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jueves, febrero 15, 2024
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“[El gobierno] Está diciendo puras mentiras”, dice testigo de la masacre Tlatlaya

Clara González Gómez, sobreviviente de la matanza en Tlatlaya, concedió una entrevista al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y la fundación Open Democracy, asegurando que las autoridades “estaban diciendo mentiras puras”, sobre lo ocurrido la madruga del 30 de junio del 2014, cuando una unidad del Ejército llegó a un almacén de aquel municipio del Estado de México y comenzó a disparar, matando a 22 civiles.

“Todo el mundo en el gobierno, el estado, quería que esto quede en la impunidad. Pensaron que nunca hablaría”, dijo la testigo de los hechos, González Gómez, conocida como la testigo “Julia”, quien rompió con la versión oficial.


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Tan pronto como Clara contó su historia, inicialmente bajo el seudónimo “Julia”, los funcionarios del Estado y militares se decidieron a investigar los homicidios.

“Me escondí durante tres días, pero entonces mi hijo mayor me dijo que lo hiciera. Él dijo que no era nada más que una entrevista, sólo una simple entrevista. Me animó y así lo hice, dije en voz, y así es como se descubrió todo”, dijo Clara sobre la primera versión de su testimonio que se publicó en la revista estadounidense Esquire.

“Rompí el silencio, porque yo estaba muy desesperada en mi casa, oyendo las mentiras de los periódicos, en las noticias, que esto no fue una ejecución extrajudicial, que se trataba de un tiroteo. Eso no era cierto, eso es lo que me dolía, que el gobierno estaba diciendo que había sido un tiroteo y se estaba felicitando a sí mismo, y estaban diciendo mentiras puras. También hablaron de mi hija y dijo que era parte del crimen organizado, y era una gran mentira, así que también rompí el silencio en memoria de mi hija”, aseguró la testigo de la matanza de Tlatlaya.


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La historia oficial aseguró que los militares habían participado en enfrentamientos ”con una banda de narcotraficantes”, sin embargo, la mujer sobreviviente, cuya hija murió en el incidente, dijo que no era así “en lo absoluto”, y que los civiles fallecidos en realidad fueron ejecutados.

“Su decisión de hablar provocó numerosas investigaciones, y tres miembros del Ejército están en espera de juicio por cargos de homicidio. Pero su lucha sigue”, dice el reportaje publicado en inglés en el portal de la fundación estadounidense.

La única hija de Clara Gómez González, Erika, desapareció un día desde su ciudad natal de Arcelia, Guerrero. La mujer fue a buscar a su hija, que se encontraba con un grupo de sujetos. Pero al encontrarla, los hombres armados la llevaron también consigo, hasta la bodega en donde sucedieron los hechos.

“[Tierra Caliente] Es una región de México donde la violencia patrocinada por el Estado a menudo converge con el de la delincuencia organizada. Tales desapariciones no son infrecuentes allí. Se sabe que los grupos criminales a veces se llevan a las niñas contra su voluntad o las hacen víctimas de la trata de personas”, asegura Open Democracy.

Cuando el Ejército entró en el almacén, disparando y Erika resultó herida por una bala en la pierna. Momentos después, los soldados ordenaron supuestamente, que, las personas en el interior de la bodega se rindieran, lo cual hicieron, indicó la testigo de los hechos.

Sin embargo, los hombres que se encontraban en el interior fueron llevados a un rincón de la bodega, y, uno por uno, fueron ejecutados. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) llegó a la conclusión de que entre 12 y 15 ejecuciones extrajudiciales se llevaron a cabo en lo que se conoció como la “masacre de Tlatlaya”.

“Erika estaba entre los muertos, y todavía no está claro lo que le pasó a ella. Clara la llegó a ver aún con vida, débil por su herida en la pierna. Pero a Clara no se le permitió atender a su hija porque ella misma fue acusada de ser un criminal, una traficante de drogas. Sólo hasta más tarde ella pudo ver el cadáver”, dice el reportaje.

Clara, una maestra que trabajaba en las comunidades rurales pobres fuera de Arcelia, fue interrogada una semana completa. “Bajo presión de amenazas y tratos crueles por los funcionarios del Estado de México que investigan el caso, se firmó una declaración jurada, sin saber lo que realmente dijo. Los únicos otros dos supervivientes de la matanza, también mujeres, fueron torturadas mientras se investigaba un hecho confirmado por la CNDH”, dice Open Democracy.

Autor(a)

Redacción Zeta
Redacción Zeta
Redacción de www.zetatijuana.com
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