Era 1988 y Héctor Félix Miranda “El Gato” apenas alcanzó a conmemorar el octavo año de existencia de este su Semanario, ZETA, el cual fundó y dirigió en coparticipación con el también fallecido Jesús Blancornelas (1936-2006).
Hace 28 años, el 20 de abril, dos hombres lo asesinaron a balazos cuando se dirigía de su casa a las oficinas del Semanario en Tijuana.
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“¿Móvil del crimen? Posibles críticas y denuncias que hacía desde su columna ‘Un poco de algo’ sobre corrupción, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, torturas, asesinatos, acusando a individuos y a entidades públicas y privadas locales y nacionales”, manifestó en sus conclusiones respecto a este caso, el Proyecto Impunidad Crímenes contra Periodistas.
Los testigos y las investigaciones ministeriales determinaron que aquella mañana lluviosa, Antonio Vera Palestina y Victoriano Medina, circulaban en un automóvil negro con vidrios polarizados con el que se colocaron a un lado del vehículo de Félix Miranda y le dispararon de carro a carro, con una escopeta calibre 12 milímetros.
El auto desde el cual le dispararon a “El Gato” era propiedad del Hipódromo Caliente, lo mismo que las armas; los asesinos, empleados del Hipódromo, regresaron a las instalaciones de Caliente a ocultar el arma y el automóvil usados en el homicidio.
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Cuando ocurrió el asesinato, Antonio Vera Palestina era jefe de escoltas del concesionario del Hipódromo, Jorge Hank Rhon, y Victoriano Medina, pertenecía al equipo de guardaespaldas del poderoso profesor Carlos Hank (1927-2001), líder de Grupo Atlacomulco, ex Secretario de Estado y ex gobernador del Estado de México.
“Todos los caminos conducen al hipódromo Caliente”, dijo en referencia al autor o autores intelectuales del crimen, el entonces gobernador de Baja California -de 1989 a 1995-, licenciado Ernesto Ruffo Appel, en cuya administración se concretó la captura de ambos homicidas materiales.
Pero nada, las indagatorias ministeriales no alcanzaron a nadie más que a los matones, el corto brazo de la justicia no pasó por encima del poder político de la familia priista Hank Rhon.
A lo largo de casi tres décadas, organismos internacionales y nacionales han intervenido, buscando justicia en el caso de “El Gato”. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) trabajó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes emitieron una recomendación al Estado mexicano “para esclarecer el crimen”. La SIP México integró un equipo para revisar el expediente judicial.
Pero al final, los resultados en el reclamo por la captura y juicio del o los autores intelectuales han sido nulos frente a un Estado mexicano que vive de la ilegalidad, y quien ordenó el asesinato sigue impune.
De hecho, a 28 años del homicidio, todos los responsables de la violenta muerte de Héctor Félix Miranda gozan de libertad, incluso los sicarios que le quitaron la vida. El 30 de abril de 2015, tras purgar una sentencia de 27 años, Victoriano Medina dejó el Centro de Readaptación Social “El Hongo” en Tecate, argumentando que era un hombre nuevo y religioso. Al día siguiente, la tarde del 1 de mayo, Antonio Vera Palestina salió del penal del Altiplano.
Ambos agradecieron a su patrón, Jorge Hank Rhon, el apoyo recibido mientras estuvieron dentro. De hecho, dos días después de la excarcelación, el priista decidió darle el espaldarazo público a su también compadre Vera Palestina, y fue a comer a un lugar público con el homicida material de Félix Miranda. Ahí el dueño del Hipódromo Caliente recordó que él también es un ex reo.
En junio de 2011, Jorge Hank estuvo preso por 11 días, militares lo detuvieron cuando el Ejército encontró en su propiedad 88 armas, dos de las cuales participaron en homicidios, y después los ministeriales intentaron aprehenderle -les fue negada la orden de arraigo- por su presunta autoría intelectual en el asesinato de una de sus nueras.
Como en el caso de Félix Miranda, tampoco le fincaron cargos. Quedó libre igual que el 19 de agosto de 1991, cuando fue detenido en San Diego, California, transportando una cría de tigre blanco siberiano, y en mayo de 1995, cuando llegó de Japón al aeropuerto de la Ciudad de México con contrabando de marfil y pieles de animales en peligro de extinción.
Incluso en el México actual está claro que los miembros de familias poderosas creen que es su privilegio no tener que cumplir las leyes y un corrupto Estado mexicano fomenta su creencia.
Veintiocho años han pasado desde la muerte de Héctor, siete gobernadores, cinco presidentes de la República y sus respetivos procuradores han decidido ser omisos en la búsqueda y castigo del o los autores intelectuales.
El tiempo no implica olvido, la impunidad y la justicia siguen ausentes, por eso, hoy desde nuestra página editorial reiteramos la petición que hacemos semanalmente en la página 2-B de ZETA: reclamamos justicia, exigimos la investigación, la captura, el juicio y el castigo de quienes ordenaron el crimen.
