El ex presidente del PRI vivió siete días en la cárcel de Soto del Real de Madrid, España. Una semana en la que, a pesar de su puesta en libertad con medidas cautelares el 22 de enero, quedó claro que la justicia estadounidense tiene abierta una investigación en su contra y que, tanto en Estados Unidos como en España, no es el único investigado por narcotráfico, blanqueo de capitales y malversación de dinero público. La fiscalía investiga a más personas vinculadas al ex gobernador. El auto de libertad del juez Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso ZETA, así lo constata
Madrid, España.- Si España comenzó a escuchar las llamadas telefónicas de Humberto Moreira y a investigarlo por lavado de dinero fue porque Estados Unidos así lo pidió.
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“Las autoridades norteamericanas remitieron en septiembre de 2013 una comisión rogatoria en investigación de un delito de blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, en las que con ocasión de una investigación al citado Sr. Moreira y a otros, se solicitaba la intervención telefónica del número de teléfono utilizado en España”, dice el segundo razonamiento jurídico del auto de libertad de Moreira Valdés que escribió el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, con fecha 22 de enero de 2016.
Para llegar a la conclusión de que Moreira debería ser liberado, el magistrado tuvo que exponer detalles de los motivos por los que primero fue investigado y dos años después encarcelado. Gracias a ese documento, del que ZETA tiene una copia, se sabe que la comisión rogatoria contra el ex gobernador solicitaba una minuciosa investigación sobre su persona con las citadas intervenciones telefónicas y con la búsqueda de todo rastro de actividad económica que pudiese existir en España desde el 1 de enero de 2005 (diez meses antes de comenzar su gobierno en Coahuila). De ahí que los fiscales encontrasen las transferencias de casi 122 mil euros de las empresas Unipolares y Espectaculares del Norte y Negocios y Asesoría en Publicidad, y otra de 55 mil 500 euros que a su favor realizó Rolando Leos Siller, persona que en el documento del magistrado español se deja constancia, era “Director de Alimentación y Desarrollo Comunitario (del DIF) durante el mandato de Humberto Moreira como Gobernador de Coahuila”. Junto a una serie de depósitos en efectivo, las tres cuentas que Humberto Moreira tenía en España sumaron más de 199 mil euros, casi 4 millones de pesos al tipo de cambio actual. Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa consignaron tal patrimonio como sospechoso de lavado de dinero.
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EMPRESAS FANTASMA
El equipo de letrados defensores de Humberto Moreira, perfectamente coordinados con el despacho del abogado mexicano Ulrich Richter, presentó el viernes 22 de enero la justificación legal de todas las transferencias recibidas en las tres cuentas del político. Paradójicamente, algunas de las facturas que sirvieron como pruebas para liberar a Moreira y que presentó Manuel Ollé, su abogado defensor en España, son de empresas cuyo domicilio fiscal ni siquiera existe. Como informó el diario El Financiero, la compañía Unipolares está domiciliada en la calle 20, número 338 interior 11 de la colonia Lourdes, en Saltillo, Coahuila. Una dirección cuyo número es irreal porque la numeración de esa avenida comienza en el número 1000, señaló el diario. Con una simple búsqueda en internet, se pueden encontrar anuncios de Unipolares y Espectaculares del Norte con otra dirección en el municipio de Ramos Arizpe, un domicilio que corresponde a una calle sin asfaltar y con cuatro casas a medio hacer. La otra empresa, Negocios y Asesoría en Publicidad, tiene la misma dirección que Unipolares en Saltillo, salvo el número interior, que no es el 11, sino el 12.
Estas sospechosas coincidencias y domicilios inexistentes, seguramente eran algo que ya conocía la fiscalía. “Policía y Fiscalía sospechan que esas empresas son una tapadera y la clave es conocer realmente de donde llegó el dinero a esas sociedades”, escribía la periodista Carlota Guindal del diario digital El Español el 25 de enero. Con más de 13 años cubriendo información de tribunales y con fuentes fiables tanto en la fiscalía como en la Policía, Guindal señala hacia dónde iban las pesquisas contra Moreira: sus empresas. El dinero recibido por Moreira Valdés del 15 de enero al 26 de septiembre de 2013 era la única prueba fehaciente o más directa contra él. Sin embargo, contra todo pronóstico, a pesar de que las sociedades del ex gobernador resultaran sospechosas, el juez español dio por buenas dichas facturas. El consiguiente malestar y enfado de la Policía Nacional tras la liberación de Moreira era de esperarse. Llevaban más de dos años siguiéndole los pasos y se libró con facturas de esas mismas empresas tapadera.
