En el operativo conjunto, las víctimas presuntamente de trata no fueron rescatadas. Eran 26 estudiantes, edecanes, modelos y bailarinas de table dance contratadas para una despedida de soltero en el exclusivo fraccionamiento de Costa Azul en San José del Cabo. La PGJE abrió investigación por lenocinio
San José del Cabo, Baja California Sur.- El operativo de la Policía Federal de las divisiones de Gendarmería, Antidrogas y Seguridad Regional de la Comisión Nacional de Seguridad, encabezados por los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia en Contra de Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR), Paulina Escudero Alvarado y Sebas García Badillo fue un fracaso.
La noche del 12 de marzo, cuando reventaron un inmueble ubicado en el exclusivo fraccionamiento Costa Azul en este destino turístico, las víctimas presuntamente rescatadas no estaban esclavizadas, amarradas o trabajando en contra de su voluntad. Es más, ni habían sido amagadas, tampoco trabajaban bajo amenazas y chantajes.
Por el contrario, habían sido contratadas esporádicamente para amenizar una fiesta de despedida de soltero, y donde se encontraban alrededor de 50 personas entre mexicanos y estadounidenses.
El evento privado, y para evitar la molestia de los vecinos, había sido disfrazado como una fiesta de cumpleaños en honor de una supuesta mujer de nombre “María”, donde en los postes de luz y de teléfonos, fueron colocados estratégicamente algunos carteles de color blanco con letra negra y roja y con la leyenda: “¡Feliz Cumple María!”, y en la barda perimetral de la residencia, otros de color rosa con letras negras y el texto en inglés: “¡Happy B-Day!”
El inmueble la noche del operativo en Los Cabos, completamente bardeado y disfrazado de una fiesta de cumpleaños.
Dentro de la propiedad de alrededor de dos mil 500 metros cuadrados, localizada en un punto conocido popularmente como Gringo Hill –por ser una zona donde la mayoría de los residentes son de Estados Unidos–, colocaron globos blancos y morados, y sobre tres mesas de centro, pusieron botellas de whiskey, tequila, agua mineral y bebidas energéticas.
En una hielera acomodaron latas de cerveza, y en algunos camastros y sillones, localizados alrededor de la alberca, colocaron bolsos de mujer, ropa, toallas, sandalias, zapatillas y salvavidas inflados de color azul y rosa.
La fiscalía adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención de Delitos y Servicios a la Comunidad de la PGR, según uno de los agentes federales participantes en el operativo conjunto, recibió anónimamente información de la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en ese inmueble.
Los datos que tenían –según la denuncia anónima– era que esa noche se iba a celebrar una fiesta en el lugar, la cual “iba ser amenizada por todas las víctimas que era un grupo de jóvenes mujeres que habían venido trabajando para una red de prostitución que tenía su centro de operaciones en La Paz y Los Cabos”.
La Fiscalía Especial de Delitos de Violencia en Contra de Mujeres y Trata de Personas, no indagó sobre el origen de la investigación y tampoco los datos recibidos. Simple y sencillamente se dejó llevar por la información anónima, dándola por un hecho, activando un fuerte operativo y solicitando el respaldo de un grupo de élite de la Policía Federal.
Así quedo la zona de la palapa dentro del inmueble, después del operativo en la despedida de soltero en Gringo Hill.
Los agentes –según uno de los efectivos que participó en el operativo– fueron requeridos para ejecutar el plan de rescate, quienes fueron desplazados desde la Ciudad de México.
Fue así, y de acuerdo al agente federal, como armaron el operativo, obteniendo todo el tiempo datos e información de un supuesto informante, quien entregó los números telefónicos de los presuntos cinco integrantes de la red de prostitución.
Asimismo, tuvieron acceso a conversaciones de Whatsapp, mensajes de texto y fotografías de algunas de las mujeres.
Los agentes federales –entonces– aún sin estar plenamente convencidos de que el caso sería “una bomba”, tal y como preveía la PGR, comenzaron el trabajo de inteligencia, obteniendo información de primera mano, quienes, en el segundo de los tres días de investigación, lograron saber que el caso de Costa Azul, no era trata de personas con fines de explotación sexual, sino de lenocinio, el cual tendría que ser investigado por el fuero común.
