A través de un comunicado, la Policía Federal (PF) informó que grupos de élite de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, detuvieron en la ciudad de Oaxaca a Juan Manuel Álvarez Inzunza, alias “el Rey Midas”, e identificado como el principal operador del lavado de dinero en las organizaciones delictivas encabezadas por Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García.
La dependencia señaló que gracias a labores de inteligencia y campo, tanto de la Policía Federal como de los elementos militares, permitieron ubicar a que este sujeto, quien se desplazaba entre los estados de Sinaloa y Jalisco, pero que relajó su círculo de seguridad para vacacionar a la capital del estado de Oaxaca, por lo que se identificó el momento adecuado para la captura.
La detención se efectuó sin la necesidad de efectuar disparos de armas de fuego y sin poner en riesgo a otros ciudadanos, aseguró la PF.
De acuerdo con el comunicado, se tienen indicios de que presuntamente, Juan Manuel Álvarez de 34 años de edad, colocaba recursos obtenidos por actividades ilegales como el narcotráfico y extorsiones, a través de un esquema de empresas, centros cambiarios y prestanombres, establecidos principalmente en Sinaloa y Jalisco, en las cuales pudo haber blanqueado un estimado de 300 a 400 millones de dólares anuales, es decir, más de cuatro mil millones de dólares en la última década.
Las investigaciones lo vinculan, además, con una red internacional de lavado de dinero desde ciudades como Tijuana, Culiacán o Guadalajara, y enlaces con otras naciones como Colombia, Panamá y los Estados Unidos.
Cabe señalar que Juan Manuel Álvarez Inzunza o Erick Tadeo Inzunza Zazueta o Juan Manuel Salas Rojo o Juan Manuel Tamayo Ibarra, nombres con los que también se identificaba este hombre, cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición en su contra, derivada de una orden de arresto por el delito de lavado de dinero, emitida por la Corte Federal de Distrito en Washington, Estados Unidos.
Este sujeto fue trasladado a la Ciudad de México, para quedar a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se definirá su situación jurídica.
