México es real y va en aumento.
El último caso ha superado los límites de la impunidad y el pavor. Siete personas fueron privadas de su libertad en Guadalajara y El Salto, Jalisco. Un grupo de narcomenudistas se los llevaron para darles una lección. Los levantados eran pequeños vendedores de droga, rateros, extorsionadores, pequeños delincuentes, la carne de cañón del narcotráfico. Tenían deudas de droga. Para escarmentarlos y enviar un mensaje al resto de los vendedores y distribuidores de droga sus captores los detuvieron, los juzgaron y los castigaron: mataron a uno y a seis les cortaron las manos.
Las extremidades las pusieron todas en dos bolsas de plástico. A los mutilados los dejaron abandonados junto al muerto, afuera de un salón de fiestas en Tlaquepaque, Jalisco. Todavía tuvieron el cinismo de presumir su acción “correctiva”. Dejaron una cartulina con un mensaje advirtiendo que eso les había sucedido por rateros, que castigarían a quienes en su zona desarrollasen actividades delictivas. Vengadores criminales, se asumieron.
Es tanto el cinismo, tanta la impunidad y tanta la ineficiencia de un gobierno incapaz de combatir la inseguridad, que los narcotraficantes sienten poder. Se facultan para perseguir, juzgar y sancionar. Se adjudican, de una manera bizarra, las facultades que solo el Estado Mexicano puede ejercer.
Los ejecutados producto de vendettas, de afrentas, de guerras internas, de secuestros y extorsiones, de trata y tráfico, se cuentan por miles, equiparable al nivel de impunidad en la que se resguardan esos casos en el ámbito ministerial y judicial. Pero ni el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ni el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, son capaces de establecer una estrategia integral de combate que más allá de centrarse en la captura de capos que da reflectores y notas, consista en perseguir el lavado de dinero y eliminar las rutas que sostienen el negocio criminal, desmantelar las redes delincuenciales.
Quien debería estar escarmentando a criminales es el Estado mexicano, persiguiéndolos, cerrándoles puertas, procesándolos, solicitando su encarcelamiento y sentencia. El Gobierno Federal está facultado y obligado a ello, pero está fallando.
La justicia en mano propia, sea ciudadana, grupal, como autodefensa, o criminal por parte de un cártel o de uno hacia otro, es sinónimo de la ausencia de un Estado de Derecho, de un gobierno fallido en materia de persecución del narcotráfico, combate a la inseguridad.
El México del Presidente Peña Nieto no es el México de la paz que él promueve; es el México sangriento, el país de la brutalidad.