Las presuntas víctimas –según confirmó el agente federal– recibirían pagos de mil 500 y hasta 3 mil pesos cada una por participar en el festejo.
Según con la venia de la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia en Contra de Mujeres y Trata de Personas, las autoridades “llevaron a cabo el operativo, teniendo la certeza de que todas esas mujeres estaban al servicio de una red de prostitución, y acordaron desmantelarla”.
EL OPERATIVO
El operativo conjunto de la Policía Federal y de la PGR inició el 9 de marzo, es decir, tres días antes de revisar el bien inmueble en Costa Azul, cuando alrededor de 50 efectivos de elite –40 hombres y 10 mujeres– arribaron a bordo de 7 camionetas vía marítima en la terminal de Pichilingue en La Paz.
El convoy fue tan vistoso que corrió el rumor inclusive, de la llegada de agentes de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad, quienes en medio de la ola de violencia de las últimas tres semanas, registrada hasta el 10 de marzo, habían llegado a reforzar los operativos de seguridad en la capital sudcaliforniana.
Lo cierto es que los agentes federales bajaron del barco y se enfilaron rumbo a Los Cabos, donde establecieron un Centro de Mando, en espera de instrucciones de la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia en Contra de Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los efectivos esperaron pacientemente el día de la fiesta, algunos de ellos, haciendo labor de inteligencia, vestidos de civiles y circulando en automóviles rentados, pasando constantemente por el punto de encuentro, estudiando el inmueble, viviendas de vecinos y las calles y rutas de posibles escapes.
La planeación del operativo abarcó cuando menos 2 cuadras a la redonda –según el agente federal– colocando las primeras cuatro unidades en cada una de las esquinas y el resto a la siguiente cuadra, como una especie de anillo de seguridad.
La noche del operativo, los agentes federales, tomaron por asalto el inmueble, saltando algunos por las bardas y abriendo la única puerta de acceso a la propiedad privada, y donde los presentes, fueron encañonados, quedando viéndose entre sí, y luego se tiraron al suelo.
Los agentes federales ingresaron y comenzaron a revisar cada esquina de la enorme propiedad que está distribuida de la siguiente manera.
1.- La casa de la presunta dueña identificada con el nombre de Pilar.
2.- Una bodega pequeña.
3.- Una área de bungalós.
La propiedad que –según el agente federal– “había sido rentada previamente por uno de los organizadores de la despedida de soltero”, tiene como área de uso común un enorme patio, alberca y palapa, así como un área verde.
El agente del Ministerio Público, Sebas García Badillo, muy bien acompañado con edecanes como las que supuestamente rescataron en San José del Cabo.
Casualmente, ese día, la propietaria del inmueble no estaba presente, y solo estaban los invitados de la citada fiesta.
Después de tomar por asalto la propiedad e interrogar a las supuestas víctimas, los agentes federales, detuvieron a una mujer y cuatro hombres, y quienes fueron señalaron como los responsables de la contratación.
La mayoría de las ‘víctimas’ –según sus testimonios– eran estudiantes de nivel profesional, edecanes, modelos y bailarinas de table dance, quienes admitieron dedicarse a ejercer la prostitución en fiestas privadas, y por contrataciones esporádicas.
Las prostitutas –en sus testimoniales– dijeron no vivir en ese lugar y tampoco estar a la fuerza, algunas describieron que fueron transportadas de La Paz y otras de Cabo San Lucas, a fin de estar en la despedida de soltero.
Las mujeres fueron trasladadas en cuatro vehículos. Son los siguientes:
1.- Una camioneta mini van de color blanco, vidrios polarizados y placas de circulación 58-11-AVC del estado de Baja California.
2.- Una camioneta de color vino, línea Yukon, marca GMC, sin placas de circulación, quemacocos y rines cromados.
3.- Un automóvil de color blanco, línea Lancer, marca Toyota, con placas de circulación 38-11-ABC.
4.- Un automóvil de color blanco, línea Malibu, marca Chevrolet, con placas de circulación CZP-16-38.
Los vehículos, según datos recabados por ZETA, aparecen a nombre de la joven Anaid Vanegas Hernández, la cual registró, cuando menos una de las unidades, a principios de 2015, con el domicilio en la calle Sinaloa Departamento 2 casi esquina con Héroes de Independencia en la colonia Pueblo Nuevo en La Paz, Baja California Sur.
