BC: De los mejores penales BCS: Crisis penitenciaria

Centros penitenciarios de Baja California están entre los mejor evaluados por la CNDH. Las cárceles de Baja California Sur entre las de más baja calificación. Los penales El Hongo I y Hongo II encima de la media nacional, pero los reclusorios de Tijuana y Mexicali siguen en la mediocridad, con la ventaja de que ya existe mayor gobernabilidad. En contraparte, B.C. también ocupa primeros lugares en quejas y abusos en el sistema penitenciario

Con una calificación global de 7.42 en cuatro de sus principales prisiones, Baja California se ubicó en el tercer lugar, entre los sistemas penitenciarios menos colapsados del país, mientras que Baja California Sur se ubica entre los peores, en el sitio 25, con una calificación de 5.47, en tres de sus cárceles.

Estos resultados fueron obtenidos del último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) efectuado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2015 y recientemente divulgados por el ombudsman, Luis Raúl González Pérez, quien tildó de “mediocres” a la mayoría de los reclusorios de México.

Baja California superó el promedio nacional de calificación de 6.21 que obtuvieron los 130 establecimientos carcelarios estatales que fueron supervisados en materia de derechos humanos en el país. Incluso el promedio de 7.36 que lograron los centros federales dependientes de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, como en todo, existen claroscuros y en esta entidad no podía haber excepción, pues en contraparte de las buenas calificaciones, el sistema penitenciario bajacaliforniano es uno de los que más quejas recibe internamente sobre abusos cometidos al interior de los dormitorios, así como ante los órganos locales de protección a los derechos humanos.

Y aunque no forma parte del diagnóstico difundido por parte de la CNDH, es notoria la gran cantidad de juicios de amparo indirecto que se presentan ante los órganos jurisdiccionales del Décimo Quinto Circuito relacionados con la presunta violación de derechos fundamentales de reclusos y sus familiares.

Por su parte, en Baja California Sur, el sistema de prisiones va a “pique”, pues así lo señalan los últimos cinco DNSP realizados desde 2011. Aunque no es el peor promedio en la historia de las cárceles baja-sureñas, sí se trata de un descenso consecutivo y gradual de los resultados en los rubros que se supervisan.

Sin autogobierno en BC

En Baja California, durante 2015 fueron visitados por los supervisores de la CNDH los cuatro principales penales: el Centro de Reinserción Social de Mexicali, el de Tijuana y los dos de Tecate (Hongo I y Hongo II). De todos ellos, el Hongo I fue el mejor evaluado con nota de 8.35, incluso resultó ser el tercer lugar de los reclusorios a nivel nacional.

La calificación promedio estatal de 7.42 ubicó a BC solo por debajo de Guanajuato, que obtuvo 8.02 y Aguascalientes, 7.75; y encima de Chihuahua (7.38) cuyo sistema de prisiones ha sido laureado a nivel internacional, y de Tlaxcala (7.34).

Destaca por primera ocasión, la presunta desaparición de cobros por parte de los custodios en el penal de Mexicali, aunque en ese centro prevalecen las actividades ilícitas, tal como también se reporta en el Centro de Reinserción Social de Tijuana “Jorge A. Duarte Castillo”, aspecto que afecta las condiciones de gobernabilidad de ambos penales.

De igual forma, Mexicali y Tijuana presentan sobrepoblación en sus viejas instalaciones. En la capital del estado había hasta el último de diciembre, según la CNDH, 3 mil 419 internos donde solo hay capacidad para albergar a mil 690; mientras que en Tijuana, donde caben 2 mil 562 se tenía a 6 mil 107, en una de las mayores tasas de hacinamiento del país.

En Tecate, en el Cereso de El Hongo I, el cupo es de 4 mil 692 y la población ha crecido a 4 mil 111, por lo que la capacidad casi se empata; mientras que, en El Hongo II, todavía pasará algo de tiempo para que haya sobrepoblación, pues hay estancias para 4 mil 618 presos y solo había mil 64.

En contraste, es de señalarse que en el rubro de abusos, Baja California fue tercero a nivel nacional, con 6 casos reportados ante sus mismas autoridades, solo por debajo de Nayarit con 22 y Chiapas con 11. Los abusos que con más frecuencia se dieron en dormitorios son agresiones, delitos sexuales y lesiones, según el diagnóstico penitenciario.

En cuanto a la presentación de quejas ante organismos locales defensores de derechos humanos, Baja California también obtuvo el tercer lugar con 559 asuntos, muy lejos del primer sitio del Distrito Federal con 5 mil 958 quejas y el segundo escaño, el Estado de México con mil 108.

Las calificaciones por reclusorio fueron las siguientes:

BCS reprobado

De acuerdo al diagnóstico, los penales estatales peor calificados son: Nayarit, Quintana Roo, Guerrero, pero no muy lejos de ellos están los de Baja California Sur, que ocupa el deshonroso lugar número 25, pese a las pocas incidencias negativas en las estadísticas, pero debido a las magras condiciones de la vida carcelaria.

