Como si tuviera su bola mágica, Alejandro Salas, director para las Américas de Transparencia Internacional (TI), lo dijo: tenía dudas que en México se fuera a combatir realmente la ausencia de honestidad en los gobiernos, pese a que recién se había activado en el Congreso y el Ejecutivo la agenda anticorrupción.
Eso fue en enero de 2016, hace poco más de cinco meses, desde Alemania, en conferencia de prensa donde el director de TI que representa a 12 organizaciones internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), informó que México obtuvo 35 de 100 puntos posibles, que está en la mitad de los países más deshonestos, y reprobado por cuarto año.
Amargamente muchos mexicanos no pudimos estar más de acuerdo con el señor Salas, quien agregó que el combate a la corrupción “se ha hecho de manera muy tibia”; agregaríamos, falsificada, simulada, al punto de ridiculizar el concepto, al nombrar a Virgilio Andrade, amigo y ahijado político del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como secretario de la Función Pública.
Así, en mentiras y burlas públicas, han quedado las palabras del discurso peñanietista con las que asegura que su prioridad es combatir la corrupción y las violaciones a los Derechos Humanos, promesas de campaña sólo para ganar simpatías.
Ahí está la recién aprobada Ley “3 de 3”, convertida en un remedo, porque los legisladores se negaron –y Peña los solapó– a incluir la obligación de funcionarios de hacer públicas sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal; el contraargumento fue que serían víctimas de criminales.
Dos cosas quedan claras. Por un lado se corrobora que los legisladores, sus amigos funcionarios y políticos tienen mucho dinero, el suficiente para resultar apetitosos para los secuestradores; y la segunda, que seguiremos sin poder saber -con certeza- de dónde sacaron los millones que ahora poseen y cómo lo acumularon, concretándose así la derrota ciudadana y el gran fracaso de la Ley.
Porque al final hasta los empresarios representados por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), quienes exigían incluir este punto, se quedaron calladitos, decidieron ellos también ignorar a los más de 634 mil ciudadanos que los apoyaron con las firmas, y ocuparse sólo de sus intereses. Cuando el veto presidencial también les quitó la obligación de presentar declaraciones, no hubo más reclamos.
Finalmente la Ley Anticorrupción ya está. ¿El mayor avance? Que se integraron siete leyes. ¿La gran desventaja? Que las pueden aplicar como les venga en gana. El diablo está en los detalles, comentaron desde la organización Mexicanos contra la Corrupción, para empezar, en la designación del fiscal anticorrupción, para que quede claro lo irónico que puede resultar, están los tres gobernadores priistas que van de salida y decidieron blindarse, porque dejarán el cargo en manos de la oposición.
En Veracruz, el gobernador Javier Duarte, quien manipuló leyes para que un Congreso a su servicio aprobara sus cuentas públicas hasta 2015, y maniobró con la intención de ser él quien designe al fiscal, al contralor y fiscal anticorrupción -nombramientos temporalmente suspendidos-, gente a su favor, para así evitar acciones legales en su contra.
Caso similar el de Roberto Borge en Quintana Roo, quien en junio, con su Congreso designó a dos hombres cercanos, uno como fiscal general inamovible por nueve años y un auditor superior para controlar cualquier investigación en su contra. Incluso, metió mano en la designación de magistrados de tribunales administrativos.
Mientras en Chihuahua, César Duarte, creó la figura del fiscal anticorrupción que dependerá del Gobierno del Estado y será nombrado por él, antes de salir.
Están usando y se están burlando del publicitado tema del sistema anticorrupción, impune y tranquilamente, saben que el Estado no los perseguirá porque son parte de la corrupción, al final el secretario de Hacienda, así como el Presidente y su esposa, tienen sus lujosas casas edificadas por la constructora más favorecida del gobierno, Grupo Higa, entonces ¿cuál sería el problema?
Así que mientras los gabinetes de la Federación, los Estados y municipios no decidan tomarse en serio las leyes, respetarlas, acatarlas y aplicarlas, las nuevas legislaciones y sistemas anticorrupción servirán de poco.
En ese contexto, las opciones para combatir la corrupción siguen siendo limitadas, una de las más serias, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, encabezada por Claudio X, González, cuya unidad de investigación periodística de temas de corrupción que trabaja con alto rigor, genera alianzas con medios de comunicación para favorecer el impacto de estas notas informativas, para después fortalecerlas y darles seguimiento con estudios académicos y litigando los casos, con la intención de sancionar y erradicar las conductas, pero van empezando.
En este esquema se dio a conocer recientemente que dos empresas de parientes de Jesús Murillo Karam fueron favorecidas con 43 contratos -más de 300 millones de dólares- en 17 entidades federativas durante su gestión como procurador. También, que “…funcionarios públicos y notarios auspiciados por el gobernador Roberto Borge arrebatan el patrimonio de empresas y particulares”. Cuestión de ver cómo avanzan.
En lo que respecta al Sistema Anticorrupción, basta esperar el nombramiento de funcionarios federales para saber si los nominados responderán a los intereses de los ciudadanos o a los gobiernos, como es lo corruptamente acostumbrado.
