La mañana del lunes 24 de octubre el titular del poder ejecutivo en México, el licenciado Enrique Peña declaró defendiéndose, “…un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado, pensando…y perdón que lo diga, cómo joder a México”.
Pero menos de 24 horas después envió un boletín proponiendo “…al senado los nombramientos de Arely Gómez González como Secretaria de la Función Pública y Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de la República”.
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¿En qué quedamos pues?, acababa de decir que él no se despertaba pensando como “…jeringar, jorobar, fastidiar, estropear, descomponer, deshacer, vulnerar” a los mexicanos ¿y sale con esos nombramientos?
¿Acaso cuando jode lo hace sin pensar? ¿Tal vez es bipolar?, ¿mentiroso patológico? ¿Se deja llevar por su gen del viejo PRI? ¿Padece el Síndrome de Hubris, ese narcisismo que lo hace imaginar que lo que piensa es correcto?
Es imposible que no vea el error y la burla que significa para la sociedad entera, que nombre como Procurador al mismo hombre que apenas en el año 2014, las organizaciones sociales le rechazaron como propuesta para magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtiéndole que estos puestos no debían asignarse “ni por cuotas”, “ni a los cuates”.
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Recordándole que este su amigazo, no gozaba de “buena reputación”, como quedó consignado ante un ministerio público desde el año 2005, cuando por denuncia de Angélica Fuentes, su entonces esposa, fue acusado de violencia intrafamiliar y lesiones, después que ebrio intentara estrangularla.
Pero evidentemente la mala fama no importa y el amiguismo sí, por lo que envió la propuesta. Y en el Senado, los que deberían ser representantes del pueblo decidieron no pensar en la gente, representar sus intereses, los de sus respectivos partidos y cual si fueran el séquito del Presidente aprobaron veloces el nombramiento con 82 votos a favor, tres en contra y una abstención.
Con una Procuraduría General de la República señalada de corrupta, ineficaz, negligente, extorsionadora, torturadora y aliada con criminales, ¿qué tanto podrá aportar un hombre que ha cometido delitos de violencia intrafamiliar, el inherente abuso de poder y las lesiones, una víctima del alcoholismo (enfermedad que afecta al adicto y a quienes se encuentran a su alrededor)?
Bajo este escenario parece más posible que el amigo presidencial la joda –y perdón que lo escriba– en lugar de que la arregle.
Todavía más trágico: los senadores saben que la intención de Peña Nieto es que Cervantes genere el modelo para la Fiscalía General de la República –está por escrito–, lo que lo convertiría en fiscal por los siguientes nueve años, dado que en la reforma Política 2013 se especificó que quien estuviera a la cabeza cuando se aprobara la ley reglamentaria de la nueva fiscalía se quedaría en el encargo.
Aquí de nuevo el doble discurso peñista, porque pretende imponer a los siguientes dos Presidentes de la República a un hombre seleccionado por ser su incondicional, que permanecería en su puesto por lo menos ocho años más para cuidarle las espaldas, y frenar cualquier posible investigación respecto de su gobierno cuando éste finalice.
Exactamente lo mismo que intentaron hacer –con diversos nombramientos– los gobernadores Roberto Borge en Quintana Roo, César Duarte en Chihuahua, y Javier Duarte (con licencia) en Veracruz, a los cuales bloqueó ordenando a la PGR para que instruyera acciones de inconstitucionalidad. Si estaba mal que lo hicieran los gobernadores, tiene que ser peor que lo haga el Presidente.
Así las cosas, corresponde a los legisladores –hoy convertidos en servil cortejo–, crear el escenario para superar la impertinencia del ejecutivo y ponerle fecha de caducidad a su evidente abuso.
Generar las condiciones para que el señor Cervantes no sea impuesto como el nuevo Fiscal General, porque si de verdad se busca una Fiscalía autónoma que combata el delito y no sirva de testaferro del gobierno en turno, es necesario encontrar un proceso de designación democrático, no corrupto como el que se intenta imponer.
Analizar la posibilidad de que la elección del fiscal sea mediante sufragio popular o consulta pública, convocatoria, mayor intervención del Congreso, la participación de la sociedad organizada, del sector educativo, pensar si existe la necesidad de prohibir la militancia política activa a los aspirantes para evitar el manejo de intereses, plantear como requisito el que no se haya ostentado ningún cargo de elección popular por lo menos un año antes de la postulación. En resumen, abrir el debate para crear el modelo ideal de selección.
Consultados los legisladores federales panistas de Baja California, expusieron que Peña manifestó que Cervantes era “temporal” y el hecho de que participe en la transición, en la elaboración del reglamento no garantiza que permanecerá, porque la aprobación de la mencionada ley secundaria no tiene fecha, y antes de votar como fracción pretenden proponer al senado un sistema para regular y transparentar la selección del nuevo fiscal. Como siempre con el Congreso federal, es cuestión de esperar.
