Política Breve y de Emergencia
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El proceso electoral de Baja California 2016 está en plena marcha. Los partidos políticos que pudieron registrar candidatos en tiempo forma ya andan por todas las calles de la entidad pidiendo el voto ciudadano; entre partidos aliados, los que participan solos y los candidatos independientes, son muchos los candidatos, el mayor número en la historia, más los que faltan por entrar a la contienda, si logran su registro vía recurso en tribunales. Hasta ahora el saldo: un Instituto Estatal Electoral puesto en tela de duda en su actuación.
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Se dice que por problemas internos, porque el permanente enfrentamiento de grupo no permitió acuerdos; que por abierto sabotaje a la presentación de documentación que acreditara registros que venían de la dirigencia nacional para invalidar propuestas de la dirigencia estatal; que por la cerrazón de las autoridades electorales y su falta de criterio y expeditez para dar trámite a los requisitos. En fin, el caso es que el Partido de la Revolución Democrática se quedó sin candidatos a alcaldes en el estado.
El caso de los aspirantes a la participación independiente no termina de concluir, la queja generalizada es la incapacidad del Instituto Electoral para procesar adecuadamente la evaluación de los requisitos (básicamente las firmas de apoyo) y otorgar el registro; y aunque cada caso en lo individual es diferente, el papel que juega el árbitro es señalado de parcial y los requisitos de complicados y puestos a modo de los partidos. Se quedan sin opción adicional salvo la impugnación jurídica, su participación está en veremos.
El Partido Encuentro Social participa como contendiente real, sobre todo en Tijuana. Con una creciente organización sus militantes ven una seria oportunidad de obtener el triunfo el 5 de junio; pero el pasado martes dan a conocer que el registro de su candidato a alcalde, Julián Leyzaola, es impugnado por otro partido político, bajo el argumento de no reunir requisitos de elegibilidad. Ante el riesgo de quedarse sin candidatura, responsabilizan a otros partidos políticos, no solo al que impugna. De proceder, el primer responsable sería el IEE que admitió en primera instancia el registro.
Se reúnen los consejeros electorales del IEE y en trabajos de comisión analizan el otorgamiento de prerrogativas económicas a los contendientes, desde luego los que primero objetan las condiciones de inequidad con respecto a los partidos son los representantes de candidaturas independientes, existe una abismal diferencia entre lo otorgado a los partidos y a los que participan sin partido. Concluyen inclusive los consejeros, con la opinión de que la ley está equivocada en su manera de regular la competencia en lo que a candidaturas independientes se refiere.
Ya sea por agravios directos o específicos como el caso de la sanción a los registros, porque se considere una actuación parcial de parte de la burocracia del IEE o porque como partido contendiente se pueda considerar un agravio indirecto al evaluar el trato o la sanción a actos de otros partidos, pero la contienda está registrando incidentes para impugnación jurídica y el principal señalado es desafortunadamente el árbitro electoral.
Que se impugne la actuación del IEE no es el problema, el problema será que a las impugnaciones se les dé la razón y se obligue a resarcir el perjuicio causado a los partidos o candidatos. ¿De qué manera se podría recuperar el tiempo perdido en campañas por no estar autorizado como candidato? ¿Cómo se podría cuantificar el número de votos no recibidos porque no se hizo campaña desde el inicio? ¿Cuál será el resarcimiento que ordene el tribunal, porque a un partido o candidato no se le pudo otorgar en tiempo y forma el monto de su prerrogativa de campaña?
En elecciones tan competidas (que hasta hoy solo sabemos que lo son por el número de aspirantes, esperemos que en las urnas se pueda vencer al abstencionismo), se antoja habrán diferencias pequeñas entre ganadores y perdedores. Si como ha sido ya la norma las elecciones se definirán en los tribunales, bien valdría empezar a “blindar jurídicamente” al árbitro de la contienda, porque pudiera con sus acciones ser causa y efecto de anulación de elecciones.
Que la historia lo registre.- En las elecciones de Colima 2015 el candidato del PAN perdía por un pequeño margen. La anulación de las elecciones resultado de su impugnación sabía a triunfo de cara a un nuevo proceso. En la reedición de la elección en enero de 2016 la elección volvió a ser adversa por 3% al PAN. El árbitro electoral pudo haber evitado la anulación.
Botón rojo.- A las autoridades electorales les urge asesoría y apoyo jurídico para sustentar sus actuaciones; no todo se resuelve con la fuerza de los apoyos políticos.
Salvador Morales Riubí, político tijuanense, ha sido funcionario municipal y estatal. Actualmente es empresario y consultor en temas de salud y relaciones públicas. Correo: smriubi@yahoo.com