El declive de las institución penitenciaria en la península es perfectamente observable en los últimos cinco diagnósticos de supervisión de la CNDH, pues prácticamente en todos se ha ido al descenso. En 2011 la calificación era de 6.61, al año siguiente bajó a 6.03 y después a 6.01. En 2014 se llegó a la reprobatoria de 5.49 y ahora es 5.47.

Las bajas calificaciones básicamente son en todos los rubros que se analizan, como son los aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, la estancia digna, condiciones de gobernabilidad, la reinserción social del interno y la violación de derechos de grupos de reclusos con requerimientos específicos.

El penal de La Paz y el de Ciudad Constitución tienen sobrepoblación. No así Los Cabos. En la prisión capitalina existe una capacidad instalada para 540 reclusos, pero al último de diciembre se contaba con 934, mientras que en Constitución la cárcel es para 143 y había 217. En San José del Cabo hay lugar para 810 y hubo al final del año pasado 499.

El peor evaluado de los penales fue el paceño, donde además de registrarse actividades ilícitas, existe el llamado autogobierno, que es el ejercicio de funciones de autoridad por parte de los propios presos del centro. También se detectó insuficiencia de personal, deficiencias en el proceso para la imposición de sanciones disciplinarias y una pobre normatividad que rige a estas cárceles.

Las calificaciones por reclusorio fueron las siguientes:

Historias reales en BC

Sí a los diagnósticos de la CNDH se le sumara la gran cantidad de juicios de amparo indirecto que se presentan por parte de los reos del país, la estadística sería más escandalosa, sobre todo porque se trata de reclamos reales, con identidad y con ubicación. Hechos narrados por presos o familiares que pretenden una mejoría en sus condiciones de encierro.

Laura es una de esas personas que exige el respeto de los derechos fundamentales de los que debe gozar su hijo en el penal de Tijuana. Ella demanda el traslado de su vástago a las celdas de castigo llamadas “tumbas” y la negativa de las autoridades penitenciarias para visitarlo o para que el interno “tenga salida a la yarda o hablar por teléfono”. No sabe por qué su hijo está castigado.

Por su parte, en el Cereso El Hongo I, Ricardo promovió un juicio de garantías porque los directivos del penal se negaron a entregarle la correspondencia que le remitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El reo pidió material para su defensa al Director del Centro de Documentación y Análisis del máximo órgano de justicia del país y se lo enviaron. Un juez ya ordenó que le entreguen libros, leyes y demás. Lo mismo le pasó a Librado en el mismo reclusorio.

También en el bien evaluado Hongo I, José Luis tramitó una demanda de amparo a favor de cinco reclusos que además de los incomprobables hechos de tortura física y psicológica, se duelen de condiciones inhumanas y denigrantes en sus celdas, donde –algunos de ellos– duermen en el suelo, entre bichos y malos olores por falta de agua.

Una actuaria judicial del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Tijuana realizó una inspección al respecto en las celdas B-101 y B-102 y pudo describir que las estancias miden 3.50 por 3.50 m., cada una cuenta con una plancha de cemento y una colchoneta delgada de hule espuma. En el piso había otras colchonetas similares. En ese espacio están la regadera y el escusado.

Los presos presentes durante la diligencia expresaron que no había agua potable. El vital líquido solo les llega una hora durante las mañanas a través de la regadera. No sale para el escusado y en esa hora los internos tienen que acopiar la mayor cantidad de agua posible.

La actuaria asentó en su documento que la “visibilidad dentro del pasillo y estancias no es buena, debido a la poca luz que entra por los accesos de ventilación del edificio” y dio fe de un orificio redondo en el piso, donde aseguran los reclusos que antes había un lavamanos, pero lo quitaron y en ese agujero se encharca el agua con emanaciones nauseabundas que les han provocado hongos en la piel.

Manifestaron los quejosos que pasan mucho calor debido a la falta de ventilación, “no cuentan con suficiente agua para tomar, que los colchones que les proveen tienen chinches, garrapatas y arañas, que las palomas acceden al pasillo y dejan sus desechos lo cual es peligroso para su salud”.

Los motivos de amparo y las quejas son múltiples. Hay quienes, como Juan José, que desde 2014 se viene quejando de la falta de trabajo que el sistema penitenciario debería proveerle. Muchos más reclaman la falta de atención médica y de tratamiento, aislamiento, segregación, negativa de visitas o prohibición de adquirir productos de las tiendas en prisión.

No cabe duda de que, aunque los de Baja California, sean de los penales “menos colapsados” de México, mucho habrán de mejorar en el trato digno que estos tiempos demandan para que quienes aún considerados como verdugos de la sociedad gocen de todas las prerrogativas por el simple hecho de ser personas humanas. Reza el refrán que “aunque la cárcel sea de oro…”