La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que la grave situación de violencia en México que padecen periodistas, defensores de derechos humanos y comunicadores por el ejercicio de la libertad de expresión, los convierte en un grupo de la población “especialmente vulnerable”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la CIDH, presentó en días pasados el informe “Situación de derechos humanos en México”, en el que destacó conclusiones y recomendaciones vinculadas a las garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en México.
La CIDH destaca las cifras oficiales, que muestran que entre 2010 y 2015 fueron asesinados más de 55 periodistas.
“La mayor parte de estos crímenes permanecen en la impunidad, sobre todo en lo que refiere a autores intelectuales no identificados, lo que ha impedido determinar si tienen una conexión con la labor informativa de las víctimas”, dijo la Comisión a través de un comunicado difundido hoy.
La CIDH destacó que la violencia contra las y los comunicadores se ha visto especialmente agudizada en aquellos estados de la federación en los que existe una fuerte presencia del crimen organizado.
“En muchos casos, los integrantes de estos grupos actúan en colusión con agentes estatales. La información con la que cuenta la CIDH permite afirmar que, en su mayoría, los periodistas que han sido víctimas de violencia habían denunciado o informado sobre corrupción administrativa en el ámbito local, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados”, dice el boletín.
El informe recuerda que tanto la Comisión como la Corte Interamericana se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros profesionales de los medios de comunicación, así como para quienes pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza.
“También se ha recibido información sobre desapariciones y ataques contra la vida e integridad personal de periodistas por parte de agentes estatales y no estatales, prácticas de hostigamiento y amenazas, vigilancia e interceptación de las comunicaciones”, afirmó la CIDH.
De acuerdo con la información recopilada por la Relatoría Especial y la recibida durante su visita in loco, en los últimos años la situación de violencia contra periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios en México ha venido en aumento, sobre todo en algunos estados como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca.
Esto a pesar de las reformas constitucionales y legislativas y la adopción de medidas para salvaguardar su integridad, como el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobado en 2012.
Por otra parte, la Relatoría Especial reconoció, al igual que la CIDH, la “importancia de que el mecanismo de protección haya comenzado a implementarse y que 190 periodistas y 273 defensores de derechos humanos hayan beneficiarios del mismo hasta septiembre de 2015”.
Sin embargo, dice el boletín, se han presentado desafíos en la eficacia de las medidas dispuestas para su protección e invita al Estado a continuar con los esfuerzos desplegados para su fortalecimiento.
La Comisión expresó además su preocupación por los altos índices de impunidad en estos crímenes.
“Frente a un panorama de centenares de agresiones contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación ocurridas en México en los últimos años, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició 458 averiguaciones previas de los casos que pueden estar vinculados al ejercicio del periodismo entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de agosto de 2015”, dice el boletín.
De ese total se declaró incompetente en 176 y en 53 se inició proceso contra un presunto responsable ante autoridades judiciales. Desde el 2013 cuando se le otorgo la facultad de atracción, esta Fiscalía la ha ejercido en 40 casos.
“La Comisión ve con preocupación que sea la propia entidad investigativa quien, haciendo uso de diferentes argumentos, se interponga obstáculos a sí misma para asumir la titularidad de la investigación, lo que puede terminar afectando su eficacia”, indica la CIDH en el informe.
Por último, la CIDH recomendó al Estado mexicano que mantenga el carácter de fiscalía especializada y que la dote de recursos económicos y humanos suficientes para que pueda cumplir con su labor.
