Uno de los conceptos predilectos de los políticos en campaña lo es sin duda “el tejido social”. Específicamente la “reconstrucción del tejido social”, para la promoción de los valores, la solidaridad, en busca del desarrollo y el progreso.
El tejido social es todo lo que nos une como familia y como comunidad. Aquellas condiciones que dentro de un hogar, hacen a una familia solidaria y actuar en conjunto en la búsqueda de la felicidad, del aprovechamiento de oportunidades para una vida con bienestat, del desarrollo profesional, económico, ético y moral. En comunidad, los factores no cambian, sólo se dimensionan a una determinada población, y definen sus costumbres, su vocación, su idiosincrasia y la forma en que reaccionan a los fenómenos externos, el ejercicio de un gobierno, la impunidad, la corrupción, la criminalidad.
El involucramiento de una comunidad en actos ilícitos, o la violencia intrafamiliar que llega a la fatalidad, suelen los políticos y los gobiernos, achacarlo a la descomposición social, asumiendo que las familias y las comunidades han cambiado la tabla de valores, alejándose de aquellos de responsabilidad social y civil, para adentrarse en fenómenos de corrupción, violencia, ilegalidad. En ocasiones a esta circunstancia la llaman también “la descomposición del tejido social”.
Ciertamente los hilos que unen a una familia y a una comunidad tienen que ver con la educación, el marco referencial y el contexto social, y estos a su vez, están relacionados con el buen ejercicio del gobierno, es decir qué tantas oportunidades crea una administración federal, estatal o municipal, para que las familias y las comunidades accedan a una vida digna, a un empleo bien remunerado, a educación de calidad, acercamiento a la cultura, las artes y el deporte.
La pobreza suele ser relacionada con estos fenómenos sociales. En un país con 55.3 millones de pobres (tomando como válidas las cifras del Coneval de 2014 y no las del INEGI en 2016) de una población de 122 millones, la oportunidad para sacar a los marginados de esa condición será el principal objetivo de un gobierno que se precie de ejercerse con compromiso social, ética política y visión financiera. Ello no está ocurriendo en México.
Los pobres, allende el cambio de paradigmas en la medición de la pobreza que unilateralmente ha establecido el Inegi, son cada vez más pobres y en mayor número. Se nota en las calles, en las colonias y en las casas, en los mercados con el alza de precios, en los vehículos y en el transporte público, en la complexión de los mexicanos ante la falta de oportunidades para alimentarse de manera correcta.
Sea porque el tejido social ha cambiado y los valores que unen a una familia o a una comunidad están sujetos de la necesidad de alimentarse y poseer bienes, o porque la sociedad está descompuesta ante la falta de oportunidades de desarrollo, pero es terrible y alarmante que cada vez, son más las noticias de horror entre familias que asesinan a parientes, niños que son ejecutados junto a sus padres, niños sin escuela, niños matando a otros niños, padres ocultando a sus hijos o vendiendo a sus hijas, jóvenes inmersos en la vida criminal para traer dinero en el bolsillo, un carro, una casa y aspirar a una tumba que sea mausoleo.
El narcotráfico y el crimen organizado, en todas sus modalidades, están ganando la batalla de oportunidades a los gobiernos en México. Esto no solo se aprecia por el número de organizaciones criminales que en el lado ilícito habitan y accionan en el País, sino en el número de ejecutados que no disminuye y en las muestras de violencia extrema en estados desfavorecidos de un buen gobierno, como pueden ser Guerrero, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Chiapas, y un largo etcétera.
Personas colgadas, desmembradas, niños violados, muertos a golpes, madres asesinadas, jóvenes desaparecidos, familias enteras que han emigrado a territorio nacional más tranquilo o al extranjero cuando sus medios lo permiten, son hechos productos de un gobierno que no ha tenido la capacidad, ni la eficiencia, ni el compromiso, para dar oportunidad a las familias mexicanas.
La noticia de hace unos días en Chihuahua, donde dos niños de 12 y 14 años, asesinaron a una niña de 10 años colgándola de una árbol, y que además era hermana de uno de los asesinos, nos debe no solo impactar como sociedad, sino preocuparnos como comunidad, y levantarnos contra con un Gobierno que no está cumpliendo en la educación de calidad que por Ley debe suministrar a los niños y de manera gratuita, inculcándoles valores cívicos, principios éticos, responsabilidad social y conocimientos científicos y de acerbo para una buena calidad de vida en el presente y en el futuro.
¿Qué clase de sociedad somos que podemos sentar las condiciones para que niños de 12 años quieran matar a niñas de diez años, o que un infante de 11 años quiera asesinar a su madre ante la falta de cuidados de ésta para él? ¿Qué clase de Gobiernos tenemos que no rescatan a los niños, adolescentes y jóvenes de la tentación de la criminalidad?
El Presidente Enrique Peña Nieto, cuando tomó posesión del cargo en 2012, se propuso alcanzar la paz, ponderando a los mexicanos como sociedad integral, combatir la impunidad. Hacer justicia, combatir la corrupción, abatir la pobreza y la desigualdad, convertir a México en una potencia económica emergente, hacer un gobierno responsable para hacer un País responsable. Bien, ha fallado. A casi cuatro años del inicio de su administración, México es un País más inseguro, más pobre, más corrupto, más violento, que va perdiendo poco a poco, la inocencia en su niñez y en su juventud. Un País de 65 mil 209 ejecutados en tres años, de 19 mil 156 niños y jóvenes asesinados en diez años, de 55.3 millones de pobres hasta 2014.
A estas alturas del sexenio de Peña Nieto, y en este contexto de violencia social, criminal, de injusticia e inequidad, ya no se puede hablar de un tejido social, ni siquiera de una descomposición social, estamos ante una telaraña social, donde los hilos que unen a una familia, a una comunidad, los ha enredado la criminalidad, la violencia, ante la falta de un estado de derecho que lógicamente es lo que menos le urge a un gobierno corrupto, ineficiente y omiso.
