En medio del ignominioso destino que tuvo el PRI por la derrota del 5 de junio, y de los desaciertos políticos y mediáticos del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que se acumulan cada vez más, sumados a la dificilísima situación económica por la que atraviesa el país, en medio de incrementos a servicios y la devaluación del peso por arriba del 50 por ciento en los últimos tres años y medio, lo que requiere México para desviar un poco la mente hacia otro lado es un acto de gran impacto político, mediático, de justicia y combate a la corrupción.
Una acción que por sí sola contenga los elementos suficientes para menguar un poco el mal humor de los mexicanos causado por la corrupción, el mal gobierno, la injusticia, la falta de transparencia y la constante observancia de una vida de privilegios gozada por gobernantes y funcionarios deshonestos que viven en la impunidad. Como se dice en el argot mafioso, ver cazado a un pez grande.
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El tiro inicial de aprehender a la maestra Elba Esther Gordillo se quedó en llamarada de petate ante un Gobierno Federal que se ha significado, en algo más de tres años, por la opacidad, la promoción de la impunidad, la corrupción, el conflicto de intereses y la percibida como mala administración. Con el agua literalmente al cuello, urge al Gobierno Federal concretar una acción que disminuya la indignación nacional.
No es, si se pregunta a los mexicanos, un tema difícil de abordar. Seguramente en cada una de las 32 entidades federativas algún representante de la sociedad civil, organismo, periodista o activista, podrá dar cuenta de por lo menos un acto de corrupción en su municipio, en el vecino o en el Estado. La realidad es que la corrupción se ha arraigado tanto en los últimos años que no distingue partidos ni género. Cuando en el Legislativo federal (y en los locales) el partido en el poder comenzó a pactar con la oposición para aprobar presupuestos, leyes y cuentas, los políticos mexicanos se convirtieron en cómplices unos de otros. No es quien es el más honesto, sino quién el menos corrupto.
Uno de los casos ha sido el más sonado en los últimos años. Un joven que llegó a ser gobernador, a los 37 años, de uno de los Estados con más peso político en el país, y de una importancia peligrosa en la ruta de la droga de Centroamérica hacia México y a los Estados Unidos. Además, priista.
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Joven, sin filtros, sin topes, con un presupuesto de 98 mil 534 millones 700 mil pesos para 2016, con una mayoría tricolor en el Congreso del Estado, corría el riesgo de convertirse en un cacique del nuevo siglo, y lo hizo. Javier Duarte de Ochoa, el gobernador de Veracruz, es un nuevo espécimen de dinosaurio priista.
Su gobierno concluirá el 30 de noviembre de este 2016 y los señalamientos contra su persona, y contra su investidura, son por decir lo menos, fuertes. Es sospechoso común de asesinato, de corrupción, de malversación de los dineros públicos, de abusos en tiempos electorales, de irregularidades y jineteo de dinero.
Durante su administración, iniciada el 1 de diciembre de 2010, en Veracruz han sido asesinados 19 periodistas, a la Universidad Veracruzana le llegó a adeudar más de 2 mil millones de pesos, su partido, el Revolucionario Institucional, lo acusa de peculado, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber.
El gobernador Duarte ha sido largamente protegido del PRI. Durante más de cinco años nada hicieron para deshacerse de él, para ponerle un alto, para exigirle limpieza o por lo menos prudencia política, le sonsacaron los 25 millones de pesos en efectivo que la Procuraduría General de la República le decomisó en un avión privado en medio de la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, y no lo tocaron con el peso de una declaración, ni la sospecha sobre su participación en hecho ilícitos.
No fue hasta después del 5 de junio de 2016, que la procuración de justicia del gobierno de Peña comenzó, ahora sí, a ver los desaguisados del ya no tan joven gobernador Duarte, y que el Presidente de la República decidió actuar. Primero a través de su partido, donde desde la Comisión de Justicia Partidaria iniciaron una investigación donde comenzarán a sesionar y a citar funcionarios. Después en la PGR, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, se abrieron indagatorias para investigar al todavía gobernador por incumplimiento del deber legal, peculado, enriquecimiento ilícito.
Aparte, esta semana en la Cámara de Diputados federal, el vicecoordinador de los diputados priistas, Jorge Carlos Ramírez Marín, se mostró ansioso y de hecho declaró que si la PGR solicitaba el desafuero de Javier Duarte de Ochoa para ser juzgado, su bancada, la priista, actuaría con rapidez para que así sucediera.
Ante la solicitud de un juicio político, a escaso mes que abandone el gobierno, el coordinador de los panistas ahora exige justicia y critica. Marko Cortés dijo a la prensa de la Ciudad de México: “Sin lugar a dudas Duarte es insostenible. Desde nuestro punto de vista el Gobierno Federal ha tardado mucho, ha sido condescendiente, permisivo y exigimos que haya justicia, y justicia expedita”.
Aprovechando el momento de tirarle a Duarte, su Poder Legislativo, el Congreso del Estado de Veracruz, lo multó con 500 días de salario mínimo por intervenir en el pasado proceso electoral en actos del PRI y su candidato Héctor Yunes, quien por cierto perdió la elección al Gobierno del Estado, que quedó en manos de un panista con apellido coincidente.
Es evidente, ha llegado el momento de enjuiciar a Duarte. Así como todo el sistema lo protegió durante cinco años once meses, en los últimos 30 días de su administración, tal parece, le dejarán caer “el peso de la Ley”, y quizá, solo quizá, el Presidente Enrique Peña Nieto, podrá descansar por un momento de ser el centro del escarnio y la burla, cuando los mexicanos vean a un gobernador tras las rejas.
