El despacho de abogados fiscalistas Borrón y Cuenta Nueva, se está dando a la tarea de iniciar juicios de nulidad contra cobros no reconocidos por usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), obteniendo sentencias que aseguran, son favorables a su pretensión, como lo es la del expediente 9/2016 S.S. del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California.
Dicha sentencia, emitida por el Magistrado Roberto Vidrio el 30 de junio de 2016, declara la nulidad del crédito fiscal emanado de la cuenta 460253 –con un saldo vencido de 5 mil 407 pesos–, por ser incompetente la CESPT para cobrarlo, siendo que los artículos 16 y 17 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California señalan que si un crédito fiscal determinado por la paraestatal no es cubierto dentro del plazo de 15 días por los obligados, corresponde a Recaudación de Renta el cobro.
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Los litigantes señalan que los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo han emitido sus sentencias a favor de los usuarios debido a que la CESPT no está realizando los cálculos lógico-matemáticos para determinar el adeudo de la forma señalada por su propia normatividad, por lo que los mismos no correspondan al consumo real de agua potable, considerando el tribunal que la paraestatal no está fundamentado ni motivando estas determinaciones.
A pesar de obtener sentencia favorable, los clientes de este despacho señalan que en los recibos continúan apareciendo leyendas en que hacen del conocimiento del usuario que aún cuenta con un adeudo, además de que la paraestatal habría comenzado una campaña de desprestigio contra el despacho acusándolo de fraudulento.
Esto queda evidenciado mediante un comunicado publicado por la paraestatal en su sitio web, en el cual “invita” a sus usuarios a no contratar a gestores externos para la eliminación de adeudos, advirtiendo “no dejarse sorprender” y que “la única manera en que se puede eliminar la deuda contraída con CESPT es pagando”.
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Según los abogados, la Comisión recurre a tácticas de hostigamiento e intimidación, pretendiendo que los usuarios desistan de sus demandas y firmen convenios en los que reconocen los adeudos.
Además, retardan la reconexión del servicio aunque exista un mandato judicial al respecto y se niegan a recibir pagos o a dar a conocer el saldo corriente mientras exista un proceso judicial abierto, de esta manera generan nuevos adeudos para los usuarios, perjudicando también al erario público.
Los litigantes incluso consideraron este proceder como delictivo, por lo que del 28 de julio a la fecha se han interpuesto 15 denuncias contra el titular de la dependencia, por los delitos de abuso de autoridad y desobediencia de particulares, mismas que fueron exhibidas a ZETA. Escritos también se habrían presentado ante la Contraloría de Gobierno del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En Tijuana son 600 mil los deudores de este servicio, de los cuales mil 500 han buscado la asesoría legal de Borrón y Cuenta Nueva durante los dos años que lleva operando, obteniendo hasta el momento 50 sentencias favorables, siendo que la mayor parte de las demandas continúan en litigio.
Los juicios de nulidad promovidos contra CESPT no han lesionado a la paraestatal, dijo el director Miguel Lemus Zendejas, ya que éstos no generan la cancelación de deudas, insiste.
“Ningún juez nos está obligando a que cancelemos el adeudo, lo único que el juez está determinando es que en el recibo no aparezcan los conceptos que la CESPT no tiene facultad de exhibir, yo tengo en el recibo la obligatoriedad de informarte cuánto es lo que tienes que pagar de tu gasto corriente…están obligando nada más a que no aparezca el adeudo en el recibo”, declaró al respecto.
Lemus Zendejas aseguró que Recaudación de Rentas aún tendría la facultad de exigir el pago de dichos adeudos, siendo que la cartera vencida de la paraestatal es de alrededor de 200 millones de pesos urgentes de recuperar por cualquier medio, para lo que se habría contratado a un par de despachos de cobranza.
“Podrán decirles y recibir asesoría en todas partes, pero está muy claro que los despachos acrediten por el resultado del juez cuál fue la ordenanza del juez, que les demuestren con documentos cuál es la ordenanza. Yo le pediría al ciudadano que acuda con nosotros a firmar el convenio, con nosotros sí puede hacer un convenio formal”, agregó.
“No es posible que haya despachos que le puedan garantizar cancelarle el adeudo del agua”, concluyó Lemus Zendejas, invitando a los usuarios a informarse.
