Una inspección realizada en días pasados por la delegación federal de la Secretaría del Trabajo en Baja California Sur, acordada durante la Reunión Consultiva del Sector Laboral Federal entre diversas dependencias laborales, se efectuó en distintos ranchos agrícolas de la entidad, en particular en Comondú y La Paz.
En Comondú principalmente se detectaron serias irregularidades en el transporte agrícola que traslada a jornaleros agrícolas a los distintos centros de trabajo. Las condiciones de las unidades de transporte son precarias, dentro de ellas los jornaleros han padecido por la falta de ventilación, uno de los inspectores lo corroboró al preguntar quién se haría responsable de ellos en caso de un percance. “La empresa, de hecho hay en ocasiones en tiempo de calor que se sienten mal y arrancamos aquí a Zaragoza al Centro de Salud, pero la empresa es la que encarga”, se escucha en una grabación.
Además, en muchos de los casos, se sientan en las cubetas con las que trabajan, sin una sola medida de seguridad.
“Físicamente estos vehículos no cuentan con ninguna seguridad para la transportación de los jornaleros agrícolas, cabe hacer mención que no cuentan siquiera con asientos y usan los baldes de recolección del producto para poderse sentar dentro del transporte durante el trayecto, sin dispositivos de seguridad, sin la acreditación de la capacitación de los operadores”, expone la dependencia en un comunicado de prensa.
En el video grabado durante la inspección, se observa que algunas unidades de transporte de personal usan baldes para sentarse en el interior del vehículo; en las imágenes, platican con personal encargado de las unidades y dicen que ninguna de las autoridades de los tres niveles de gobierno hace lo propio por exigir que las condiciones del traslado sean idóneas, o por lo menos seguras.
En el material, personal de la delegación del Trabajo, plante: “¿Cuáles son los requisitos que les pone la autoridad para poder tener un documento de manera formal? Si son muchos los requisitos que ustedes necesitan para formalizar su unidad, es decir, si tránsito les pide un permiso especial para transitar por la ciudad o la carretera, ¿la Policía Federal les pide algún documento?”. El responsable responde: “Nomás la concesión, que nomás esté vigente y el seguro, hace poquito fue el de Transportes y nos dio chanza de un mes para regularizar el seguro”.
También se pueden apreciar la bancas improvisadas y en algunos casos, un balde con el cual realizan su labor y allí se sientan hasta 21 jornaleros dentro de la unidad, “pues trae sus bancas, yo no soy de las que eche gente que venga como venga, no; veinte gentes, 21, 17, como 16, pero vienen cómodos, 21 gentes con todo y chofer”.
Los trabajadores agrícolas carecen de seguro social, esto fue captado por el video: “¿Tú tienes seguro, Blanca? ¿No? ¿Doña Ángela?” ‘Sí’ (al fondo). Doña Elena, ¿sí, verdad? ‘Sí’ (al fondo). Doña Lourdes, ¿sí, verdad? No, ¿social? ‘No, anda más o menos como la mitad, porque los dan de baja cuando se sale la mitad de la gente, cuando se acaba el corte, pues, y ya empiezan otra vez y se empiezan a dar de alta’”, evidencia.
Aunque constantemente se deja ver el maltrato del que los trabajadores agrícolas son objeto, cada año se convierte en un tema que da de qué hablar.
Según el secretario de Desarrollo Social en el Estado, José Luis Perpuli Drew, es complejo tener un padrón de los trabajadores y mantener un orden en todos los ranchos agrícolas, sobre porque “tenemos gran cantidad de jornaleros agrícolas que nos visitan, principalmente de Estados expulsores como Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, ahorita hemos estado llevando a cabo una mesa de trabajo en coordinación entre las tres instancias de gobierno con la finalidad primeramente de identificar los ranchos”.
Según datos proporcionados, el último padrón realizado arrojó que existen 84 campos, de los cuales se tienen registrados 17 mil jornaleros que se espera visiten Baja California Sur en 2016. Aunque cada año se ratifica la intención de brindar mejores condiciones a estos trabajadores, no existe un programa específico por ninguna instancia para atender el tema.
Algunos jornaleros se quedan como indigentes en la ciudad y, al no tener un empleo, recurren al delito, sin embargo, tampoco existe un plan o programa que brinde atención a indigentes.
“Vine a trabajar a un campo agrícola aquí para El Pescadero, pero no nos pagaron lo que nos dijeron, además de que el trabajo no duró todo el tiempo que dijeron, nos trajeron con engaños y venos aquí, trabajamos en grupo en el mercado de abastos para traer comida o juntamos botes”, dijo Manuel Arteaga, quien vino desde Guerrero en busca de una oportunidad de trabajo.
De acuerdo con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Silvestre de la Toba Camacho, la mayoría de estos trabajadores provienen de Estados aledaños y posteriormente se quedan desempleados; la última base de datos elaborada por la Comisión registró al menos noventa campos.
“Es un tema de cultura, que nosotros estamos llevando, estamos revisando estos campos, nosotros como Comisión estamos realizando una certificación de los campos agrícolas donde revisamos precisamente esos aspectos, al campo que cumple con los requisitos, el que sí, se les otorga un certificado, el que no, se le convoca a que realice las acciones necesarias. Un promedio de noventa campos agrícolas.
“Ya hemos revisado y queremos entregar más o menos una certificación alrededor de doce, desde luego es muy amplio el panorama, existen algunos que no tienen mucha gente trabajando”, confirmó De la Toba.
Sólo el 10.2 por ciento de los campos agrícolas en BCS ofrecen las condiciones requeridas para que se les otorgue una certificación, esto por el trato digno que ofrecen a los jornaleros; el resto debe solventar y brindar las condiciones humanas para seguir operando.
Según servidores públicos de la Secretaría del Trabajo, falta que se realice un censo para conocer realmente las condiciones de los ranchos agrícolas, determinar cuántos operan, así como la cantidad de trabajadores con que cuentan.
“Hemos atendido un asunto que tenía que ver con el Rancho ‘El Cerezo’, algunas condiciones desfavorables en el Rancho ‘El Piloto’, todo eso en Vizcaíno pero que ya entraron en algunos programas, que inclusive tienen que ver con algunos recursos que bajan a través de SEDESOL e implican mejoras”, puntualizó el titular de la CEDH.
Aunque la Secretaría de Desarrollo Social trabaja para a través de comedores para brindar condiciones favorables y erradicar la pobreza, existe mucho trabajo por realizar, ya que no existe un programa piloto que atienda a jornaleros e indigentes.