“No hay base para apreciar el delito de blanqueo, único delito del que podría conocer la jurisdicción española”, explicaba el auto. Sin más motivos que el dinero y habiendo sido justificado su origen, el magistrado Pedraz no tenía por qué dejar en prisión provisional al ex mandatario coahuilense. El dilema ahora lo tiene la propia fiscalía, preocupada por la gran cantidad de información sobre el caso que ha salido a la luz. Si presenta un recurso contra la libertad de Humberto Moreira, creen que podría ser perjudicial, al tener que desvelar más datos clave estarían comprometiendo gran parte de la investigación.
Al cierre de esta edición, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional seguía sin pronunciarse sobre la completa absolución de Moreira, ni la fiscalía había interpuesto recurso alguno contra su liberación.
MÁS SOSPECHOSOS
Después del blanqueo, los otros delitos de los que se acusaba a Humberto Moreira tenían menos peso en la investigación, según explica Santiago Pedraz en su auto. El magistrado refiere que si no se han cometido en España los delitos de pertenencia a organización criminal o malversación de dinero público, no tiene jurisdicción para juzgarlos. “El Sr. Moreira podrá o no haber cometido la malversación y posterior blanqueo -perteneciendo o utilizando o no una organización criminal… (espacio en blanco borrado por el juez para no citar el nombre de dicha organización) en México o Estados Unidos, mas no se acredita siquiera indiciariamente su comisión en España, ni aun en parte”.
Según fuentes de la fiscalía citadas una vez más por la periodista Guindal, la organización criminal investigada sería el sanguinario Cártel de Los Zetas, con la que Moreira no solo se habría relacionado, sino que habría incluso trabajado. “Los investigadores tienen pruebas que demostrarían que Humberto Moreira sería un subordinado para este grupo de narcotraficantes”, escribió Carlota Guindal el 21 de enero, un día antes de la liberación del político coahuilense. Surge entonces la duda de si la fiscalía prefirió reservar dichas pruebas contra Moreira para un bien mayor.
Por su parte, Pedraz puntualiza que en Estados Unidos se abrió una investigación a Moreira “de cuyo resultado no se tiene constancia”. El juez deduce que si no se ha cursado una orden de arresto internacional contra el político priista es porque los investigadores norteamericanos tampoco le han encontrado algo.
Los hermanos Raúl y Rolando González Treviño podrían ser los “otros querellados” a los que se refiere el juez en su escrito. “Fuentes judiciales señalan que a Moreira se le vincula con los hermanos Raúl y Rolando González Treviño, supuestos blanqueadores del dinero que obtienen los cárteles de narcotraficantes en México”, publicó el diario El País un día después de la puesta en libertad de Moreira Valdés. Sin embargo, al estar la investigación declarada como secreta, los nombres de los demás sospechosos señalados en el auto del juez fueron omitidos.
FRENTES ABIERTOS
La Fiscalía Anticorrupción peleará hasta el final la revocación del encarcelamiento de Moreira, como luchó el 5 de febrero de 2015 para que no se cerrara la investigación. Aunque la rotundidad del juez en su auto de libertad -donde desmonta y minusvalora las pruebas recabadas contra el ex gobernador- hace pensar que no habrá apelación que valga y que Humberto Moreira será completamente libre en los próximos días. Libre para volver a México o viajar a donde le plazca, pero no absuelto de las sospechas de los fiscales Rosa y Grinda que seguirán con la investigación “del resto de querellados” ligados al ex gobernador. Pesquisas que “continúan su curso” (como explica el documento de Pedraz) y que podrían en cualquier momento redirigirse hacia Moreira.
Lo que está claro es que, tras su etapa como gobernador de Coahuila, con el consabido descomunal desfalco a las arcas estatales, Humberto Moreira consiguió que dos países lo investiguen por lavado de dinero. De su corta etapa como presidente del PRI, en la que renunció nueve meses después por el escándalo de la mega deuda, el 26 de enero saltó a la palestra pública su posible implicación en otro caso.
En declaraciones a la cadena CNN México, el abogado de Infraiber lo relacionó con el escándalo de corrupción de OHL y la adjudicación de la concesión del Circuito Exterior Mexiquense.
