Faltaban tres días para la elección del 5 de junio de 2016, cuando en Rosarito fue privado de su libertad Candelario Arcéaga. Conocido en el Estado porque fue aprehendido en 2009 bajo señalamientos de colaborar con el narcotráfico, el apodado “El Cande” había cobrado relevancia por esos días cuando se le vio muy cerca de la campaña de Mirna Rincón, la abanderada panista y próxima alcaldesa de Rosarito. Los focos rojos se prendieron en la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, y a los días fue rescatado Arcéaga, quien se promueve como transportista comprometido por el quinto municipio. Entre otros detalles de la investigación, trascendió que dos hombres fueron avistados en la casa de seguridad donde se resguardaba al rosaritense. De inmediato se presumió que podrían ser cómplices o parte de quienes fraguaron y llevaron a cabo el secuestro. Se trató de Jesús Enrique Andrade Lugo, agente de la Policía Ministerial adscrito a Tijuana, y de Mario Alberto Ocampo Siveriano, ex agente de la Policía Ministerial, también radicado en Tijuana. Total, ni el policía en activo tenía por qué estar en otro municipio al asignado, ni rondar junto al ex ministerial las cercanías de la escena del crimen. Los policías estatales que rescataron al transportista dieron parte de ello a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Pero nada sucedió. El ministerial sigue de ministerial, y de la participación de los hombres en la privación, nada se supo. Impunidad total y hermetismo en la Procuraduría que dirige Perla del Socorro Ibarra. No investigan ni a los de casa.
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