Y qué pasa si decidimos que siempre no, que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no se empiece aplicar a partir del 18 de junio de 2016 en Baja California o en algún otro Estado en el país.
Sí, sabemos que el plazo está escrito en la Constitución, pero los hechos -históricos y recientes- muestran que violar los compromisos y acuerdos hechos y firmados en la Carta Magna, se pueden violentar impunemente.
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Desde la primaria, a los mexicanos nos han enseñado que la Constitución es la Ley Suprema, por encima de ella nada, ni nadie, por debajo de ella todo.
Las ordenanzas plasmadas en ella deber ser conocidas y aplicadas por los ciudadanos y promovidas, respetadas y protegidas por las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes.
Y eso sucedería si de verdad viviéramos en un país fundamentado en el derecho, y no fuéramos los rehenes de un Estado que fomenta y promueve la impunidad, y tiene al país convertido en uno de los paraísos de la corrupción en el mundo.
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El 18 de mayo, Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los priistas y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó que los legisladores de ambas cámaras acordaron que no cumplirán con el plazo para aprobar las leyes secundarias que darán forma al Sistema Nacional Anticorrupción -también la regulación de la marihuana, mando policial mixto y la miscelánea penal- a más tardar el 28 de mayo de 2016, como ordena la Constitución.
Tranquilamente, los miembros del Congreso anunciaron que tomarán estas decisiones torales para México en un periodo extraordinario determinado del 13 al 17 de junio, justo después del 5 de junio, día en que se celebrarán elecciones en 12 entidades de la República Mexicana.
Sólo porque no conviene a sus intereses partidistas hacer manifiesta sus postura respecto a estos temas antes de la jornada electoral, no les importa ni el plazo constitucional, ni el reclamo social.
Públicamente el presidente nacional de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos, señaló a los legisladores de mezquinos y expuso la profunda decepción de los más de 634 mil mexicanos que pidieron expresamente el Sistema Nacional Anticorrupción en los plazos prometidos. Pero qué les puede importar, total, una burla más a la Constitución de parte de quienes se conducen como violadores seriales de estos plazos plasmados en Ley.
El cinismo de estos hombres y mujeres sin palabra, y evidentemente sin compromiso social, incluso provocó que la Maestría en Periodismo del Centro de Investigación y Docencia Económicas generara y alimentara una página que se llama Violómetro Constitucional http://violometro.org/, “instrumento digital que ofrece datos cronológicos y legislativos puntuales para medir, en tiempo real, las violaciones a constitucionales en que incurre el Congreso de la Unión”. Sus creadores aclaran que el objetivo no es la crítica, sino proveer una herramienta que sistematiza hechos.
En el texto aparecen 20 leyes cuyo plazo de análisis y publicación está vencido, y el incumplimiento va desde los 14 días hasta ocho años. Además, se incluyen otras cinco legislaciones cuyos tiempos están por cumplirse, y 37 más cuya aprobación se retrasó desde 28 días hasta siete años.
En ese contexto el Sistema Nacional Anticorrupción se traduce como una raya más a un tigre, tramposo, oportunista, cuyo único y verdadero interés es el poder de su partido que insiste en ser corrupto y sin castigo.
Por lo pronto los empresarios representados en la Confederación Patronal de la República Mexicana alzaron la mano, advirtieron que harán una campaña pública y denunciarán ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dentro de la Conferencia Ministerial, que al posponer el SNA, los legisladores están “manteniendo un sistema de privilegios e impunidad en contra de la mayoría de los ciudadanos”.
Habrá que esperar cuántas conciencias más despiertan y qué impacto puede lograr el sector empresarial ante el cinismo político que en México parece no toparse con pared.
