Cinco personas fueron vinculadas a proceso por orden del juez de control Fidel García Villanueva por el delito de Secuestro Agravado ejecutado el viernes 12 de agosto, y frustrado por la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el miércoles 17 de agosto.
En audiencia desahogada este día, el juzgador determinó que las pruebas aportadas por la procuraduría son suficientes para considerar que Edgar de la Rosa, Erika Cruz, Marco Antonio Herrera, Johana Altamirano y Gerardo Monterrubio participaron en el secuestro del joven Oliver.
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De acuerdo a diversas declaraciones, hechas ante el Ministerio Público de la PGJE, tanto por víctima como por su padre, la tarde del 12 de agosto Oliver se encontraba despachando en la ferretería de la familia ubicada en la colonia El Pípila, cuando Erika y Marco Antonio llegaron para comprar un saco de cemento. Una vez vendido el material, la víctima estaba por subirlo a la camioneta –marca GMC modelo 1999- de los ahora imputados, cuando a punta de un revolver lo obligaron a abordarla. En su narración, el joven mencionó que ahí encontró a tres personas más, una mujer y dos hombres.
Fue llevado a un domicilio en la calle Los Pinos del Ejido Rojo Gómez, desde donde los secuestradores llamaron a su padre, a quien le pidieron 1 millón de pesos a cambio de la libertad de Oliver. Durante los siguientes días lo presionaron para reunir el dinero, amenazándolo con hacerle daño a su hijo.
De acuerdo a lo mencionado por la PGJE durante la audiencia de vinculación a proceso, el miércoles 17 de agosto en la Unidad Antisecuestros se recibió una llamada anónima en la que se informó que en el domicilio mencionado varias personas metieron a un joven atado de manos y vendado de los ojos. Los miembros de la unidad Informaron que al llegar al lugar y tocar la puerta alcanzaron a escuchar los gritos de auxilio del secuestrado, por lo que ingresaron, sorprendiendo a los imputados en el interior.
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En su defensa, Johana Altamirano, Edgar de la Rosa y Gerardo Monterrubio, alegaron que fueron detenidos ese día, pero en un lugar distinto. Mientras que los otros imputados aseguraron que conocieron a quienes la PGJE identifica como sus cómplices hasta que fueron llevados a la Unidad Antisecuestros.
Finalmente, el juez consideró su probable responsabilidad, y fijo un plazo de 5 meses para que las investigaciones continúen.
