Los tres empleados despedidos del Hotel Cortez de San Felipe, logrando un fallo a su favor para su reinstalación –no concretada hasta este momento–, denunciaron una nueva anomalía solapada por la junta laboral, instancia que aceptó un trámite para que la administración del hotel pasara a manos de los trabajadores que mantienen una huelga ficticia.
“Es un lodazal el que tiene el Presidente de la Junta de Conciliación Jorge Mario Mendoza, se ha encargado de obstaculizar las instrucciones de los juicios que ya se ganaron”, expuso el representante legal de los demandantes, Ricardo Dávalos Estrada.
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El pasado 29 de abril, indicó, un abogado de los trabajadores presentó una solicitud para que la administración del negocia pasara a manos de los empleados en huelga, con el argumento de que la empresa no había cumplido sus peticiones. En menos de 24 horas la Junta Local de Conciliación y Arbitraje autorizó que se llevara a cabo la ejecución, la cual se concretó tres días después.
En contraparte, añadió, los afectados tienen varios años con la demanda por la reinstalación, fallo que lograron a su favor pero que no se ha hecho válida, denotando el caso una serie de irregularidades legales. (ZETA 6 de julio 2015).
Se trata de uno de los hoteles más conocidos en el puerto de San Felipe, El Cortez, de donde fueron despedidos Manuel Monter, Ramón Sánchez Mares y María Estela Rodríguez en hechos suscitados desde el año 2005. En el primer laudo de la junta la instancia ordenó a la empresa la reinstalación de los tres empleados y el pago de los salarios caídos.
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Desde la administración del hotel se han negado sistemáticamente a cumplir el fallo legal, una de las últimas estrategias fue el estallamiento de una huelga en noviembre del 2014 por el Sindicato de Trabajadores Urbanos, Rurales y similares Primero de Mayo, CROC que encabeza Humberto Gallardo Guillen.
Pero el negocio nunca fue cerrado por completo, las banderas rojinegras las colocaron solo con fines legales paro frenar el procedimiento ordenada por la junta. El siguiente paso fue entregar la administración al sindicato dizque huelguista, todo con el fin de bloquear la reinstalación de María Estela Rodríguez en sus labores.
“Todo lo que se ha hecho ha sido con complicidad del Presidente de la Junta de Conciliación y el Secretario General”, sostuvo el abogado, para luego agregar que un Juez de Distrito emitió un fallo donde consideró ilegal la intervención de quien se ostenta como representante de la empresa.
El abogado de los empleados despedidos dice que han denunciado ante varias instancias, entre estas Contraloría del Estado, la PGR por simulación de actos, ante la Procuraduría estatal, Sindicatura Municipal y en Derechos Humanos
“Hasta ahorita nadie ha querido hacer alguna actuación, ni tomar las riendas del asunto y llevar una investigación a fondo de lo que está pasando”, acotó.