El día del operativo, los cuatro hombres detenidos señalaron como cabecilla de la banda a la mujer identificada como “Ani”, quien –según dijeron– fue la responsable de contratarlos como choferes, y su trabajo únicamente consistió en transportar a la fiesta a todas las mujeres.
LA INVESTIGACIÓN
Después de la detención, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia en Contra de Mujeres y Trata de Personas de la PGR, Paulina Escudero Alvarado, ordenó el aseguramiento del inmueble, levantó el inventario de los bienes muebles y vehículos y solicitó la inscripción de aseguramiento del bien inmueble al director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Los Cabos.
El Agente del Ministerio Público abrió la carpeta de investigación FED/BCS/CSL/0000097/2016, y ordenó la entrega de una cédula de notificación al propietario de la residencia.
Los datos recabados hasta ahora es que la red de prostitución operaba en el Estado de México, y desde principio de 2015, abrió un centro de operaciones en La Paz, y después en Los Cabos.
La encargada de recolectar prostitutas –según las primeras indagatorias– fue identificada como “Ani”, a quien describieron como una “mujer hermosa, de clase y porte”, de tez clara, ojos negros, complexión delgada, estatura de 1.60 metros de altura, cabello negro, boca chica y ceja escasa.
Anaid Venegas Hernandez, presuntamente vinculada en el proceso penal
El modus operandi –de acuerdo a las investigaciones oficiales– es que la organización delictiva contactaba bailarinas en los table dance de La Paz y Los Cabos y seleccionaba mujeres jóvenes estudiantes, edecanes y modelos, necesitadas de dinero y dispuestas a prestar un servicio sexual discreto, a cambio de mil 500, tres, cinco y hasta 7 mil pesos, según el cliente.
El acuerdo –según las investigaciones– era que la banda conseguía a los clientes a través de meseros en restaurantes y bares, así como prestadores de servicios y a través de contactos en Facebook y WhatsApp.
Después de conseguir el cliente, las mujeres eran recogidas en sus casas o en cualquier punto cercano, y entonces eran llevadas a moteles, hoteles o viviendas de los propios clientes, y después de una hora o el tiempo solicitado por el usuario, recogidas y regresadas a sus hogares.
Los servicios prestados por la organización delictiva –según las indagatorias– eran tres:
El servicio de escort, el cual consistía en la renta de una prostituta como acompañante de algún cliente a algún bar, discoteca o alguna fiesta, y el cual subía el precio, en caso de terminar en sexo.
El segundo era el servicio a domicilio, el cual era llevar a una mujer hasta el motel, hotel o vivienda del cliente, y posteriormente, recogerla, según el tiempo solicitado por el usuario.
El tercero era el servicio ejecutivo, y el cual consistía en llevar a un grupo de prostitutas a fiestas privadas de empresarios, políticos o narcomenudistas, lo mismo a una casa, un hotel o salir a un paseo en yate.
Tras darse cuenta que no podría configurarse jurídicamente el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, la PGR envió el caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, que abrió la averiguación previa CSL/005/HOM/2016 por lenocinio.
Según un abogado consultado por ZETA, el lenocinio está tipificado por el artículo 207 del Código Penal como un delito del fuero común, y se comete cuando “toda persona que habitual o accidentalmente explote el cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se mantenga de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera”.
Caso contrario, el delito de trata de persona –de acuerdo al Artículo 5 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas– es aquel que “promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, engaño, el abuso de poder someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud”.
En el caso de Costa Azul, de acuerdo a la versión de las prostitutas, no hubo violencia física o moral y mucho menos esclavitud.
Finalmente, el 16 de marzo, el Procurador General de Justicia del Estado, Palemón Villeda Alamilla, confirmó que la PGR se declaró incompetente para proceder jurídicamente en contra de los sospechosos y turnó el expediente de explotación sexual a la Procuraduría, por lo que resolvieron la averiguación previa y la turnaron a un juez penal para su análisis y resolución.
Durante una reunión con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, el titular de la PGJE, aseguró que ninguno de los cinco detenidos es de nacionalidad extranjera, y los cuales fueron internados en el Centro de Reinserción de San José del Cabo a disposición del juez de la causa, y quien en las próximas horas habrá de resolver su situación jurídica.
